Lo que usted encontrará en estas páginas son documentos históricos del período, sus transcripciones textuales y comentarios con citas y notas para comprenderlos mejor. Lea aquí la historia del peronismo que se oculta, se niega o tergiversa para mantener un mito que no es.

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TENGA EN CUENTA: Que vamos publicando parcialmente las transcripciones a medida que se realizan. El trabajo propuesto es ciertamente muy extenso y demandara un largo tiempo culminarlo. Por eso le aconsejamos volver cada tanto para leer las novedades.

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Política Interna



POLÍTICA INTERNA

Concepción totalitaria del Estado
El 26 de julio de 1947, Perón expresó: “En este país jamás se había ejercido otro gobierno que el político. Nosotros tomamos las riendas no solo del gobierno político sino también del económico y del social. Orientamos las tres actividades para tener un gobierno integral.”
Esa integralidad es lo que en otros países se ha llamado totalidad. El integralismo de la dictadura peronista es totalitarismo.
Claro que hay algunas diferencias entre su totalitarismo y los practicados en Italia, Alemania, la URSS (1) y sus satélites (2), pero también las hay –impuestas por el tiempo, el lugar y las circunstancias- entre los de estos países.
Coinciden, sin embargo, en lo siguiente:
a) Son anti individualistas. Por lo tanto, contrarios a lo que durante el siglo XIX se tuvo por esencial: la libertad de la persona humana frente al poder del Estado; la limitación de este poder a fin de garantizar esa libertad; la ordenación jurídica que asegure su ejercicio.
b) Son estatistas. Es decir, que el Estado expresa en ellos la voluntad única e intransigente de la Nación, ejercida por un poder ejecutivo fuerte, al cual los demás poderes quedan prácticamente sometidos.
c) Son antidemocráticos. O sea no admiten la legitimidad de las opuestas corrientes en que se divide la opinión pública, y por lo tanto, eliminan o persiguen como a enemigos del Estado –vale decir, de la Nación o de la patria- a los partidos e individuos que no comparten la doctrina oficial.
d) Para ellos, la Nación es un todo, ni más ni menos que una máquina con sus muchas piezas. El Estado no es sólo el cuidador de su buen funcionamiento, sino el determinante de su razón de ser. Mussolini decía que no es la Nación la que crea el Estado, sino a la inversa. “A la Nación la crea el Estado, que da al pueblo, conocedor de su propia unidad moral, una voluntad, y por lo tanto una efectiva existencia” (3)
El Estado Justicialista

La “unidad moral” que buscaba el totalitarismo fascista quiso alcanzarla la dictadura mediante la “doctrina peronista”, erigida en “Doctrina Nacional” por una ley de 1952.
Desde entonces tuvo la Nación, prácticamente, dos constituciones: la reconocida como tal, vale decir de le 1853, reformada en 1949, y la “doctrina”. Los enunciados de aquella podría ser violados o desatendidos, sobre todo si eran los de la Constitución primitiva; los de la reforma y la “doctrina” debían ser respetados y cumplidos estrictamente.
Para la dictadura había dejado de ser verdad aquella con que se había hecho la Argentina. “Su” verdad exigía la realización de lo que llamaba una “Nueva Argentina”, cuya expresión jurídica era el “Estado Justicialista”.
No se cambia de un día para otro el ser de una Nación, pero las dictaduras no pueden esperar porque, siendo personales, deben medir su tiempo de acuerdo con la vida posible de quienes las ejercen. De ahí su urgencia realizadora y, también, la violencia de sus procedimientos. Tienen que destruir un orden establecido y de cualquier modo reemplazarlo por otro en el plazo más breve.
Si nuestro país la hubiese requerido o si razones extremas la hubiesen determinado –la derrota en una guerra internacional o un grave levantamiento del pueblo, por ejemplo-, hubiese producido una verdadera revolución, creadora de derechos absolutamente distintos de los anteriores.
El “movimiento justicialista” no tuvo ni podía tener ese carácter. Por más demoledor que pretendiese ser, las circunstancias internas y externas no le permitían extenderse en las reformas. Debió acomodarse a aquellas. No pudo hacer una nueva Constitución sino reformar la existente, introduciéndole algunos de sus “postulados” y, sobre todo, lo que la dictadura personal necesitaba para su percepción: quitar de en medio la norma que la prohibía.
La política interna se redujo, de tal manera, a muy poco, que puede concretarse así:
a) Conservar una apariencia constitucional dentro de la línea histórica;
b) Conservar una apariencia democrática acorde con lo que se entiende por democracia en los países no comunistas;
c) Mantener una apariencia federal aunque de diversas maneras se desconociesen las prerrogativas de las provincias;
d) Organizar al pueblo de tal manera que el dictador pudiera conducirlo según su voluntad;
e) Hacer que las múltiples no conocieran otra opinión que la oficial;
f) Considerar a la opinión disidente como enemiga de la seguridad de la Nación;
g) Crear un estado policial fuerte que vigilara la actividad de todos y reprimirá con máxima energía cualquier desviación, ya fuera de los adictos al régimen, ya de sus opositores;
h) Crear mitos para seducir a las masas ingenuas;
i) Crear intereses para satisfacer la codicia y asegurar la obsecuencia de los principales sostenedores de la dictadura;
j) Monopolizar la propaganda;
k) No descuidarse en momento alguno.
Los principales órganos ejecutores de la política planeada por el dictador fueron el Ministerio del Interior y la Secretaría –por un tiempo ministerio- de Asuntos Políticos.

