Medios de Propaganda y Dominación

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MEDIOS DE PROPAGANDA Y DOMINACIÓN (*)

Una página de la Política de Aristóteles

Hace veintitrés siglos señaló Aristóteles los medios de que se valen los tiranos para conservar su fuerza y su poder: rebajar a los que tienen alguna superioridad; vigilar a los ciudadanos a fin de saber lo que hace y dice cada uno; tener espías y mandar escuchas a las reuniones, “porque se habla con menos libertad cuando se teme ser oído por gente sospechosa”; procurar “que los ciudadanos se calumnien mutuamente, que los amigos se enfaden entre sí, que el pueblo se irrite contra los magnates y que los ricos no puedan entenderse y estén desavenidos”. Señalaba luego que “los demagogos son bajos aduladores del pueblo” y que “gusta la tiranía de la lisonja. Por eso quiere a los malos puesto que quiere la adulación, vicio a que nunca se rebajan los hombres buenos y dignos”. “El hombre de corazón ama, pero no adula –agregaba-. Entra asimismo en el carácter del tirano el complacerse poco en el trato de los hombres que aman la libertad, pues la quiere para él solo; no estima a los austeros, porque de ellos no espera adulaciones. El que muestra sentimientos de dignidad y libertad le quita al tirano su superioridad y su poder, y el tirano lo aborrece como a un rival que él despoja de todo su prestigio… Esas maniobras y muchas otras del mismo género mantienen la tiranía; no falta en ellas ningún grado de perversidad”. (1)
Desde que Aristóteles escribió tales palabras, muchas cosas han variado en el mundo, pero no la esencia de la tiranía. Han cambiado, empero, los medios de que se vale su perversidad, porque debe actuar sobre millones, y no ya sobre miles de seres; también, porque debe obrar sobre una opinión pública más o menos adiestrada por la democracia, y, en fin, porque el progreso ha creado medios extraordinarios de llegar a todos los sectores y zonas, no solo de un país, sino del mundo entero.

La propaganda

Si en todo tiempo de la era contemporánea la propaganda ha sido un elemento de la política, nunca alcanzó, como bajo los regímenes totalitarios el carácter de verdadera arma. Las modernas tiranías no pueden imponerse y sostenerse sólo por la fuerza y el terror. La opinión pública existe porque existen los medios con que naturalmente se forma. Aunque deben, por consiguiente, adueñarse de tales medios y, a la vez excluir de su uso a los adversarios. Formarán así esa opinión, la unifican en apoyo a sus intenciones y doctrinas, y procuran que a la postre un país entero no sólo obre, sino piense como quiere el tirano y el grupo que lo rodea.
No es posible alcanzar este fin sin una técnica perfecta. Son tantos y tan complejos los factores psicológicos, sociales, políticos e históricos a cuidarse para el éxito de tal propaganda, que solo puede realizarse por organismos especializados. Cierto es que entre sus medios de acción tienen éstos los de la arbitrariedad, pero deben ejercerla con método para obtener de ellas el máximo beneficio.
En ningún país como en la Alemania nazi llegó a tanta perfección la propaganda política del régimen imperante. Se la debía realizar dentro y fuera de la nación, en colectividades disímiles y en circunstancias diferentes. Debía vencer tenaces resistencias de toda índole y especie, colectivas o individuales. Le era necesario deshacer lo que aún quedaba de la vieja Alemania imperial y lo que sobrevivía del régimen republicano. Menester le era, asimismo, divulgar e imponer el ideario nacionalsocialista, acentuar el resentimiento del pueblo y preparar al país para el momento decisivo de una nueva guerra. Y debía, en el exterior, mirar las defensas morales de los enemigos, predisponer en su contra a los neutrales, estimular el nacionalismo de las colonias, roer a las democracias y crear una mística que permitiera establecer “por un milenio” el dominio de Alemania en el mundo.
Poco faltó para que tan vasto plan tuviera éxito. Si no lo alcanzó, no ha sido por deficiencias de su propaganda, sino por errores políticos y militares, y sobre todo porque las democracias se defendieron con todas sus fuerzas y destruyeron, al fin, el régimen que quería aniquilarlas.
Algún día se estudiará por lo menudo cómo obró esa propaganda en Iberoamérica, y cómo lo hizo en nuestro país en el decenio que media entre la conquista del poder por Hitler y la revuelta militar del 4 de junio de 1943.
No es eso lo que debemos tratar ahora, sino como, a su ejemplo, se la realizó en la Argentina a partir de 1943 y muy en particular desde 1946 hasta la revolución de 1955.

La prensa

La prensa es, sin duda, el más importante medio de propaganda política. Lo fue durante todo el siglo pasado (2) y lo sigue siendo en el presente. Aunque otros existan ahora.
Desarrollada con la libertad y la democracia, la prensa ha servido para la difusión de las ideas y para el debate de las doctrinas contradictorias. Pero su misión es aún más amplia. Debe informar al pueblo con verdad, con exactitud y con espíritu de bien público. Si no obra así, si tergiversa los hechos y tuerce el criterio de los lectores con sabida falsedad, y sobre todo si está al servicio de una causa innoble, la prensa se convierte en terrible elemento de perturbación.
Es muy difícil establecer normas firmes para el ejercicio de la prensa. Sus excesos –porque los hubo, y considerables, en casi todas las épocas de su historia- han hecho pensar muchas veces en la necesidad de reglamentarla, pero muy pronto se advirtió el grandísimo peligro que había en ello, porque al coartarse la libertad de expresión se anulaba uno de los más esenciales derechos del hombre. Así lo ha entendido la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en Chapultepec, Méjico, en 1945, cuando declaró que “la libertad de comunicación del pensamiento, tanto de palabra como por escrito, representa la condición esencial para desarrollar una opinión pública mundial, activa y vigilante”, y recomendó para ello “el libre acceso de todos a las fuentes de información”. También lo ha entendido así la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando proclamó en 1948 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, y señaló que “este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Formulándose ambas declaraciones después de un largo período de sojuzgamiento de la prensa por los regímenes totalitarios, con la esperanza de que nunca más pudieran ejercer sus poderes tiránicos sobre la opinión pública. Cuando tales cosas se dijeron, el totalitarismo de Alemania e Italia había sido vencido, pero aún pervivía en otros países y estaba en pleno desarrollo en el nuestro. La dictadura se había adueñado de él y lo primero que quiso dominar fue la prensa, a fin de dominar, por su intermedio, a la nación entera.

La libertad de prensa en la tradición argentina

Desde el momento mismo de la Revolución de Mayo, se tuvo en nuestro país por supremo ideal de vida el de la expresión libre de las ideas. A fin de hacerla efectiva se fundó la “Gaceta de Buenos Aires”, que no sólo debía ser el órgano de la Junta Gubernativa, sino de los “hombres ilustrados” que sostuvieran y dirigieran “el patriotismo que tan heroicamente se ha desplegado”. Consideraba felices a los tiempos “en que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa”, porque con ello se disipa las tinieblas, se corrigen los errores y se borran las preocupaciones ciegas. “La verdad, como la virtud tienen en si mismas su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo; si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia, y el error, la mentira, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria.”
Poco después, en una de esas jornadas de 1810 en que se estaba haciendo nada menos que “una nueva y gloriosa nación”, Manuel Belgrano decía en las páginas de “El Correo del Comercio”: “La libertad de la prensa no es otra cosa que la facultad de escribir y publicar lo que cada ciudadano piensa y puede decir con la lengua. Es tan justa dicha facultad como lo es la de pensar y hablar, y es tan injusto oprimirla como lo sería tener atados los entendimientos, la lengua, las manos o los pies de todos los ciudadanos.”
Acabábamos de salir del dominio español, y las ideas de libertad –sobre todo, la libertad de escribir- no eran unánimemente compartidas. Honrados patriotas temían el desorden que podría producir si se la empleaba abiertamente.
El dean Gregorio Funes, uno de los más ancianos próceres de la Revolución, a quien el carácter sacerdotal no inclinaba a las riesgosas experiencias, aquietó esos temores y señaló que “sin libertad de prensa quedaría impune un atentado contra los derechos del pueblo, y eso serviría de título para cometer otro” y agregaba: “De usurpación en usurpación se viene al fin a poseérselo todo, No hay duda que para disfrutar tranquilamente estas usurpaciones, conviene que no haya libertad de prensa, La ignorancia que le es consiguiente, siempre es muy a propósito cuando como a un vil rebaño se quiere gobernar al pueblo a discreción”. Con igual fuerza de convicción el deán destruía las supuestas amenazas contra la seguridad del ciudadano. “La ley celosa del honor y la virtud del ciudadano como de la guarda de sus bienes –dijo-, se armará contra el agresor y haciendo ver que esa fama vulnerable es un bien que la justicia mira como propio y que ella consagra su gloria. Castigará al difamador según la gravedad de la ofensa, como castiga al autor del hurto…”
Seis meses después, el primer Triunvirato, formado por Chiclana, Sarratea y Paso, del cual era secretario Bernardino Rivadavia, estableció en forma definitiva el pensamiento revolucionario sobre dicha materia, pensamiento que se ha transmitido a todas las generaciones argentinas y solo fue desconocido durante los períodos de nefasta dictadura. Declaró que la libertad de prensa “es un derecho natural destinado a formar la opinión pública y a consolidar la unión de los sentimientos del pueblo, debiendo ser celosamente respetado y amparado por las autoridades”
Con fecha 23 de noviembre de 1811, el Triunvirato completó su histórico decreto sobre libertad de prensa, con el no menos notable sobre seguridad individual, cuyo preámbulo establece el nexo entre ambos derechos y la estructura condicional del Estado. Dispuso en definitiva que “siendo la libertad de la imprenta y la seguridad individual el fundamento de la seguridad pública”, los decretos en los que se establecen formaban parte de Reglamento constitucional y que los miembros del gobierno, en el acto de su ingreso al mando, jurarían “guardarlos y hacerlos guardar religiosamente”.
Largo ha sido el proceso de nuestra organización político, pero a través de sus muchas vicisitudes siempre se ha mantenido vivo el pensamiento de la libertad de prensa. Lo hallamos en la Asamblea del año 13, en el Estatuto Provisional de 1815, en el Congreso de Tucumán y en las constituciones de 1849 y 1826.
De esas fuentes pasó a la Constitución de 1853, en cuyo artículo 14 se declaró expresamente que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, y en el artículo 32 que el Congreso “no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.
Esa es la tradición del país, mantenida a pesar de los abusos que varias veces la hicieron peligrar. Jamás se creyó que podría ser desconocida o alterada. Cuando eso aconteció, se tuvo la certidumbre de los males tremendos que seguirían.