El Ministerio del Interior

El menos importante fue el Ministerio del Interior, el cual bajo la dictadura se convirtió en una especie de ministerio de Policía.
Su titular, Ángel G. Borlenghi, gustaba de tal función, sobre todo bajo el estado de sitio y, más aún, bajo el estado de guerra interno. A su antojo disponía entonces de la libertad de las personas. Encarcelaba a su gusto, se olvidaba de los detenidos, hacía vigilar las reuniones públicas, manejaba a los espiones dispersos en todos los ambientes de la Capital, clausuraba locales, concedía o negaba permisos para la realización de actos públicos, así fueran de exclusiva índole cultural; impedía el funcionamiento de instituciones culturales como la Sociedad Científica Argentina, la Sociedad Argentina de Escritores, el Colegio Libre de Estudios Superiores, ASCUA, etcétera; daba o negaba pasaportes, y luego esperaba tranquilo y sonriente que los interesados se humillaran a solicitarle aquello de lo que nunca debieron ser privados. Había militado en el Partido Socialista, sin conseguir destacarse. Su fuerza residía en la Confederación de Empleados de Comercio, de la cual era secretario.
A fines de 1943 firmó el manifiesto de los profesores, periodistas y hombres de negocios, en el que se reclamó “democracia efectiva y solidaridad americana”, duramente juzgado por el gobierno de Ramírez. Se puso en contacto con Perón cuando éste creó la Secretaría de Trabajo; lo abandonó asustado, a raíz de su forzada renuncia, y, a la postre, se adhirió a él definitivamente después del 17 de octubre. Desde 1946 hasta poco antes de caer el dictador, fue su ministro del Interior y luego también de Justicia, Fue propietario de “El Líder”, al que benefició con amplia publicidad oficial; dispuso a su antojo de los “fondos reservados” del ministerio; se hizo propietario de valiosos inmuebles e intentó hacerse donar por la confederación que dirigía una hermosa quinta en La Lucila. Cuando tuvo que renunciar después de ordenar, o de hacer ejecutar, la quema de la bandera argentina y, sobre todo de los sucesos del 16 de junio (4), huyó al extranjero precipitada y sorpresivamente.
En la política interna no fue más que carcelero y verdugo.
Tal fue el titular de la cartera desempeñada en otros tiempos por Rawson, Vélez Sárfield, Sarmiento, Roca, Joaquín V. González, Indalecio Gómez y José Nicolás Matienzo. Había alguna diferencia…


El Ministerio de Asuntos Políticos

La dictadura necesitaba algo más efectivo que el Ministerio del Interior para la consecución de sus fines. De esa necesidad nació la Secretaría de Asuntos Políticos, convertida posteriormente en ministerio y, por último, en algo así como súper ministerio.
En virtud de la ley 13.529 competía a ese departamento lo inherente a la orientación, dirección y fiscalización de la política interna de la Nación para que estuviera acorde en todos sus aspectos y actividades con la “doctrina” que el gobierno había impuesto.
A ese efecto analizaba tal política en sus aspectos generales, locales y particulares y proponía al Poder Ejecutivo las medidas pertinentes; actuaba “en lo relativo a la identificación de las organizaciones nacionales o internacionales, cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades que reconoce la Constitución de la nación Argentina”; coordinaba los planes de acción política interna con los demás planes de gobierno; etcétera, etcétera.
En realidad, los “asuntos políticos” de que ese ministerio debía ocuparse no eran otros que los de “luchar empleando todos los medios y conceptos a fin de que todos los habitantes de esta patria sean peronistas”, según decía el “Plan de acción política 1955/56”.
De él salían las constituciones de las nuevas provincias y los discursos políticos de muchos convencionales y legisladores; en él se preparaban los triunfos comiciales del peronismo, se disponían las medidas de fuerza contra los adversarios peligrosos, se planeaba el aniquilamiento o división de los partidos opositores, se sojuzgaba a la justicia y se destruía el federalismo.
Fue su titular durante todo el período de la dictadura el doctor Román Subiza, oscuro abogado de San Nicolás hasta 1844.
En ejercicio de sus funciones, Subiza organizó todo el mecanismo político del Estado providencia, de acuerdo con las directivas del dictador. Puso en movimiento los comandos y subcomandos tácticos; manejó a los gobernadores de provincias como a simples dependientes del gobierno nacional, y a las autoridades del partido oficialista como a gente carente de importancia. A su arbitrio manejó la justicia, y, en particular, a la de la provincia de Buenos Aires, a la que reestructuró con el fin de dominarla y aprovecharla (5).
Creía en la utilidad social de los hombres al servicio del mal y hasta de los delincuentes. “El hombre que viola la ley y la enfrenta, es el término de referencia imprescindible para que la virtud brille -escribió en cierta ocasión-. Si no hubiera hombres malos, resulta claro que tampoco los habría buenos. Considerado desde este punto de vista, el hombre malo, el perverso, el inmoral, el que delinque, presta a la sociedad un imprescindible servicio”.
Antes de ocupar el Ministerio de Asuntos Políticos, su situación económica era muy precaria, según lo declaró el doctor Alberto R. Rodríguez Fox, su socio y amigo. En pocos años, y mediante la colaboración de prestanombres, estuvo en situación de adquirir campos, casas, acciones de sociedades anónimas, diarios de San Nicolás y de tener participación en diversos negocios.
Es probable que alguna vez pensara en reemplazar a su amo si las circunstancias le fueran favorables. No tuvo suerte. El dictador debió temerle, como él temía al dictador. Lo separó del ministerio y lo conformó con la senaduría por la provincia de Buenos Aires. Poco después, en un episodio trágico, Subiza halló la muerte.


Los partidos políticos

A pesar de los defectos que en los partidos políticos como en toda agrupación humana, pueden señalarse con justicia, los nuestros no difieren fundamentalmente de los que actúan en otros países democráticos. Hay en ellos buenos y malos elementos, hay desinteresados y codiciosos, sedientos de mando e indiferentes al ejercicio del poder. Algunos partidos son más severos que otros en lo que atañe a la conducta de sus afiliados; y es posible que en el ejercicio de la función pública se puedan establecer diferencias entre ellos.
Cierto es, sin embargo, que a todos los partidos debe el país su progreso, que todos han atendido loas aspiraciones colectivas y contribuido a establecer las instituciones requeridas para la buena práctica de la democracia.
Empero, no pensaba lo mismo el gobierno formado a raíz de la revuelta del 4 de junio (6). A su juicio, todos los partidos eran malos. Creía que “Las organizaciones partidarias no respondían ni responden en el presente a la realidad de la vida política de la Nación, ni son representativas de la auténtica opinión nacional, por haber desnaturalizado su función específica, contrariando elementales normas de ética política; usando del fraude, del soborno y de la venalidad, como armas de lucha, y haciendo de los beneficios particulares sus fines, con olvido total de los legítimos intereses de la patria”.
En virtud de ello, y siendo su propósito decidido –según afirmaba- “retomar la vida política de la Nación al cauce natural en que debe desenvolverse por la madurez de su espíritu, por su cultura, la capacidad de sus ciudadanos, su riqueza y su tradición”, resolvió disolver los partidos existentes a fines de 1943.
¿Quién inspiró, dentro del gobierno, esa medida de esencia totalitaria? No lo sabemos pero lo presumimos.
Poco después, el presidente general Ramirez señaló la contraposición entre la actitud del pueblo honesto y trabajador y la “repudiable y antiargentina de algunos ex políticos profesionales que desplazados de sus lucrativas posiciones, tratan de impedir por medios solapados y encubiertos la unión de todos los argentinos”. Agregó que quienes conspirasen contra la tranquilidad de la Nación serían considerados como traidores a la patria y, en consecuencia, “tratados con la severidad y violencia correspondientes”.
Con la disolución de los partidos y la persecución de sus dirigentes y afiliados más activos, el gobierno del 4 de junio facilitó el nacimiento de otra fuerza política, la que por entonces se esforzaba en construir el ambicioso secretario de Trabajo y Previsión con base en los sindicatos obreros.
La forzada renuncia de Ramirez y el nombramiento del coronel Perón como vicepresidente del gobierno provisional (7 de julio de 1944), acentuaron aún más el influjo de este en la política del país.
Los partidos no podían actuar, mas la opinión pública existía. El ejército era vigilado, pero sus miembros estaban alerta. Para aquietar a aquella y tranquilizar a éstos, Perón se vió en le necesidad de manifestar, el 22 de julio, que no tenía ambiciones personales a la presidencia de la Nación y que sus deseos eran retirarse “a sus funciones ordinarias una vez terminada la obra de la revolución”, salvo que “una decidida y categórica expresión del pueblo” le hiciera reconsiderar tal determinación.
Pocos días después, luego de confesarse autor de la proclama revolucionaria del 4 de junio, expresó: “Nuestro golpe de Estado ha durado ocho meses. Comenzó con la deposición de un gobierno tambaleante, siguió inmediatamente con la deposición de un gobierno que no era mejor que el anterior y luego con la renovación de otros valores que tampoco había llegado a comprenderla”. Atacó el individualismo y dijo que “vamos pasando poco a poco a la socialización de las grandes agrupaciones humanas” (7).
El gobierno procuraba por todos los medios la formación de un partido único, como los que, hasta poco antes, habían dominado en Italia y Alemania. Las corrientes democráticas, canalizadas en los partidos disueltos, se oponían decididamente a ello, como también vastos círculos de las fuerzas armadas. Las primeras expresaron su repudio en la manifestación del 19 de septiembre de 1945, y los segundos en el movimiento que forzó a dimitir a Perón el 9 de octubre siguiente.
Los acontecimientos posteriores y la convocatoria a las elecciones de febrero de 1046, determinaron el restablecimiento de los partidos, sin otra variante que la pérdida de los elementos pasados al coronel (8).
Con el triunfo de la candidatura oficial, la política del nuevo gobierno tendió a la eliminación de los partidos opositores, persiguió y encarceló a sus jefes en cuanta ocasión pudo aprovechar, impidió su propaganda y sobre todo su crítica, y a la postre promulgó una ley estableciendo el régimen de los mismos.
Según ella, los partidos nuevos no serían reconocidos sino a los tres años del registro del nombre, doctrina política, plataforma electoral, carta orgánica y autoridades constituidas, luego de acreditar que sus fines no importaban desconocer la Constitución, las leyes de la Nación o las autoridades que de ellas emanan, no contuvieran principios ideológicos susceptibles de alterar la paz social, incitaban a la violencia o a la alteración del orden como forma de propaganda política, admitieran vinculación con entidades internacionales u permitieran el apoyo de las mismas en las contiendas políticas.
Los partidos existentes se tendrían por reconocidos aunque estaban igualmente obligados a cumplir la referida exigencia dentro de término perentorio.
Debían integrar las listas de sus autoridades y las de sus candidatos a cualquier cargo electivo con los propios afiliados y presentarse y concurrir a todas las elecciones nacionales. Les estaba vedado disponer medidas contrarias al cumplimiento de la obligación de votar y fusionarse, aliarse, unirse o coligarse con otros partidos y aconsejar el voto por otros candidatos que los propios. El incumplimiento de tales disposiciones se sancionaba con la disolución, que podía ser decretada por el juez electoral, ya fuese de oficio, ya a requerimiento de un partido político o por denuncia subscrita por los integrantes de la nómina de las autoridades directivas, locales o centrales, o por los miembros de sus convenciones o asambleas, o por denuncia de cualquier elector perteneciente al distrito donde se cometiere la infracción
Prohibía la abstención, que muchas veces expresa la actitud opositora de un partido, como también la unión de distintas fuerzas políticas que juntas, pueden ser la mayoría del electorado y, sobre todo, facilitada la disolución de las agrupaciones adversarias, la dictadura tuvo en sus manos la suerte de todos los partidos. Vivirían mientras sirvieran a sus propósitos de dar apariencia democrática al régimen imperante, pero si se tornaban muy peligrosos, se acababa con ellos.

Cómo se hizo la reforma constitucional de 1949

La dictadura no podía imponerse ni perdurar sino tergiversando, primero y reformando más tarde la Constitución de 1853, dictada con la dolorosa experiencia de la primera tiranía.
El propósito principal de la reforma de 1949 fue el de permitir la reelección del presidente y vice, o sea el mando sin interrupción y prácticamente sin término.
Nadie en el país, fuera del dictador y del círculo gobernante, tenía interés en eso. Tan sabia, amplia, justa y generosa era la Carta del 53 y tan manifiestos los resultados óptimos de su vigencia, que cualquier intento de modificarla parecía ofrecer más peligros que ventajas. Teníase por seguro, además, que sólo beneficiaría a la dictadura.
En la Casa de Gobierno se estudió y proyectó la reforma.
Dio cuenta de ello ante la Comisión Investigadora Nº 47 el ex senador y convencional constituyente Teisaire, en las palabras que reproducimos textualmente:
“-¿Qué intervención tuvo usted con respecto a la Constitución Nacional del 49?