Martirologio de la prensa libre.

De diversas maneras puede la dictadura ejercer su dominio sobre la prensa. Una, mediante reglamentaciones que cercenen su libertad; otra, acallándola brutalmente; una más, apoderándose de todos o casi todos sus órganos. De esos tres procedimientos se valió la dictadura peronista.
Tuvo, sin embargo, algunos antecedentes. Desde luego, en los países totalitarios, y también en el nuestro, durante la presidencia de Castillo.
La notoria influencia ejercida entonces por los agentes nazis y la necesidad de silenciar la opinión adversa a la política internacional del gobierno manifiestamente favorable al llamado eje Roma-Berlín, determinó al decreto del 16 de diciembre de 1941 que declaró el estado de sitio “con carácter preventivo” en todo el territorio de la República. Juzgábase necesario reprimir las actividades tendientes “a exacerbar las pasiones despertadas por la guerra, que perturbando el orden comprometen la tranquilidad pública con incitaciones subversivas y muestras inconvenientes de expresión”.
De inmediato se hizo saber a los directores de diarios que “en virtud de instrucciones superiores”, debían abstenerse “de comentar la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, así como de toda apreciación tendenciosa sobre la situación internacional y de cualquier publicación que pueda perturbar la tranquilidad pública interna”.
Con ese decreto comenzó el avasallamiento de la prensa, sobre todo de la que no era subvencionada por los nazis porque la otra gozaba de especial tolerancia. Repetidas suspensiones sufrieron en 1943, antes o después del 4 de junio (3), “Critica”, “Noticias Gráficas”, “La Vanguardia” y “Argentina Libre”, de la Capital; “El Litoral” y “El Orden”, de Santa Fe; “Tribuna”, de Rosario; “La Gaceta”, de Tucumán; “El Intransigente”, de Salta; “La Época”, de Concordia; “La Unión”, de Rio Gallegos; “El Orden”, de Nueve de Julio; “La Hora”, de Tres Arroyos; “Tribula” de Rio Cuarto; y “Los Andes” y “El Diario”, de Mendoza. “La Provincia”, de Salta; y “El Debate”, de Jujuy, fueron clausurados, y “Crónica”, de Rosario, amonestado.
El sistema persecutorio se perfeccionó con la Oficina de Informaciones y Prensa de la Presidencia de la Nación, creada bajo el gobierno del general Ramírez, el 21 de octubre de 1943. El 9 de noviembre siguiente se detallaron sus fines y el 31 de diciembre se organizó la subsecretaría de igual nombre, a la que se dio importancia de ministerio.
Su mentido propósito era el de “asegurar la dignidad del derecho de libre expresión de las ideas y contribuir a la defensa y exaltación de la tradición histórica, de la cultura y de los valores morales y espirituales del pueblo argentino”; su intención real era la de fiscalizar las actividades de la prensa, la radiodifusión, la literatura social y política, el teatro, el cinematógrafo y los espectáculos públicos; impedir la libre actuación de las agencias y corresponsales extranjeros, especular con el abastecimiento de papel y de película vírgenes para el logro de fines tendenciosos, difundir la ideología oficial y organizar la propaganda del Estado y de sus dirigentes. Hacer, en una palabra, lo que Goebbels (4) quería que fuera la prensa bajo el régimen nazi: un piano en el que su ministerio de propaganda ejecutara de tal modo que no hubiera sino “una sola opinión pública”.
Su modelo fué el “Sottosegretariato per la Stampa e Propaganda” del régimen mussoliniano. “En realidad –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 21- tanto la organización italiana como luego el ministerio de propaganda hitlerista, al igual que el sistema del comunismo ruso, coinciden en sus objetivos fundamentales. Era, en principio, la relación intima y constante “entre la opinión pública y el régimen”, por encima de la opinión y la discusión libre de los asuntos del Estado. De acuerdo con este sistema, el Estado retenía y ejercitaba el patrimonio exclusivo de la verdad inconmovible sobre hechos e ideas. La censura entre nosotros llegó a ser tan rigurosa que nos enfrentó al hecho inusitado de prohibir la publicación de las renuncias de ministros o las actuaciones públicas de comisiones investigadoras. Y algo más definitivamente sensacional: prohibir la publicación de un discurso pronunciado por el propio presidente de la República en la ciudad de Mendoza”.
La reglamentación sobre las actividades de prensa implicaba una nueva forma de coartar su independencia, imponiendo sanciones a quienes violan sus preceptos. Estas eran, progresivamente, las de “amonestación, suspensión, eliminación del registro respectivo, clausura del periódico, clausura de la empresa, incautación de la maquinaria y demás elementos”.
O sea la confiscación, “borrada para siempre del Código Penal argentino”, por expresa disposición del artículo 17 de la Constitución Nacional. “Con dicho acto, ejercitado sin escrúpulo por la dictadura –prosigue la Comisión mencionada- se penetró decididamente en el terreno arbitrario, prepotente y absoluto del régimen totalitario, retrotrayéndonos a las épocas más tenebrosas e infames de nuestra historia.”
A partir de entonces se persiguió implícitamente al periodismo independiente. El 5 de junio de aquel año, es decir al día siguiente de la revuelta militar, el correo no distribuyó “La Vanguardia”; el 7 se clausuró el diario “La Hora” el 12 “El Diario”, de Paraná. Antes de terminar el mes se suspendió a “Los Andes”, de Mendoza, y se cerró “Argentina Libre”, cuyo director debió asilarse en la embajada del Uruguay.
La dirección de Correos publicó por esos días una larga lista de periódicos cuya circulación estaba prohibida. “La nómina –sigue diciendo el informe referido- comprende 109 publicaciones nacionales y 79 extranjeras”. Las prohibidas, editadas en la Argentina, se dividen así: Capital Federal, 90; provincia de Buenos Aires, 10; Córdoba 4; Corrientes, 1; Entre Rios, 1; Mendoza, 1; San Juan, 1; Formosa, 1. Las extranjeras: Chile, 13; Estados Unidos, 22; España, 4; México, 20; Uruguay, 13; Bélgica, 1; Cuba, 1; Venezuela, 1; República Dominicana, 1; Rusia, 1, Esta lista es convencional, pues los diarios censurados fueron muchos más.
“Colma el inicuo acosamiento emprendido contra la prensa libre en ese año de 1943 la detención de gran número de sus directores. Centenares de hombres y mujeres son encarcelados por el tremendo delito de opinar. El 7 de julio el periodista norteamericano Frank Breese, encargado del manejo de las noticias del exterior e interior de U.P., es asaltado, golpeado y herido por “desconocidos”, según la versión policial.
“Se allanan las editoriales Claridad y Problemas, recibiendo la prensa en esa oportunidad orden terminante de no publicar nada al respecto. Cuando cae Mussolini –julio 25- la prensa y la radio reciben instrucciones precisas sobre lo que deben o no deben publicar y los titulares a emplearse. En la mayoría de las provincias se adopta el procedimiento, cada vez más riguroso, de acallar la libre expresión, reemplazada por la voz oficial.”
El 24 de octubre se pasó una circular a los diarios haciéndose saber que no debía “informarse sobre ninguna noticia de carácter estudiantil, sea oficial o no, con excepción de las que dé a conocer, exclusivamente la Oficina de Informaciones y Prensa de la Presidencia de la nación”. Y agregaba que en esa prohibición hallábanse comprometidas las renuncias, cesantías, notas y comentarios de los miembros de las universidades, facultades, colegios nacionales, etcétera, pudiendo publicarse únicamente las fechas de reunión de las mesas examinadoras. Otras circunstancias prohibieron dar noticias referentes a cláusulas y superaciones de publicaciones y paros obreros.
“Las condiciones reinantes en el año 1943 –prosigue el informe- muestran que las disposiciones del decreto de estado de sitio, dictado el 16 de diciembre de 1941, que originalmente estaban referidas a las situación internacional, fueron pretexto para atacar al periodismo independiente y al movimiento obrero. Las prohibiciones a los diarios de hicieron cada vez más estrictas. Así, por ejemplo, la crónica parlamentaria en cuanto se refiera a las cuestiones más candentes del momento no podía ser transcrita ni comentada. El atentado de que fue objeto el escritor Waldo Frank se mantuvo en penumbra y no pudo pasar de las escuetas noticias de la información oficial, silenciándose las medidas adoptadas por el gobierno. No podían darse las noticias vinculadas con el conflicto de propietarios y conductores de autos colectivos (5), ni tampoco transcribir discursos pronunciados en actos públicos y, en especial, los que tenían relación con la carestía de la vida. Y, como detalle característico, la prohibición se ensañaba con cualquier indicio de una posición democrática argentina. En tal sentido, la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, de la Cámara de Diputados, no sólo no pudo hallar eco periodístico durante ese año, sino que tampoco le estaba permitido mencionar siquiera la prohibición que pesaba a ese respecto.”
En febrero de 1944 el señor Adolfo Lanús, ex gobernador de La Rioja y entonces presidente del Círculo de la Prensa, fue traído preso desde aquella provincia.
En agosto la policía federal allanó y destruyó la imprenta de Ranelagh, que editaba subrepticiamente la mayor parte de los periódicos de la resistencia, proliferados a partir de julio de 1943. Sin embargo, la difusión de las hojas impresas o mimeografiadas prosiguió sin descanso. Tales eran, entre otras: “El Garrote”, “El Himno Nacional”, “¡Urquiza, despierta!”, “la Voz de Mayo”, “Maipú”, “Libertad”, “Resistencia”, “Mayo”, “¡Presente!”, “Llamada”, “Joven Argentina”, “En la pendiente de la humillación”, “1918”, “Libertad y reforma”, “Libertad, Constitución y Democracia”, “Carta de la Libertad”, “Sarmiento”, “Las ideas no se degüellan”, “El Constitucional”, etcétera.
También en agosto se allanó “La Unión”, de Paraná, y su director, don Silvano Santander, fue arrestado.
En septiembre un grupo de periodistas argentinos, verdaderos héroes en su momento, hicieron un llamado a “los hermanos de América” sobre presos políticos cuyos nombres se prohibió publicar.
Se allanaron o clausuraron “El Comercio”, de San Rafael, Mendoza, “Tribuna”, de Tandil, Provincia de Buenos Aires, y “La Provincia”, de Salta. “La Gaceta” y “La Unión”, ambos de Tucumán, fueron amonestados. Se suspendieron “La Acción”, de San Juan, y “La Voz del Pueblo”, de Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires, por emitir juicios desfavorables al gobierno. Los directores de algunos de esos periódicos fueron encarcelados.
En octubre, el dictador en cierne creyó necesario decir algo sobre la libertad de prensa, que por todos lados era avasallad. Cuidábase todavía de desconocerla expresamente. “La libertad es el clima natural de la prensa y fuera de ella vive amordazada”, expreso entonces. Pero agregó: “A lo que nos opondremos y nos seguiremos oponiendo con toda la fuerza de la autoridad es a esa arbitraria invocación a la libertad de expresión con que encubren campañas destinadas a confundir y desorientar a la opinión pública”. Y añadió: “Las linotipias y las rotativas no pueden ser impunemente convertidas en armas de perturbación económica, de disolución social, ni de vehículos de idearios extraños, ni de ambiciones políticas, ni de desahogos personales”.
Como estaba en poder del gobierno la facultad de determinar cuáles eran esas “armas” y “vehículos”, continuó la persecución implacable.
El 6 de noviembre se arrestaron en Bahía Blanca 65 personas por repartir hojas mimeografiadas. El 25 de ese mes “EL Liberal”, de Balcarce, provincia de Buenos Aires, fue clausurado y su director detenido. Causa: artículo titulado “Queremos libertad”.
En junio de 1945 partió al exilio el profesor y ex diputado Américo Ghioldi, director de “La Vanguardia”. En las cárceles de Villa Devoto, Paraná, Neuquén y otros lugares del país quedaron recluidos muchos periodistas; otros vivían en la expatriación.
El 25 de julio de 1945 estalló un petardo en el Círculo de la Prensa y ocasionó graves daños materiales. El 2 de septiembre se atacó a “Critica” por grupos de matones. En el tiroteo cayeron dos más muertas y treinta y tres heridas. En noviembre aumentaron las trabas del correo para la distribución de diarios.
El 1º de febrero de 1946, el subdirector de “Noticias Gráficas”, Alberto De Simone, fue secuestrado, torturado y herido por “desconocidos” que usaban un automóvil de la Policía Federal.
El gobierno del general Farrell, del cual formó parte Perón hasta octubre de 1945, había cumplido con la misión intimidatoria señalada por los consejeros totalitarios.
El ambiente ya estaba preparado para la dictadura y los medios a utilizarse ya se habían ensayado. Solo faltaba “el dictador” que los empleara en su provecho.