“-Fui constituyente, nada más; y fui presidente provisional en una reunión que habrá durado veinte minutos. Allí ya había una cuestión hacha.

“-¿Quién la preparó?
“-Ese español, Figuerola (9). Después la tomó como informante el que luego fue fiscal de Buenos Aires” (10).

De cómo se eligieron los constituyentes dan idea las siguientes comunicaciones halladas en la Secretaría de Asuntos Políticos:
“El gobernador de Jujuy, A. J. Iturbe, saluda con distinguida consideración a su excelencia el señor secretario político doctor Ramón Subiza, y en vista de su requerimiento telefónico relativo a los candidatos convencionales constituyentes por esta provincia y a la conversación personalmente esta mañana, propone como candidatos al señor vicegobernador de la provincia, don Juan José Castro, y al señor senador nacional don Miguel A. Tanco. Jujuy, octubre 8 de 1948”.
Análoga comunicación hace el interventor federal de La Rioja, quien “propone” a Julio Coloma, obrero ferroviario, al doctor Segundo Cecilio Ávila, abogado, y a Carlos Alberto Carreño, de quien dice el firmante, Jorge C. Pellerano, ministro de Gobierno e instrucción Pública: “Por razones de parentesco el señor interventor federal no auspicia su nombre, sino como una solución por cualquier inconveniente que hubiere respecto de los ya arriba mencionados”.
Idéntica comunicación hace con fecha 5 de octubre el gobernador de Salta, quien “propone” al doctor Ernesto F. Bavio, a Alberto Durand y al doctor Juan Carlos Cornejo Linares.
En igual fecha que el anterior, el gobernador de San Juan propone a César Idelfonso Camargo, Eusebio Baltasar Zapata, doctor José Amado Conte Grand, ingeniero Reinaldo Viviani, doctor Ramón Héctor, Albarracín y doctor Manuel Estanislao Rodríguez Gómez.
El gobernador de San Luis, Ricardo Zavala Ortíz, “propone” a su vez a los doctores Juan Carlos Saa y Juan H. Páez, con fecha 7 de octubre.
El comisionado nacional de Santiago del Estero, Almerindo Dionisio Di Belgrano, más temeroso que los anteriores, con igual fecha expresa a Subiza: “A pesar de habérseme pedido únicamente seis nombres, le envío los que quince personas a fin de que usted tenga a bien seleccionar los que crea más convenientes”
Carlos Dominguez, gobernador de Tucumán, también cumple la orden telefónica que se le impartiera como a todos los demás y propone al doctor Alfredo David Maxud, senador nacional don Luis Cruz, diputado provincial Ramón Guillermo Villafañe, Lorenzo Obdulio Rivarola y Carlos A. Márquez. Finaliza así su comunicación: “Además se agregan copias en detalle de todos los precandidatos”.
El interventor federal en Córdoba, general Aristóbulo Vargas Belmonte, responde al requerimiento enviando la nómina de “constituyentes propuestos”, como así el gobernador de Entre Ríos.
Catamarca no queda atrás y luego de indicar a Carlos Correa, Manuel Risso y León Alberto Aguilar, aclara para tranquilidad del “gran elector”: “Todos los candidatos han sido contemplados con cuidado y como conviene. Ninguno de ellos responde ni remotamente a la fracción del senador” (se refiere a Saadi).
Es éste el origen bastardo de la Constitución justicialista. Lo que realmente persiguió está sintetizado en las palabras del miembro informante de la mayoría en la Convención Constituyente: “Se comprende entonces, señor presidente, que si la suerte de esta empresa argentina depende de la posibilidad constitucional de que el general Perón sea reelegido presidente de la República por el voto de sus conciudadanos, debe quitarse de la Constitución ese impedimento que no aconsejan ni la prudencia política ni la circunstancia histórica que vive el país” (11). Estas palabras motivaron oportunamente la réplica del presidente del bloque minoritario, doctor Moisés Lebenshon: “El propio miembro informante de la mayoría ha confesado ante la conciencia argentina que la Constitución se modifica en el artículo 77 para Perón, con el espíritu de posibilitar la reelección de Perón. La representación radical desiste de seguir permaneciendo en este debate, que constituye una farsa” (12). Inmediatamente se retiró de la Convención.
Para hacer admisible la reforma constitucional sobre reelección del presidente, necesitábase algo que sedujera a las masas. Se pensó que un atractivo era la declaración de los “derechos del trabajador, de la familia de la ancianidad y de la educación y la cultura”, que facilitaba la propaganda a favor del régimen.
Otro era el de “la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, con el enunciado peronista de que “la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a la justicia social”.
Había también otros, como el derecho “de reunirse” y el de interponer el recurso de hábeas corpus.
Durante más de seis años, la Constitución reformada sirvió a la dictadura, pero no al país. En virtud de ella, el presidente y el vicepresidente fueron reelectos –caso único en nuestra historia- (13) para el subsiguiente período de gobierno (14). A esta reelección debemos los excesos de poder de la segunda presidencia de Perón y todo lo que de ello se derivó.
En cambio, no gozó de los derechos enfáticamente enunciados en la reforma. Jamás se desconoció más el de reunión, no mencionado por la constitución del 53, pero que, por estar implícito en los demás derechos y garantías respetaron todos los gobiernos. Nunca tuvo menos éxito el recurso de hábeas corpus, porque casi permanentemente rigió no solo el estado de sitio, sino el de guerra interna, monstruosidad jurídica que permitió las máximas arbitrariedades y desde luego la suspensión de las garantías individuales.
El presidente de la Nación aumentó sus facultades. Tuvo entre ellas la de hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, privativas, anteriormente, del Congreso. También podía declarar “el estado de prevención y alarma en uno o varios puntos del país en caso de alteración del orden público que amenace el desenvolvimiento de la vida o las actividades primordiales de la población”, de lo que solo estaba obligado a dar cuenta al Congreso. La reforma quitó a éste derecho de recibir la memoria detallada del estado de los negocios de los respectivos ministerios, facultad que en adelante tuvo el presidente.
En cambio, aunque el presidente y el vicepresidente no podían, según la constitución de 1853 y la reforma de 1949, durante el mismo período “ejercer otro empleo, ni percibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna”, el presidente nombró secretario de Estado de Asuntos Políticos, al Vicepresidente Teisaire, sin que nadie de su partido señalara la violación del precepto constitucional. Al declarar Teisaire ante la Comisión Investigadora, expresó “que no conocía tal disposición”


Un plan electoral

Casi al término del primer período de gobierno, la situación política era favorable al peronismo aunque algunos síntomas indicaban la posibilidad de cambios en la oposición. Contra éstos debía prevenirse la dictadura.
El Ministerio de Asuntos Políticos estudió lo que era necesario hacer. Sus conclusiones quedaron concretadas en un documento secreto, del que extractamos lo siguiente:

“20-2-51 Situación política
“Medidas de carácter político que se estima necesario adoptar para afianzar el Partido Peronista, - Entiende este ministerio que debe enviar un proyecto de ley, mediante el cual se modifique la ley electoral, adelantando la elección presidencial para el 4 de junio del presente año, u otra fecha que se estime oportuna.
“Con ello se lograrían las siguientes ventajas:
“Tomar desprevenida y desorganizada a la oposición, con sus fuerzas individualmente divididas y no coordinadas como frente nacional o unión democrática.
“Aprovechar su falta de organización en el aspecto femenino y de su movilización en el masculino.
“Sacar provecho de nuestra superioridad en los medios económicos, de propaganda y movilidad, al acortar los plazos en que se pueda realizar la campaña.
“Beneficiarnos con el actual clima político, favorable al gobierno.
“Aprovechar la mayor paralización que se produciría en las fuerzas opositoras, al tener conocimiento de que transcurrirá un largo año desde su actuación en la oposición hasta la entrega del gobierno.
“Alejar lo más posible la contienda electoral del conflicto internacional (15).
“Otra medida sugerida para acrecentar el poderío electoral del movimiento en la próxima contienda, es la de disponer que se realice bajo el sistema de la circunscripción uninominal, pues de esa manera las fuerzas opositoras en el Congreso quedarán reducidas a un máximo de seis o siete diputados, con la ventaja de que los mismos no podrán ser los líderes opositores del radicalismo, en virtud de no poder ir incluidos en las listas generales.
“Concordante con la sugestión precedente, corresponderá asimismo propiciar la modificación de los artículos 12, 13 y 15 de la ley Nº 11.387 referentes a las fechas en que deben imprimirse las listas provisionales y definitivas de electores.”

La elección presidencial que debía efectuarse en marzo de 1952 se realizó el 11 de noviembre de 1951.
El radicalismo obtuvo dos millones y medio de votos, aproximadamente, y apenas llevó a la cámara catorce diputados.
El plan del Ministerio de Asuntos Políticos había obtenido el éxito esperado.

Avasallamiento de las provincias

La unidad del régimen implicaba el aniquilamiento del federalismo.
Mucho se ha escrito en nuestro país sobre los antecedentes y prácticas de éste. Aunque se enraiza en la tradición histórica, nunca se lo ejerció de verdad.
El poder central, incomparablemente más fuerte y más rico que cualquiera de los provinciales, contribuyó a desvirtuar sus instituciones y a alterar su normal desarrollo. A pesar de ello existe en el país un profundo sentimiento regional y en virtud de él apenas se concibe la posibilidad de una reforma constitucional que introdujera el sistema unitario de gobierno. La sangre corrida durante largas décadas en casi todo el territorio argentino, impediría el cambio de régimen. Lo que por cierto no evita su anómalo funcionamiento.
Ningún interés tenía la dictadura (peronista) en cambiar las prácticas viciosas del pasado. Todo lo contrario. Reemplazo la oligarquía –gobierno de grupo- por el poder omnímodo de un hombre, y a la imperfecta democracia por la excluyente voluntad personal. Las provincias, como los poderes e instituciones del Estado, sufrieron el menoscabo inevitable.
Claro está que los propósitos de dominación centralista se doraban con palabras melifluas (16), en las cuales casi nadie creía pero con las que todos, en el partido oficial, simulaban conformidad. Entre esas palabras estaban las que el dictador decía a los gobernadores y altos funcionarios de las provincias en las periódicas conferencias que se celebraban en Buenos Aires.
Como a Roma van los altos dignatarios de la Iglesia a postrarse ante el Sumo Pontífice (17), venían a la Capital los gobernadores del interior a hacer lo mismo, aunque en sentido figurado, ante el pontífice máximo del “justicialismo”.
Particular importancia tuvieron entre esas conferencias las que sirvieron para perorar acerca de los planes quinquenales, pero más aún las que a la vez trataron sobre los planes anuales, políticos y económicos. Por ejemplo, la 3º conferencia, realizada a principios de 1952.
Concurrieron a ella los gobernadores en ejercicio y los electos, como así también los ministros, personal de compañía y comandantes de fuerzas, todo el equipo en fin del gobierno del país.
El presidente fijo en la reunión inaugural el carácter de la misma: “más que nada, una reunión de amigos para coordinar las funciones que a cada uno de nosotros compete dentro del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales y territoriales”. Su objetivo era, “fundamentalmente, asegurar una coordinación lo más perfecta entre los distintos gobiernos”.
Entrado ya en materia, el dictador expresó: “Difícilmente puede haberse presentado al país, en el orden de la coordinación, una situación más ventajosa que la que disfrutamos nosotros: un gobierno nacional, compuesto en su totalidad por peronistas; dieciséis gobiernos provinciales compuestos también por peronistas; y el resto de los territorios nacionales compuestos totalmente por peronistas. Si en este momento no se realiza en la República Argentina una absoluta coordinación, habremos cometido un grave error y habríamos dejado pasar una maravillosa oportunidad para realizarla.”
En seguida vinieron las palabras tiernas. Quería “un federalismo fraterno, no un federalismo político, porque el federalismo fraterno es el que nos va a llevar a la ayuda mutua para que todos marchemos en un mismo pie de felicidad y grandeza en el futuro. En el federalismo político el egoísmo y las ambiciones de los hombres destruyen toda unión y toda ayuda”.
Luego de manifestar sus buenas intenciones con respecto a las provincias que “durante cien años hemos desposeído” a favor del litoral, se refirió a lo que más le interesaba: el plan político interno de 1952. No dijo sino lo que podía publicarse, porque lo principal lo reservó para una reunión que “por su carácter confidencial –expresó- conviene no divulgar”.
Lo que podía hacerse público –aunque a medias, puesto que el libro en que está impreso también es “confidencial personal”- expresaba que la orientación básica del gobierno era consolidar el peronismo, transformar “el movimiento gregario en una institución política”.
¿Cómo hacer esa transformación? Ya se supone; mediante la organización. Una organización centralizada o una semejante “a la forma representativa y federal que estatuye nuestra Constitución para la organización del Estado”. Aunque veía conveniencias e inconveniencias en ambas, se decidía por la última. “Soy un convencido –decía para halagar a sus oyentes del interior- de que es necesario que nuestra organización corresponda a la necesidad federal, sobre el cual se ha erguido todo el organismo de la propia nacionalidad”.
De inmediato siguió una confesión: “Hasta ahora no lo hemos hecho así porque no lo hemos podido, porque para hacer eso hay que estar preparados y nosotros no estamos preparados” Si así se hiciera prematuramente “nos van a surgir caudillos en todas partes y cada uno se va a sentir un Chacho, un Urquiza, un Ramírez, un López”. Ninguna división quería el dictador. El único caudillo debía ser él.
Si alguna duda hubieran tenido los gobernadores, pronto les fue disipada por el ministro Subiza, cuando les hizo notar que sólo se les había confiado “el gobierno administrativo, pero no el gobierno espiritual de los partidarios” dentro de sus respectivas provincias. “Cumplid, con vuestro deber –terminó diciéndoles- y dejad el gobierno espiritual al movimiento, que es a quien corresponde” (18).
Aún en lo administrativo, los gobernadores eran vigilados de cerca por los representantes del partido y de la CGT en cada provincia.
El “federalismo fraterno” era por consiguiente, un federalismo servil, vale decir, la absoluta negación del federalismo.