La prensa bajo la dictadura

Desde 1943 a 1945. Perón formó parte del gobierno surgido de la revuelta militar del 4 de junio, primero como secretario de Guerra, luego como secretario de Trabajo y Previsión, y posteriormente como ministro en aquel departamento, vicepresidente de la Nación y presidente del Consejo de Posguerra. Su influencia fue en todo instante; era el más capacitado y el más audaz del equipo mediocre, y el único que sabía lo que ambicionaba y cómo había de lograrlo. Nadia de lo realizado entonces se hizo sin su inspiración, consejo o aprobación; por eso es responsable más que ninguno de la persecución sufrida por la prensa.
Son ser tremenda, no llegó esa persecución a los extremos alcanzados durante el decreto de la presidencia. Antes de ella, se redujo a castigos –amonestaciones, suspensiones y algunas pocas clausuras-, odioso sin duda, pero nunca tan graves como las confiscaciones y expoliaciones que vinieron después. Una de las víctimas de ese desborde de poder fue el diario “La Prensa”, de Buenos Aires, fundado el 18 de octubre de 1869 por el doctor José C. Paz. Debemos detenernos en el relato de su clausura e incautación porque tuvo vasta repercusión dentro y fuera del país.
Había asistido y contribuido ese diario al desarrollo sorprendente de la Nación. Con insobornable espíritu de independencia, sin vínculos con los partidos actuales, sin ataduras a créditos, grupos o intereses, habíase esforzado en ser intérprete de la opinión pública y en juzgar a los hombres y acontecimientos con ecuanimidad, guiado por el propósito de servir al país.
En su larga existencia había disentido muchas veces con la obra de los gobernantes, ya fueran los surgidos de los cabildeos palaciegos contra la voluntad de la mayoría, ya los elegidos en comicios libres, pero cuya política consideró errónea. Era el “centinela de la Constitución”, es decir, del sistema republicano representativo federal, y de los derechos y garantías que ella establece. Aunque dolieran algunos de sus juicios, no pasó por la mente de nadie el pensamiento de acallar su voz. No sólo porque se reconocía su autoridad y prestigio, sino, principalmente, porque se respetaba la libertad de prensa, consubstancial de la democracia y de nuestro desarrollo histórico.
Sufrió el primer ataque en 1944, durante el gobierno de Farrell, cuando se suspendió por cinco días su publicación por haber señalado el error de ciertas economías en los hospitales del municipio. Tan absurdo era el pretexto de la sanción, que nadie creyó en él. Ese castigo, sin base legal, importaba una advertencia: el gobierno no toleraría la libertad de opinión.
No se atemorizó el diario. Al reaparecer el 1º de mayo comentó en un editorial el significado de la fecha universal del trabajo y del doble aniversario del pronunciamiento del pueblo argentino contra la tiranía de Rosas y de la sanción de la Constitución democrática de 1853. No pudo, en cambio, publicar el decreto que había dispuesto su temporal clausura.
Desde entonces, durante siete años, “La Prensa” debió luchar denodadamente por mantener su libertad frente al clan antidemocrático adueñado del gobierno y a los sumisos que cumplían sus órdenes.
Muchas veces fue apedreado su frente por pequeños grupos resguardados por la policía; muchas veces, también, se lo amenazó con destruirlo o incendiarlo. Hubo un tiempo en que desde un balcón frontero se lo injurio con altavoces y fueron muchas las veces en que se inspeccionaron sus edificios y talleres en procura de infracciones que justificaban la aplicación de sanciones severas. Así se había clausurado “La Vanguardia” y no había por qué no hacer lo mismo con “La Prensa”
A los pocos meses de iniciado el primer período presidencial de Perón se halló un pretexto que, bien o mal explotado, podía servir para coaccionarlo y eventualmente para destruirlo.
Ese pretexto era de orden fiscal. Ni “La Prensa” ni “La Nación”, ni ningún otro diario pagaba derechos de aduana por el papel extranjero que importaban para sus ediciones. Una ley del año 1917 los eximia de tal impuesto, sin distinguir el papel que se utilizaba entre noticias y comentarios del que se empleaba en la inserción de avisos. El diario era uno solo y como tal debía considerárselo. En mérito a ello, tampoco abonaban derechos de aduana los diarios que venían del exterior. No podían confundírselos con los catálogos, folletos y revistas de exclusivo carácter comercial.
La aviesa denuncia contra “La Prensa” y “La Nación” tuvo una tramitación lenta. De tanto en tanto, “una orden de arriba”, según los vaivenes de las circunstancias políticas, urgía el procesamiento. No detallaremos sus instancias. A la postre el Ministerio de Hacienda, apartándose de la opinión del procurados del Tesoro, confirmó la decisión de la Aduana, que juzgó pertinente la aplicación del impuesto. Liquidado éste a “La Prensa” por el papel importado desde 1939 hasta 1948, arrojó un total de $ m/n 32.038.391,20 por cuya cantidad se dispuso iniciarle juicio de apremio.
No era extraño que el celo fiscal sólo reparara en dos diarios independientes, ambos desafectados al gobierno, y no en los restantes que estaban en idéntica situación, porque lo que se deseaba era acabar sólo a éstos y dejar vivir a los demás.
En eso se estaba cuando comenzó a actuar la tristemente famosa Comisión Bicameral, designada originariamente para investigar las denuncias de torturas, formuladas en el Congreso, pero a la que se añadió posteriormente la misión de hacerlo también con referencia a “la conducta de ciudadanos extranjeros y argentinos”. Esa comisión, en la que sólo actuaban dos de sus miembros, los diputados peronistas Visca y Decker, allanaron periódicos de todo el país e intervinieron sus contabilidades para determinar el movimiento de sus fondos. Lo mismo hizo en “La Prensa”. No halló lo que buscaba, es decir, las supuestas vinculaciones con potencias y capitales extranjeros, pero a pesar de ello solicitó al Ministerio de Hacienda que se excluyera a ese diario del registro de importadores. También suspendió el montaje de una gran rotativa, luego incautada y transportada al grupo ALEA.
Omitimos mencionar otros episodios de la persistente campaña. Para referirnos a los que determinaros su clausura e incautación.
El golpe definitivo fue el 25 de enero de 1951. Ese día el Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines, exigió a “La Prensa” la supresión de sucursales y subscriptores, a efectos de que aquél distribuyera y vendiera el diario, y a la vez reclamó el 20% del importe bruto de los avisos clasificados.
Sin esperar la respuesta, que en realidad no se deseaba, se ordenó la huelga. Sólo algunos trabajadores la acataron, pero los restantes fueron amenazados. Reclamaron protección para su libertad, de trabajo, mas no se les atendió. El diario dejo de publicarse el 26.
Durante un mes procuró “La Prensa” hallar una solución al conflicto. No le fue posible. En vista de ello, la casi totalidad de sus redactores, empleados y obreros comunicaron al gobierno y a todas las agencias noticiosas que el 27 de febrero reanudarían las tareas, interrumpidas durante un mes. La policía prometió que serían respetados.
Luego de reunirse en la casa central, salió una parte del personal en dirección a los talleres situados en Azopardo y Chile. Iban en pequeños grupos tranquilos y relativamente confiados. El público los veía pasar con honda simpatía. Eran obreros libres dispuestos a trabajar, porque nada habían reclamado y nada se les había negado.
Pero la dictadura no lo quería. Movilizó sus bandidos, los situó en las inmediaciones del edificio en que esos talleres estaban instalados; y apenas llegaron los honrados y valientes trabajadores, los hizo atacar a mansalva.
Cayó muerto el obrero Roberto Nuñez y otros catorce fueron heridos.
La policía estaba ausente.
“El grupo agresor era fácilmente identificable –dijo el diario “La Nación”- y no pertenecía ni al gremio periodístico, ni al gráfico, ni al de vendedores de diarios. Pudo consumar su plan impunemente, ya que ninguno de sus componentes fue detenido. En cambio, el personal que entró en los talleres e inició sus tareas para el número que debía salir al día siguiente, fue obligado a interrumpirlas y detenido, por decisión exclusiva de la policía. Esta es la verdad de los hechos producidos. La opinión pública la conoce, y será vano pretender tergiversarla. Queda como un testimonio más de nuestra época. Queda también el ejemplo simbólico de que un obrero haya caído muerto, en medio de sus compañeros, porque deseaba ejercer tranquilamente el derecho de trabajar”.
Vino después la Comisión Interventora e Investigadora del diario “La Prensa”, resuelta en sesiones extraordinarias del Congreso. El 20 de marzo tomó posesión de todos los bienes del diario, sin aceptar protesta alguna de su director. Y en seguida dispuso la colocación de grandes retratos del dictador y “la Señora” en el frente y en todas las dependencias del edificio principal del diario.
Pocos días después firmó un despacho aconsejando la expropiación de “todos los bienes que constituyen el activo de la sociedad colectiva “La Prensa”, incluyendo expresamente los inmuebles y el título del diario, y se tasó su valor en m$n 18.454.515,10, o sea poco más de la mitad de la suma supuestamente adeudada a la Aduana.
Votado ese despacho por ambas Cámaras del Congreso, quedó satisfecho el propósito de la dictadura. “La Prensa” había sido silenciada y robada. El escarnio se completó cuando, pocos meses después, con el mismo título, escrita en la misma casa y compuesta con sus mismos tipos de imprenta, apareció otra, la sumisa, la que exaltaba al dictador y a su régimen (6).
De arbitrariedad igualmente censurable fueron, entre otros, los casos de “El Intransigente”, de Salta, y de “La Vanguardia” y “El Pueblo”, de la Capital Federal.
“El Intransigente”, dirigido por don David Michel Torino, se distinguió, durante los primeros años de la dictadura, por su decidida defensa de la libertad y su valiente critica de la política oficial. Dentro de la corriente del radicalismo histórico, había juzgado con igual severidad los errores y demasías de los gobiernos fraudulentos. Pero la dictadura no toleraba tales críticas. En 1949, el senador peronista Durand había planteado, en el cuerpo a que pertenecía, una cuestión de desacato por cierta información dada por ese diario. En virtud de ella, fueron traídos a Buenos Aires sus redactores y obreros con el pretexto de hacerlos declarar ente la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pero, en realidad, con el avieso propósito de impedir la publicación del diario. Tiempo después fue detenido el señor Michel Torino y expropiada su imprenta.
Para silenciar a “La vanguardia”, órgano del Partido Socialista, se empleó otro procedimiento. No fue oficialmente clausurado, sino cerrados sus talleres gráficos por supuesta contravención de alguna ordenanza municipal. De nada valieron las defensas y recursos alegados por la empresa editora, como tampoco las gestiones realizadas para conseguir la habitación del local. Después de cinco años, ya en 1952, el presidente, accediendo a un pedido formulado por el doctor Enrique Dickmann, dispuso el inmediato cese de la clausura, pero no devolvió el diario a sus legítimos propietarios sino que lo entregó a los llamados “socialistas revolucionarios”, puestos al servicio del dictador.
“El Pueblo”, diario católico fundado a comienzos de este siglo (7), debió correr la suerte derivada del conflicto (8) de la dictadura con la Iglesia. Su castigo comenzó con la reducción de la cuota de papel; posteriormente fue detenido el administrados, señor Jorge C. Dussol, a la vez que el presidente de la Editorial Difusión, don Luis Luchia Puig. A fines de 1954, los delegados gremiales señalaron que “con lógico estupor” habían observado en el diario “una inexplicable disminución de la importancia de las noticias que se refieren a actos de gobierno u homenajes que fuerzas del trabajo rinden al primer magistrado…, las que prima facie configura una conducta tendenciosa”. Días después llegaron al diario los consabidos inspectores municipales y el secretario del sindicato gráfico. Este exigió el pago de la quincena, que debía hacerse efectivo seis días después, o del aguinaldo actual, cuyo plazo legal se extendía hasta el 7 de enero. No llegándose a un acuerdo de partes, los delegados gremiales dispusieron el paro y la consiguiente clausura.
Muchos otros casos podríamos agregar a los anteriores, pero su mención extendería demasiado este capítulo.

Incautación de la mayoría de los diarios y revistas del país

La radiodifusión

A la despiadada persecución a los órganos de la prensa, siguió la apropiación de las principales empresas periodísticas del país. “Para lograrlo –ha dicho la Comisión Investigadora Nº 21- se practicó el método de presionar permanentemente en la parte económica a los propietarios o a la de los diarios y periódicos en circulación, hasta obligarlos a enajenar sus derechos patrimoniales sobre los mismos. Además, se usó de la fuerza y del terror contra los reacios a entregarse sin condiciones.
“Abreviando el proceso iniciado en 1946, en cuyo desarrollo intervienen Miranda, Maroglio, Mercante y Aloé, entre otros menos destacados personeros, se llegaron a supervisar muchas empresas, de las cuales el ex presidente y su esposa se adueñaron desde más del 50 al 100% de las acciones.”
A la vez que el monopolio de la prensa, la dictadura necesitaba para su propaganda el de la radiodifusión. En sus manos serviríale exclusivamente, y en modo alguno podría ser utilizada por los partidos contrarios.
La adquisición por el Estado de las radioemisoras privadas se promovió en septiembre de 1947 mediante una nota reservada dirigida por Correos y Telecomunicaciones al presidente del Consejo Económico Nacional. La conveniencia de la operación se fundó, en otras, en “elementales razones de defensa nacional y concepción espiritual”. Para realizarla, el Instituto de promoción del Intercambio –IAPI- facilitó la cantidad de m$n 18.475.000.
“En algunas oportunidades –expresa el informe de la Comisión Investigadora número 56- el IAPI actuó como mandatario de Correos y Telecomunicaciones; en otras fue parte directa esta última repartición y, en las restantes Radio Belgrano y la Primera Cadena Argentina de Broadcasting S.A. adquirió empresas por cuenta de Correos y Telecominicaciones.
“La escrituración de los boletos de compraventa tropezó con dificultades ya que se querían eludir las exigencias legales de publicidad y obtención de certificados del Instituto Nacional de Previsión Social. Para evadir las obligaciones legales se recurrió a los siguientes procedimientos irregulares: 1º) se dictó en decreto Nº 30.625 del 15 de diciembre de 1949, al que no se dio publicidad, el cual declaró no comprendidas en las prescripciones de la ley 11.867 las adquisiciones por el Estado nacional de los activos físicos de las radiodifusoras; 2º) Con el régimen de excepción que el artículo 25 de la ley 14.241 consagrara el disponer que sólo después de enajenar los bienes de propiedad del Estado y percibidas sus importes, podrá efectuarse el pago de las deudas que las radioemisoras mantengan con el Instituto Nacional de Previsión Social.
“La explotación de las radioemisoras adquiridas por el Estado se inició con la cuenta bancaria que abrió el IAPI con un depósito de m$n. 800.000 en el Banco de la Nación Argentina.
“Con el anticipo antes aludido y el producido de la explotación de los activos físicos iniciales, se adquirieron las restantes emisoras con excepción de LV1 Radio Colón de San Juan y aquellas de las cuales era permisionaria la Editorial Haynes.
“También con el producido de la explotación se instalaron nuevas emisoras, a saber: LW3, LU3, LT13, LT16, LT11, LU9, LC15, LR3 TV, LV9, LT12 y LU10.
“Igualmente se adquirieron inmuebles en Tartagal, Posta de Toledo, Gualeguaychú, Esquel, Colonia Eldorado, San Fernando, Morón y Mendoza.
“El Estado, que había adquirido las emisoras privadas fundado en razones de defensa nacional y concepción espiritual el 11 de septiembre de 1947 al mes siguiente, 14 de octubre de 1947, entrega la explotación total de dichas emisoras a la S.A. Radio Belgrano, a la que había descalificado en fecha anterior inmediata, por resolución recaída respecto de serias irregularidades.”
Agrega el informe referido que previa consulta con “La Señora” se decidió autorizar nuevamente la explotación por particulares del servicio de radiodifusión. A ese efecto elaboraron en el Ministerio de Comunicaciones los anteproyectos de ley de radiodifusión, de su decreto reglamentario y del pliego de bases y condiciones para su instalación, funcionamiento y explotación de las redes privadas. “Tales proyectos fueron substancialmente modificados en el Ministerio de Asuntos Técnicos, en perjuicio de la administración pública y en beneficio de los futuros adjudicatarios… Los beneficiarios de las maniobras antes aludidas fueron Editorial Haynes, La Razón y APT. Respecto de dichas sociedades, procede destacar la situación de APT. Todos los participantes de su acto constitutivo, salvo el doctor Israel Senderey, admiten no haber aportado capital. Se desconoce el paradero de las acciones y el doctor Víctor Madanes, sin figurar como accionista ni desempeñar cargo alguno, ha actuado como dueño absoluto de la empresa”.
Desde que las radiodifusoras particulares quedaron en manos de los personeros del dictador, tuvo éste todos los medios de dirigir la opinión pública. Su voz, como la de “la Señora” y la de la gente que la Subsecretaría de Prensa y Difusión, eran las únicas que podían llegar a los oyentes del país.

Monopolio de la publicidad

Al producirse la revolución el 16 de septiembre de 1955 Aloé conducía y supervisaba, por cuenta y orden de Perón, las siguientes empresas o actividades:

1. S.A. “Democracia”. (Con posesión del 100% de las acciones); editora de los diarios “Democracia” de la Capital Federal, y “Democracia” y “Rosario” de Rosario (Santa Fe).
2. S.A. ALEA. (Con posesión del 100% de las acciones); impresora.
3. S.A. “La Razón”. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “La Razón” de la Capital Federal y concesionaria de la Cadena “Splendid” de radiodifusión.
4. S.A. Editorial Hayness. (Con posesión de más del 50% de las acciones), editora del diario “El Mundo” y de las siguientes revistas, todas de la Capital Federal: “Mundo Agrario”, “Mundo Radial”, “Mundo Infantil”, “Mundo Atómico”, “Mundo Argentino”, “Mundo Deportivo”, “Caras y Caretas”, “PBT”, “El Hogar” y “Selecta”.
Concesionaria de la cadena Radio “El Mundo”
5. CADEPSA. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “Critica” de la Capital Federal.
6. S.A: Luz. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “La Época” de la Capital Federal y propietaria de la agencia de publicidad “Alerta”.
7. S.A. “El Día”. (Con posesión de más del 50% de las acciones); editora del diario “El Día” de La Plata.
8. S.A. Atlas. (Con posesión del 100% de las acciones). Edificación.
9. S.A. El Trabajo. (Con posesión del 100% de las acciones). Seguros.
10. “La Mañana”. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “La Mañana” de Mar del Plata.
11. “La Libertad” S.R.L. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “La Libertad” de Mendoza.
12. “El Meridiano” SRL. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “El Meridiano” de Córdoba.
13. “Nueva Provincia” (Sociedad colectiva, con posesión de más del 50% del capital); editora del diario “Nueva Provincia” de Bahía Blanca.
14. S.A. AFA. (Con posesión de más del 50% de las acciones); editora de los diarios “El Argentino” y “El Plata” de la Plata y “El Atlántico” de Mar del Plata.
15. S.A. Agencia Latina de Noticias. (Con posesión del 50% de las acciones); Agencia noticiosa internacional con sede en Río de Janeiro.
16. Saporiti. (Sociedad colectiva, con posesión del 50% del capital). Agencia noticiosa.

Agrupado por ramo las actividades que esas empresas comprenden, se obtiene la siguiente clasificación:
1. Imprentas. A) Capital Federal: Democracia, Alea, Editorial Haynes, La Razón, CADEPSA, B) Interior: Democracia (Democracia y Rosario), Rosario; El Meridiano, Córdoba: La Mañana, Mar del Plata; APA (El Atlántico), Bahía Blanca; APA (El Argentino y El Plata), La Plata; El Día, La Plata; Nueva Provincia, Bahía Blanca; La Libertad, Mendoza; APA (Tribuna), Tandil.
2. Periodismo. A) Diarios, a) Capital Federal: “Democracia”, /El Laborista”, “Noticias Gráficas”, “El Mundo”, “La Razón”, “Critica”, “La Época”. b) Interior: “Rosario”, Rosario, “Democracia”, Rosario; “El Meridiano”, Córdoba; “La Mañana”, “Mar del Plata”; “El Atlántico”, Bahía Blanca; “El Argentino”, La Plata; “El Plata”, La Plata; “El Día”, La Plata; “Nueva Provincia”, Bahía Blanca; “La Libertad”, Mendoza; “Tribuna”, Tandil. B) Revistas: “Mundo Agrario”. “Mundo Radial”, “Mundo Infantil”, “Mundo Atómico”, “Mundo Argentino”, “Mundo Deportivo”, “Caras y Caretas”, “PBT”, “El Hogar”, “Selecta”
3. Radiodifusión. a) Red Azul y Blanca de emisoras argentinas, dependiente de Editorial Haynes y compuesta por las siguientes emisoras radiales: LR1, Radio el Mundo, LRX (onda corta). LRX1 (onda corta), LS10, Radio Libertad; LR6, Radio Mitre; LR9 Radio Antártida. Cadena del Interior: LT3, Rosario; LT9, Santa Fe; LU7, Bahía Blanca; LV3, Córdoba; LU6, Mar del Plata; LT5, Resistencia; LV8, Mendoza; LV7, Tucumán; LV%, San Juan; LS11, La Plata; LU4, Comodoro Rivadavia; LT15, Concordia; LW7, Catamarca; LW13, San Luis; LW8, Jujuy. B) Red Argentina de Emisoras Splendid (RADES), dependientes de La Razón, S.A. y compuesta por emisoras radiales: LR 4 Radio Splendid, LRS1 (onda corta), LRS2 (onda corta). Cadena del interior: LT2, Rosario; LT4 Posadas; LT6, Goya; LT11, Concepción del Uruguay; LT16, Presidencia R. Sáenz Peña; LU6, Bahía Blanca; LU5, Neuquén; LU8, San Carlos de Bariloche; LU12, Rio Gallegos; LU13, Necochea; LV4, San Rafael; LV6, Mendoza; LV15, Villa Mercedes; LW1, Córdoba; LW3, Tucumán.
4. Información. A) Agencia Latina de Noticias, Sede central; Río de Janeiro, Brasil. Sucursales: La Paz, Bolivia; Montreal, Canadá; Bogotá, Colombia; Guayaquil, Ecuador; Nueva York, Estados Unidos; Asunción, Paraguay; Caracas Venezuela. Corresponsalías: Buenos Aires, Argentina; Santiago, Chile; La Habana Cuba; Quito, Ecuador; México, Méjico; Lima, Perú; París Francia; Guatemala, Suiza. B) Agencia Saporiti. Con sucursales en el interior del país y en el extranjero. c) Alerta publicidad. Dependiente de la S.A. Luz.
5. Varios. a) Atlas S.A. Empresas de edificación. b) El Trabajo S.A. Sociedad de seguros.