Comando estratégico y comando táctico

Antes de impartir las ordenes minuciosamente elaboradas sobre el plan político de 1952, el dictador explicó a los gobernadores la organización estratégica y táctica del “movimiento”.
Dijo:
“El comando estratégico, que toma la dirección conjunta de todo nuestro “movimiento”, ya sea en su acción gubernamental como en su acción política, está constituido por el presidente de la República, por el comando superior del Partido Peronista masculino, la comisión nacional del Partido peronista Femenino y el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo.
“Esa persona y esos tres organismos forman lo que llamaríamos el consejo superior o el comando estratégico de todo el “movimiento” en el país. Ese organismo da la directiva general para la acción política. En cada provincia debe funcionar un comando táctico, que está formado, a la vez, por el señor gobernador de la provincia, por el representante del partido masculino, por el representante del partido femenino y por el representante de la Confederación General del Trabajo. Vale decir, que tomamos en esta conducción cuatro agentes de los organismos políticos y de gobierno, en forma de poder conducir el gobierno siempre coordinadamente con la acción política, para que el gobernador no solamente en su acción táctica tenga su dirección, sino que tenga el apoyo persuadido de las organizaciones políticas que funcionan en su provincia. El hace su gobierno y la política la hace el organismo, pero los dos marchan totalmente de acuerdo. En las decisiones de gobierno se fortalece la política de los organismos, y en la acción de los organismos se facilita la acción del gobierno.”
Después de varias consideraciones explicativas, agregó:
“El comando táctico, en posesión del plan que yo le entrego, debe inmediatamente elaborar también allá su propio plan. Este plan político ha sido elaborado en el comando estratégico con la intervención del gobierno, del consejo superior, de la comisión nacional de mujeres y de la Confederación General del Trabajo. Los cuatro de acuerdo hemos elaborado este plan que entregamos a los señores en líneas generales.”
Luego de señalar la necesidad de hacerlo conocer a quienes debían ejecutarlo, prevenía que la difusión debida estar bien calculada. “No hay que decir más de lo que se debe. Hay muchas cosas que no se pueden decir, porque sería entregar armas a nuestros adversarios para que ellos mismos nos combatan con eficiencia. En este sentido, pues, habrá cosas del plan que solo habrá que decirlas confidencialmente a algunas personas, a quienes sea necesario decirlas y que sean de la confianza indispensable” (19).
No conocemos el plan “en líneas generales” entregado por el dictador a los gobernadores, pero sí el remitido por el presidente del consejo superior del Partido Peronista a los interventores del mismo en el interior. Presumiblemente es igual.
No haremos sobre él ningún comentario. No lo necesita.
Dice así:

Plan político año 1952
Organización para anular, aniquilar la acción de los revolucionarios dentro de esa provincia o territorio
El plan de los revolucionarios debe ser contestado con otro que contemple:
a) La anulación. Mediante la formación entre los funcionarios y empleados del verdadero concepto de la disciplina y del trabajo, subordinación de las autoridades constituidas, defensa de las instituciones y de la ley, apoyo al gobierno, unidad con las fuerzas armadas y las instituciones justicialistas;
b) El aniquilamiento. Mediante la acción de un frente sólido, activo y enérgico, para así enfrentar el trabajo disociador de los enemigos internos y externos, y aniquilar las fuerzas de los antipatrias que pretenden destruir la unidad nacional, desafiando la declaración del estado de guerra interno en el país.
De acuerdo con lo dispuesto este gobierno, procederá:
A que el “comando técnico” planifique y dirija la acción preventiva y ejecutiva. Será integrado por representantes del Partido Peronista Masculino y femenino y la delegación local de la CGT. Dependerá del comando general para las realizaciones preventivas y las ejecuciones.
En este “comando técnico” se llevará al día la situación en lo que respecta a las actividades de los opositores, registro de los mismos. Se intercambiaran informaciones.
Las fuerzas armadas y la gendarmería nacional, prestarán a este comando la colaboración y protección, que, en cada oportunidad, le fuera solicitada.
Se planificará:
a) Como medida preventiva:
-Contacto e intercambio con los servicios de informaciones de las fuerzas armadas.
-Estimular el servicio de informaciones propio del gobierno y de la Oficina de Prensa.
-Intensificar la información y vigilancia sobre actos de sabotaje o contrabando de armas.
-Prever las comunicaciones con el gobierno nacional mediante las propias de la delegación de la Policía Federal de esa provincia.
-Registro de los antecedentes de los agentes, asimismo de las organizaciones nacionales o extranjeras opositoras o indiferentes al gobierno.
b) Como medidas ejecutivas:
-Para el caso de un atentado al presidente de la Nación, ese “comando táctico” preparará para poner en ejecución en todo el territorio de su jurisdicción un plan que responda al concepto: “Al atentado contra el presidente de la nación, hay que contestar con miles de atentados.”
Para ello se preparará lo siguiente:
Objetivo:
-Lista de dirigentes opositores.
-Lista de instituciones reconocidas como desafectas al gobierno.
-Lista de firmas o de casas comerciales dirigidas y ligadas a los opositores.
-Lista de las representaciones cuyos gobiernos realizan campañas opositoras al nuestro.
Personal:
-Serán empleados grupos previamente instruidos y seleccionados de las organizaciones dependientes de la CGT y del Partido Peronista Masculino.
Misión:
-Atentados personales.
-Voladuras.
-Incendios.
Los comandos tácticos remitirán a este “comando general” copia de la distribución de objetivos, personal y misión previstos para sus respectivas jurisdicciones.
-El empleo de todos los medios de la provincia o territorio, debiendo tenerse presente que las fuerzas policiales deben ser utilizadas en primer término, y que el éxito depende de la perfecta coordinación de los esfuerzos; coordinación que debe ser hecha en tiempo y espacio.
-Los servicios públicos deben ser asegurados en todo momento teniendo a mantener su normal funcionamiento.
Adoctrinamiento:
Como primer objetivo se adoctrina a la totalidad de los agentes y funcionarios, es menester afianzar la cohesión y la lealtad de los mismos en todas las zonas, para lo cual es imprescindible:
a)Defensa de la Constitución Justicialista, de la propia, de los objetivos nacionales, provinciales y locales:
-Adoctrinar a los empleados y funcionarios en el nuevo concepto de la Constitución justicialista, ya que, habiéndola jurado, cada uno debe ser un defensor decidido y enérgico.
-Cada funcionario y empleado debe ser un defensor consciente y a fondo, de los objetivos fijados por la Nación; la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.
-Trabajar intensamente en el sentido de inculcar la Doctrina Nacional hasta despertar una verdadera mística en todo el personal y obtener así hombres decididos a defender, a toda costa, contra el enemigo interno y externo lo que más convenga al país. Hombres entusiastas, leales y sinceros servidores construyen las victorias.
-hay que destruir el falso concepto de que el funcionario o empleado es neutro en su acción y función. El funcionario o empleado es un órgano del Estado, y, en consecuencia, no puede ser neutral cuando la existencia y el orden estatal están en peligro. La autoridad y existencia del funcionario o empleado emanan del Estado; por ello, antes que nada, es su servidor. El estado son el gobierno y sus instituciones; por ello es que el empleado, funcionario y obrero son servidores del gobierno; de aquí entonces, se infiere que cuando éstos no son de la confianza del gobierno pueden ser separados de sus puestos sin otro requisito que la disposición discrecional del Poder Ejecutivo.
-hacer una prédica constante entre todo el personal, del verdadero concepto del servicio.
-En este momento de crisis pone a prueba y en peligro a todas aquellas instituciones que, enfrentadas a la voluntad nacional, están amenazadas en su propia existencia. Por ello es que es patriótico luchar por impedir desviaciones que pueden ser funestas para dichas instituciones y para el país (20).

Preguntado Teisaire sobre este plan, quiso eludir toda responsabilidad, y dijo que en diversas oportunidades se lo giró a las provincias y territorios por la CGT y las dos ramas del partido oficialista, “de acuerdo a las órdenes recibidas en forma verbal y personal del ex presidente de la Nación”. Agregó que esos planes, según era de su conocimiento, “eran confeccionados y entregados en propias manos a las autoridades de cada organismo por parte del ex mandatario”. Con respecto al plan político en que se ordena contestar con miles de atentados a uno probable contra el presidente, “atentados que se materializarían en incendios, depredaciones y otros estragos por parte del personal debidamente instruido al efecto”, según rezaba, y a cumplir por personal debidamente instruido al efecto”, según rezaba, y a cumplir por la rama masculina del partido y la CGT, Teisaire manifestó que “procedió a su oportuna remisión a pesar de que no estaba de acuerdo con el método que se ordenaba en el mismo, y exclusivamente por la orden que recibió del entonces mandatario de la República de hacerlo así”. Agregó que “dicho desacuerdo surgía del clima de violencia que se sustentaba en ese plan, situación que no admitía ni podía nunca admitir bajo ningún concepto”. También expresó “que nunca estuvo de acuerdo con los métodos preconizados por el ex mandatario”.
Al considerar el episodio de la quema de las iglesias dijo que “se debía a la obra pura y exclusiva del entonces primer mandatario de la nación”, y que tampoco pudo estar de acuerdo con ella, a pesar de que firmó una nota oficial dirigida al entonces presidente y que los términos de la misma eran la expresión y voluntad del bloque, por lo que la firmó sin modificarla (21).
Este inocente personaje, que parecía obrar en estado de inconsciencia permanente –según quiere hacerlo creer- fue elegido vicepresidente de la Nación en las elecciones de 1954- Cuando cayó en septiembre de 1955 hizo la declaración que figura en el Apéndice de este libro.