Sus propósitos

¿Qué se proponía el dictador (9) con tan vasto apoderamiento de diarios, revistas, imprentas y redes radiales? Concretamente ha contestado su personero Aloé: “Mantener el organismo necesario para la difusión y la propaganda, y tener como medios a su alcance los necesarios para llegar a la opinión pública, en cualquier momento y en cualquier circunstancia” (10).
Este “grupo de opinión”, según lo denominaba el dictador, no obedecía a otra voluntad que la suya. Pero atribuía su propiedad al “movimiento peronista”.
De la indagatoria que hizo a este respecto la Comisión Investigadora Nº 7 resulta que “la Posesión y propiedad de las acciones y valores descritos por Aloé y que él detentaba, correspondían a Juan Domingo Perón”. Sólo cuando éste se vio perdido resolvió, en la madrugada del 20 de septiembre de 1955, transferirlos a la CGT, que no los aceptó.
Próximo a terminar el primer período de gobierno (1946-1952) y en vísperas de la elección para el subsiguiente (1952-1958), la dictadura estableció un plan de acción política intensa, con el fin de triunfar en los comicios por considerable mayoría y aniquilar a la oposición.
En ese plan la prensa debía servir considerablemente, y desde luego, todos los otros medios de propaganda al cuidado de la Subsecretaría de Informaciones.
En febrero de 1951m ésta hizo balance de “las posibilidades de la prensa partidaria para enfrentar la lucha preelectoral”. Las consideró “vastas” y creyó que podían asegurarse “resultados óptimos por la siguientes razones: a) superioridad numérica; b) mayor tirada y por ende, mayor circulación, c) preferencia en el suministro de papel a cargo del Estado.”
Con respecto a las dos primeras razones, la Subsecretaría hizo la siguiente clasificación de la prensa:

Publicaciones Tirada mensual
Favorables 224 57.088.522
Opositores 120 28.572.950
Independientes 227 10.293.090

Como se ve, la tirada mensual de la prensa partidaria excedía en 28.515.572 ejemplares a la de oposición. Si se tenía en cuenta que algunos diarios “independientes” prestaban al régimen “gran colaboración cada vez que se les solicita”, fácil era entender a muchos de ellos, con lo que la tiranía correspondería, poco más o menos, al siguiente cuadro:

Favorables: 65.786.897
Opositores: 28.572.950
Independientes: 1.594.715

Es decir, la prensa partidaria aumentaría en la acción preelectoral en 8.698.375 ejemplares mensuales.
Con respecto a la preferencia en el suministro de papel, corresponde decir que en 1945 el gobierno había resuelto intervenirlo, a efectos, según se aducía, de evitar el acaparamiento y el alza de precio. Al año siguiente dispuso la expropiación del papel adquirido por las empresas periodísticas para su propio uso, material que se destinaría, según palabras del respectivo decreto, “a satisfacer necesidades oficiales de orden educativo, cultural e informativo, pudiéndose distribuir los remanentes sobre la base de un prorrateo a efectuarse entre las empresas periodísticas que carezcan de papel o que no puedan proveerse del mismo por resultarles muy difícil o imposible la adquisición en plaza, estando el prorrateo a cargo de la Subsecretaría de Informaciones”.
Los diarios que se habían provisto de papel en previsión de tales dificultades o sea los más importantes y responsables del país, comprendieron de inmediato el peligro de poner en manos del Estado la facultad de redistribuir el papel en que debían imprimirse, y que a la postre sería la de abastecer a la prensa adicta el papel de la prensa independiente. Estas disposiciones se agravaron en 1948, con la obligación de reducir a 16 el número de páginas de los diarios, que tenían mayor cantidad de ellas, lo que favoreció a los que tenían menos, que eran muchos de los oficialistas, que pudieron aumentarlas hasta alcanzar el mínimo permitido. Además, el decreto disponía que “a los efectos de la limitación de páginas dispuestas no se tendrá en cuenta los espacios destinados a la publicación de noticias, comunicados, gráficos y fotografías provenientes del organismo del Estado”. Lo que aún beneficiaba a los periódicos oficiales.
Como consecuencia de estas disposiciones, la prensa opositora quedó neutralizada. Varios diarios y periódicos desaparecieron, principalmente en el interior. Solamente en la Patagonia dejaron de imprimirse por carencia de papel “El Eco”, de San Julián; “La Unión” y “La Mañana”, de Río Gallegos; “El Pueblo”, de Santa Cruz; “El Sur, de Puerto Deseado; “El Social”, de Cipolletti, etcétera.
En 1951 la Subsecretaría de Informaciones consideró que “la prensa opositora por una razón numérica y de circulación –esto último condicionado al suministro de papel- no podrá en ningún caso neutralizar a la prensa partidaria o sobrepasarla en su función informativa o de propaganda.”
En cuanto a las empresas periodísticas enroladas abiertamente en la oposición, la Subsecretaría estimaba que sólo eran “captables por medios económicos. El estudio de las finanzas de cada uno de esos órganos –decía- permitirá establecer las posibilidades de neutralizarlos o incorporarlos a la órbita partidaria. Se exceptúan “La Prensa” y “La Nación”.
“Igual temperamento es aplicable a los órganos de segundo orden.
“El problema de los órganos clandestinos, es netamente policial y se combate intensificando la vigencia de todo tipo de imprenta o medios impresores.
“Con respecto a la propaganda que pueda entrar del exterior, debe intervenir la policía de aduana.
“La reapertura de órganos clausurados sólo se explica cuando se asegura su incorporación a la órbita partidaria. Para ello será necesario iniciar tratativas con los propietarios o directores de los mismos.
“Pero es necesario destacar que los órganos que adquieren notoriedad y prestigio en las filas opositoras por sus violentas campañas, actualmente clausurados, no deben incorporarse al movimiento.”
En cuanto al cine, la Subsecretaría de Informaciones decía contar con la película virgen a obtener de la casa Kodak, de Estados Unidos, para lo cual el ministro de Finanzas ofrecía las divisas necesarias. Agregaba que la acción propagandista se realizaba por tres noticiarios semanales, editados por empresas privadas, con notas de difusión de la obra de gobierno, pasados en todas las salas del país (11).

Otros medios de publicidad

La Subsecretaría convocó, además, a productores, argumentistas, directores y exhibidores t les requirió “para seguir recibiendo los beneficios que otorga el gobierno a la industria, que cada productor debe estrenar dentro de este año -1951-, por lo menos una película de largo metraje de contenido justicialista”
Para neutralizar la propaganda opositora, recordaba que la producción cinematográfica nacional y extranjera estaba sujeta a la visación por parte de la Subsecretaría de Información y Prensa, desde la Dirección General de Espectáculos Públicos. Como es de suponer, caerían bajo la censura aquellas películas extranjeras que podían servir de argumento a la oposición; vale decir, las que tuvieren como tema exaltar la democracia o la libertad.
El teatro también entraba en el círculo de la propaganda vigilada por la Subsecretaría, con métodos similares a los adoptados por el cine y la prensa.
En cuanto al aspecto radial, aconsejaba dicha repartición la supresión de conferencias radiotelefónicas, excluyendo, por cierto, los discursos y exposiciones del dictador y “la Señora”. Señalaba también la necesidad de prohibir en el periodo preelectoral el uso de la radiodifusión para “todos los partidos políticos sin excepción”. “Se quitaría con ello a la oposición el arma siempre esgrimida en sus tribunas callejeras y repercusión en el exterior, de que la radiofonía está al servicio exclusivo del oficialismo”. Como podía suponerse que esto dañara al partido oficial, la Subsecretaría de Informaciones señalaba que el desarrollo de los planes propuestos por ella hacía “prácticamente innecesario el uso de las emisoras privadas para conferencias para su candidatos o dirigentes políticos, porque a través de dichos planes han sido previstos todos los aspectos posibles de la propaganda”.
Así era. En tales planes entraban las “embajadas artísticas” al interior, que divulgarían libretos de propaganda justicialista; novelas y programas transmitidos por las emisoras del interior, ahogando los conceptos doctrinarios del peronismo, grabaciones de audiciones con motivos populares, recitados de romances u otras referentes a la bondad del régimen dictatorial, informaciones de la misma índole, difusión de frases de carácter eminentemente político, difusión por altavoces de frases de definida tendencia partidaria, exposiciones, micropantallas, comisiones cinematográficas, etcétera.
Y, además, propaganda impresa –folletos, “afiches”, gráficos monumentales, libros, etcétera-, de la cual en todo momento se había hecho gran empleo, y que en vísperas electorales tenía mayor aplicación.
Entre los años 1949, 1950 y los primeros meses del 51, la Subsecretaría de Informaciones y Prensa distribuyó un total de 2.032.273 “afiches”; 14.404.000 folletos; 2.859.000 láminas con retratos del matrimonio gobernante; 6.747.000 postales, de lo mismo; 252.745 volúmenes de literatura justicialista; 1.272.000 carteles; 5.551.000 volantes; 93.000 carteles menores; 91.000 escarapelas y 151.000 fotoláminas.
Los distintivos repartidos entre 1950 y 1951, alcanzaron la cantidad de 141.480; en los primeros seis meses de 1952, esta cifra llegó a 147.217. A más de lo anotado, había en ejecución para 1952, 5.011 unidades entre folletos, afiches, postales, láminas y escudos.
En los años 1954 y 55 se hicieron 5.787.640 folletos; 6.633.100 láminas y postales; 4.642.500 volantes; 1.535.900 “afiches”; 808.400 carteles; 2.000.000 de estampillas; 408.630 programas, amén de otros trabajos en cantidades menores.
A lo que deben agregarse: mástiles con el escudo partidario, cajas de fósforos con las efigies del dictador y “la Señora”, lápices de tamaño gigante y otros de mina retráctil, con inscripciones del partido; juegos infantiles con graciosos detalles en que, por ejemplo, la clásica oca se ajustaba a las prescripciones del segundo plan quinquenal; mates con las consabidas efigies, ceniceros plásticos, pañuelos estampados con alegorías partidarias, agendas de distinta clase de encuadernación, billeteras en nylon o en cuero, etcétera.
“En suma –concluye la Comisión 21 en el informe que contiene los datos precedentes- todos los recursos del país y del Estado puestos al servicio exclusivo del partido oficial de la dictadura para cumplir el fraude más completo en la elección “libre” de un pueblo engañado por la técnica de un gobierno dirigiendo la opinión pública y la voluntad popular.”

El miedo

Hasta aquí nos hemos referido a los medios de propaganda que utilizaba la dictadura. Ahora debemos señalar sus medios de intimidación.
En diversos lugares de este libro hacemos mención de las instrucciones que daba el dictador a efecto de anular la acción política de sus adversarios a la vez que la opinión independiente contraria al gobierno.
Las medidas que a ese respecto tomó la dictadura tendieron uniformemente a infundir el miedo en el país, a silenciarlo y paralizarlo. Procedió como los despotismos de todos los tiempos.
Repetidas veces expresó el dictador que su método preferido era el de la persuasión, y a ese fin abusó de su incontinencia verbal. Pero los hechos de su gobierno eran más elocuentes que sus discursos, conferencias, lecciones magistrales, mensajes al Parlamento, artículos periodísticos, libros de propaganda y cuanto dijo y escribió para hacer aceptar su régimen. El país se asfixiaba, y cuando no pudo resistir más se rebeló.
Entre tanto, el dictador decía a sus elementos de gobierno: “A unos se los conduce con persuasión, el ejemplo; y a otros, con la policía. Cuando sean capaces de conducir con el ejemplo, con la persuasión al 90%, y con la policía al 10% restante, estarán bien. Pero cuando sea necesario conducir al 90% con la policía y el 10% con el ejemplo, estarán mal” (12).
Los oyentes –gobernadores de provincia, intendentes y presidentes de consejos deliberantes de las comunas del interior y cuantos tenían alguna función ejecutiva- carecían en absoluto de condiciones persuasivas. Harto lo sabía el dictador. Para suplir esa incapacidad, y también se propio fracaso, optó por aumentar el miedo.
El país se sabía vigilado. Los obreros y empleados, los funcionarios de la administración pública, las autoridades de todo rango y variada importancia, los diplomáticos actuantes en el exterior, los legisladores, los jueces, los profesores y maestros, las fuerzas armadas, la policía, los partidos políticos, la prensa, los centros sociales y científicos, las agrupaciones empresarias, los sindicatos, los simples ciudadanos en sus diarios movimientos, las amas de casa dentro de sus hogares, todos, en fin, sabían que a su lado había ojos y oídos atentos, y voluntades listas para la denuncia. Bastaba ésta para sufrir sinsabores: la privación de la libertad, los apremios ilegales, los procedimientos arbitrarios contra los bienes, los atentados por elementos anónimos o demasiados conocidos, la pérdida de los medios de subsistencia, etcétera.
Por miedo, en gran parte, se votaba a favor de la dictadura, se concurría a sus actos públicos, se manifestaban adhesiones a su política, se pedía la reelección del dictador, se le rendían homenajes, se lo obsequiaba, se contribuía al sostenimiento del partido, se callaban las propias opiniones y se acataban sus órdenes en los cuerpos legislativos y tribunales de justicia.
El miedo que la dictadura quería infundir al país tenía su origen en la propia cobardía. A pesar de la apariencia, se sabía débil. De ahí que menudeara sus “demostraciones de fuerza”, tanto más abundantes cuanto mayor era el peligro en que se hallaba.
Nada podía tranquilizarla. Triunfaba holgadamente en las elecciones cuidadosamente preparadas, pero de inmediato detenía a quienes en la campaña comicial habían atacado al gobierno; para eso utilizaba la monstruosa ley sobre el desacato. Contaba con la casi totalidad de los periódicos, pero bastaba que los muy pocos independientes o de partido se le opusieran para que los castigaran con la privación de papel, con la clausura de sus imprentas y con la detención de sus redactores. Tenía sometidos a todos los dirigentes gremiales, pero si alguno era apenas díscolo o insuficientemente efectivo, se le separaba sin piedad (13).
El miedo de la dictadura, en los últimos meses de su ejercicio, llegó al extremo. Dominado por él, quiso aterrorizar.
Las cárceles y prisioneros estaban llenas de detenidos. Las torturas eran implacables, aún con mujeres. Pero la resistencia era cada vez más grande, sobre todo se produjo el absurdo conflicto con la Iglesia. De entonces fueron las señales rojas en determinados sectores de la ciudad y en los domicilios de los presuntos opositores. De entonces, también, el aislamiento de barrios enteros.

Un ejemplo de intimidación pública.

El 31 de agosto de 1955, día en que el dictador simuló el propósito de renunciar, se interrumpió el servicio telefónico de noventa mil abonados de la ciudad de Buenos Aires y se dispuso el corte de corriente eléctrica en el mismo radio. Los jefes de las empresas productoras de energía –dice el informe de la Comisión Investigadora del Ministerio de Industria-, “alarmados por las graves consecuencias de todo orden que esa suspensión del servicio eléctrico podría tener para el sector de la ciudad afectado, donde hay hospitales, sanatorios, instalaciones bombeadoras de agua para los transportes y la vida normal de la ciudad, trataron de ponerse en comunicación con el ministerio de Industria, al tiempo que gestionaban reducir la extensión del corte de corriente y su duración, procurando que, si se hacía, fuese en horas del día y no de la noche, como querían hacerlo los obreros. Luego de infructuosas tentativas para comunicarse por teléfono, los directores generales de las dos empresas fueron recibidos en su despacho por el subsecretario del ministerio, ingeniero Guillermo Benito De Feo Vila, ante quien expusieron la situación y le solicitaron instrucciones. El ingeniero De Feo se comunicó por teléfono con el entonces titular de la cartera, señor Orlando Santos, que se hallaba en la presidencia, quien indicó al consultante que se mantuviese al tanto de la situación por medio de los jefes de las respectivas reparticiones y que, entre tanto, tratase de obtener la reducción del área y la duración de la interrupción, mientras el ministro intentaría entrevistarse con su colega de Trabajo y Previsión, Alejandro Giavarini, y con el secretario general de la CGT, Hugo Héctor Di Pietro.
“Como consecuencia de todas estas consultas –continúa diciendo el informe de la Comisión Investigadora-, quedó acordado que los directores de las compañías no debían requerir el auxilio de la fuerza pública “porque el gobierno había aceptado esa demostración de fuerza” y que tratasen de negociar amigablemente las reducciones del área afectada y su duración.
“El corte de servicios públicos en el “barrio norte” de la ciudad, tuvo repercusiones, por momentos de carácter muy grave, en el suministro de gas.
En las primeras horas de la mañana, los obreros de Gas del Estado se entrevistaron con el gerente para pedirle el corte de suministro de fluido al barrio norte, por orden de la CGT. El funcionario se negó transmitiendo la novedad a sus superiores, la que así llegó hasta el subsecretario. A eso de las trece horas, el subsecretario, que por la mañana había aprobado la actitud de sus subordinados, ordenó al administrador general de Gas del Estado, el corte de suministro de fluido. Ante ese repentino cambio de conducta, en el que invocó instrucciones superiores, la orden fue cumplida por los demás funcionarios sin poder suprimir totalmente es servicio, en razón de la interconexión de las cañerías de baja presión y en atención a que el paro decretado había reducido el consumo habitual por el cierre de fábricas, talleres y casas de comercio. Pero el aumento de consumo en las últimas horas de la tarde, hizo que a eso de las 19 horas la presión descendiera al punto que se apagaron algunas llamas votivas y los artefactos funcionaron defectuosamente.
“Los funcionarios técnicos que han declarado en este sumario señalan que la gravedad del corte de gas reside en que, a causa de la baja presión es frecuente que se apaguen las llamas de los picos abiertos, pero el gas sigue fluyendo y si eso no es advertido a tiempo por los moradores de las casas, podía ser causa de explosiones e incendios con víctimas y daños incalculables.
“Ya hemos dicho que después del mediodía del 31 de agosto pasado hubo un cambio repentino de actitud del subsecretario del ministerio, ingeniero De Feo, que había resistido el corte del servicio de gas y procurado limitar el de energía eléctrica. ¿Qué factores determinaros ese cambio, que se transmitió a la Dirección de Gas del Estado, y por ésta a las demás dependencias de la repartición? Según resulta de las aclaraciones presentadas por el ex ministro señor Orlando Santos, por el ex subsecretario ingeniero Guillermo Benito De Feo Vila, por el entonces administrador general de Gas del Estado, ingeniero Pedro F. Rodríguez, por el actual administrador general de esa repartición, ingeniero Juan B. Siri, por el subdirector general de la Compañía Argentina de Electricidad, ingeniero Raúl Jorge Escola, y el director general de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, ingeniero Agustín Zamboni, con informes técnicos aclaratorios y fotocopias de planillas en apoyo de sus dichos, por ambas empresas de electricidad y por Gas del Estado, los altos funcionarios y los dirigentes de ambas empresas privadas actuaron en la forma que resulta de estas actuaciones.
“Ese día, a eso de las 7.15 horas, el señor Santos, que se preparaba para trasladarse a su despacho, recibió en su domicilio una comunicación telefónica de la Presidencia de la Nación, convocándolo a una reunión de ministros para las 8 horas. Al llegar al despacho del entonces presidente se encontró con sus colegas del gabinete y con los secretarios de gobierno, a quienes el ex mandatario informó respecto a su renuncia. Hubo un cambio de ideas entre todos los concurrentes hasta que se transmitió el mensaje del señor Di Pietro. Antes de retirarse el ex ministro Santos recibió un llamado telefónico del subsecretario, ingeniero De Feo, para comunicarle noticias sobre interrupción de los servicios públicos en la zona norte de la ciudad. Ante la gravedad de la situación, se trasladó a su despacho, donde impartió las instrucciones adecuadas.
“En horas de la tarde, una de esas comunicaciones lo sobresaltó, porque en ella el subsecretario le informó que el mayor Máximo Renner, ayudante del presidente, en términos conminatorios le había hecho notar que estaban suprimidos los otros servicios públicos, pero no el de gas, lo que llamaba la atención como excepción a la actitud general. Penetró luego el ministro al despacho presidencial, que estaba lleno de gente, y llevando a un aparte al ex mandatario le comunicó la novedad y le explicó los peligros que encerraba el corte del fluido en tan extensa zona. El presidente le contestó “que se trataba de un asunto ajeno a sus posibilidades; que era cuestión del resorte de la CGT como consecuencia de la declaración de huelga que había decretado”. Fue entonces cuando se comunicó por teléfono con el subsecretario y le dio instrucciones para que procurase satisfacer las demandas de los obreros reduciendo la presión del gas en la zona afectada.
A eso de las 17, estando el ministro en rueda de personas en las antesalas de la Presidencia, el mayor Renner lo interpeló, en forma y términos que equivalían a una amonestación, dado el lugar y la cantidad de las personas que allí se encontraban, porque continuaba habiendo servicio de gas en el barrio Norte, no obstante haberse suprimido los otros servicios. El interpelado contestó, en tono un tanto seco, que ya había hablado sobre el particular con el presidente de la República, y se retiró molesto de la rueda. A todo esto, el ministro consiguió una comunicación con su colega de Trabajo y Previsión, señor Alejandro Giavarini, a quien explicó los peligros que encerraba la actitud de los obreros en lo relativo a los servicios de electricidad y de gas, especialmente este último, contestándole el señor Giavarini “que era un problema que escapaba a sus posibilidades, pero que trataría de atenuar en lo posible, los males que pudieran derivarse de esa actitud”.
El país entero, que asistía al desarrollo de los sucesos de ese día, intuyó, con esa perspicacia que desarrolló la experiencia anterior, que esa renuncia ante organizaciones ajenas al juego regular de las instituciones, era una farsa preparada con finalidades políticas, pero la trama íntima había escapado a la comprobación fehaciente que arroja esta investigación.
“Hasta pasado el mediodía, aparecía la CGT por si y ante sí, disponiendo la huelga y la medida de fuerza contra el barrio Norte, donde se suponía que residía el núcleo fuerte de la oposición al régimen.
“Recién en horas de la tarde, se descubre la verdad. El ayudante del presidente impartía órdenes y amonestaba a ministros y subsecretarios porque continuaba prestándose uno se los servicios, y va de suyo que no puede adoptar esa actitud sin estar respaldado por la orden recibida de su superior inmediato, a menos de admitir que el gobierno había pasado a sus manos ese día. Ni este ayudante ni ningún ministro habría osado autorizar esa suspensión de servicios públicos si no hubiese mediado la orden superior, irresistible para quienes estaban sometidos a la férula del sistema.
“El presidente dice que nada puede hacer; tampoco el ministro Giovarini y menos Hugo Di Oietro. Todos resultan impotentes ante el peligro que se cierne sobre una extensa zona de esta ciudad. Todos se pliegan con mansedumbre. Mientras unos actúan resueltamente –los de más abajo- los otros dejan hacer, poniendo algún freno al impulso.”
Aquí nos detenemos. Lo mostrado en este extenso capítulo basta para evidenciar los procedimientos de propaganda e intimidación de la dictadura.
No es necesario abundar en otros detalles.

NOTAS:
(1)Aristóteles: Política, libro VIII, capítulo IX.
(2) (nota del transcriptor) Se refiere al siglo XIX
(3) (nota del transcriptor) de 1943.
(4) (nota del transcriptor) El ministros de propaganda Nazi, en el peronismo ese lugar fue ocupado por Apold.
(5) (nota del transcriptor) En los años 1940 empiezan a funcionar ciertos automóviles de alquiler y taxis en recorridos predeterminados transportando varios pasajeros a la vez, es el origen de lo que hoy conocemos como “colectivo” “bus” “Autobus” “Bondi”, etc. este medio de transporte llamado “colectivo” es de invención argentina.
(6) En el volumen titulado “Por defender la libertad”, editado en Méjico en 1952, se ha hecho la crónica completa de la incautación de “La Prensa” y se han publicado los principales artículos aparecidos en sus columnas sobre la libertad de imprenta.
(7) (nota del transcriptor) se refiere al siglo XX.
(8) (nota del transcriptor) La Iglesia Católica fue fuertemente perseguida por el peronismo, encarcelados sus obispos y sacerdotes, perseguidos y torturados sus fieles, quemados sus templos, etc. Perón llego incluso a la excomunión por estos actos.
(9) (nota del transcriptor) se refiere a Juan Domingo Perón.
(10) Declaración de Aloé ante la Comisión Investigadora Nº 7 .

(11) (nota del transcriptor) Se trata del los famosos “Sucesos Argentinos” que se proyectaban en las salas antes de la película. Se han visto por televisión y hoy puede encontrárselo en internet en sitios como YouTube.
(12) Discurso del 15 de mayo de 1953. Un mes antes, exactamente, la dictadura había mandado quemar las sedes de los partidos políticos, del Jockey Club y varios locales de Buenos Aires.
(13) Recuérdese lo sucedido a varios secretarios generales de la CGT y muy particularmente a José G. Espejo, a quien la dictadura preparó una silbatina al celebrarse en la plaza de Mayo uno de sus actos habituales.

FUENTE
(*) Libro Negro de la Segunda Tiranía– Ley 14.988 – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de La Nación - Buenos Aires 1958 – Páginas 84 a 109.