Otros planes de acción

Además del plan transcripto, el partido peronista difundió otros con igual advertencia sobre su carácter “personal” y “secreto confidencial”. Cada ejemplar estaba numerado a fin de facilitar su identificación. Hemos visto el que lleva el número 42.
Se refiere a varios asuntos. En cuanto a la “información”, dicen algunos de sus puntos:

“4. – Los servicios de informaciones propondrán la explotación de noticias en el momento oportuno, para lo cual se mantendrán al día.
“5. – proponer la explotación de antecedentes políticos o personales en el momento oportuno, para neutralizar o ridiculizar al individuo que interese.
“6. – Determinar las conexiones y vinculaciones de los enemigos del gobierno con elementos extranjeros.
“10.- Neutralizar en el extranjero la acción de elementos opositores que nos hacen una campaña sistemática.
“11. – Dificultar hasta anular las actividades comerciales de los consorcios, monopolios y/o personas enemigas del gobierno.”

Respecto a “lo político”, dice entre otras cosas:
“2. – Intensificar la acción de dividir a los partidos políticos anulando los dirigentes y atrayendo las masas.
“5. – Preparar núcleos de obreros dentro de cada gremio, quienes tendrán la misión específica de actuar en la “acción directa” en todos los terrenos que el comando respectivo ordene, de acuerdo a las circunstancias y establecimiento preestablecido.”

Otros puntos se refieren a la represión del comunismo (22).

En cuanto a los funcionarios y personal del Estado, las prevenciones eran severísimas.
Tenemos a la vista las “disposiciones especiales para el Ministerio de Economía”, firmadas por el dictador, presumiblemente semejantes a las que deben haberse tomado para otros departamentos.
Luego de referirse al plan de rumores y difamaciones que atribuía a los presuntos revolucionarios, decía: “Es menester que todo el personal conozca que el movimiento está dirigido desde los Estados Unidos contra el país y que los que se enrolen en sus filas caen bajo la calificación de traidores a la patria y que como tales serán tratados… hay que terminar con la campaña de desaliento que se sigue con los funcionarios leales. Ella se caracteriza por una acción insidiosa de detalle, disimulada en la acción de sus tareas. Es una persecución disimulada y desleal que si bien no puede probarse en todos los casos, debe ser severamente sancionada ante la sola sospecha… No puede aceptarse que un funcionario o empleado no sea un decidido partidario del gobierno…Recordar al personal que el país se encuentra en “estado de guerra interna” por lo tanto existe la obligación de todo agente del Estado de informar a sus superiores de toda novedad de carácter subversivo. Hay que mantener una estricta vigilancia y control sobre los clubes y lugares de reunión dependientes del ministerio, para que no se conviertan en lugares de murmuraciones, rumores o conspiraciones (23).
¿Cómo puede juzgarse una política interna como la ejercida por la dictadura peronista?
Nada hay que se le parezca, en nuestro país, después de la caída de Rosas. El terror, el espionaje, la delación, el sometimiento, la obsecuencia, no son medios de que se valen los gobiernos de la democracia. La nuestra tuvo muchos defectos en el pasado, pero no tuvo esos vicios tremendos, propios de las tiranías.

NOTAS:
(1) (Nota del transcriptor) La URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy desaparecida fue sucedida por el Estado de la Federación Rusa aunque varios Estados se separaron y se siguen separando, es casi el actual territorio de Rusia.
(2) (Nota del transcriptor) La URSS tenía estados formalmente independientes pero cuyos gobiernos en realidad eran títeres de lo decidido en Moscú la capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
(3) Mussolini: Fascismo: doctrina, en “Enciclopedia Italiana”, tomo XIV, página 348.
(4) (Nota del transcriptor) del año 1955. Se trata de la Quema de la Bandera Argentina para culpar a los católicos; la quema de La curia y de muchos templos de la Ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades de la república.
(5) Tanto fue así, que cuando su esposa, que lo había demandado por divorcio y era cruelmente perseguida por él, buscó la protección del dictador en la residencia presidencial, oyó de labios de éste el consejo de someterse a la voluntad de su marido, porque había nombrado todos los jueces y éstos harían “lo que les ordenara”.
(6) (Nota del transcriptor) Se refiere al Golpe de estado de 1943 dado por el GOU “Grupo de Oficiales Unidos” en el que Perón ocupara varios puestos entre ellos el de Vicepresidente de facto la Nación.
(7) (Nota del transcriptor) Agrupaciones humanas en el sentido fascista. O sea que atacando la democracia individualista de “un hombre un voto”, Perón promovía el fascismo corporativista.
(8) Refiere el contraalmirante Guillermo D. Plater, jefe de la Casa Militar del presidente Perón durante los años 48 y 49, que éste le dijo en cierta ocasión que en 1945 reuniéronse a su lado “dos grupos de gente: el pueblo que ansiaba una vida mejor y la “resaca (textual) de todos los partidos, con el agregado de alguno que otro independiente. Estos últimos y esa “resaca” vinieron con la esperanza de ocupar cargos públicos. (Una gran lección, página 147.)
(9) El doctor José Figuerola, que por entonces era secretario técnico de la presidencia de la Nación. Anteriormente había sido funcionario del viejo Departamento Nacional de Trabajo, donde probablemente sugirió a Perón la creación de la Secretaría del Trabajo, según el molde de igual organismo de España en el cual había actuado como asesor.
(10) Se refiere al doctor Arturo E. Sampay, ex fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires.
(11) Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, página 292.
(12) Ibíd, página 339.
(13) (Nota del transcriptor) Con la reforma constitucional de 1994 esto se volvió a dar con el Presidente Carlos Saúl Menem quien ejerció la presidencia en dos períodos consecutivos (1989-1995 y 1995-1999) el primer período de seis años según el texto vigente en ese momento (más los seis meses debido a la renuncia del Presidente Raúl Ricardo Alfonsín) y tras la reforma, cuatro años para el segundo período. Esta vez, tras un acuerdo previo entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista que se llamó “Pacto de Olivos” en el que además participaron –al menos como consultados- los demás partidos minoritarios, especialmente la Unión del Centro Democrático y la Alianza de Centro, se reforma a dos periodos de cuatro años, a diferencia de la peronista del 49 que seguían siendo de seis años pero períodos indefinidos. Si el pacto de olivos presento una reforma “a paquete cerrado” fue, justamente por la desconfianza mutua entre los dos partidos mayoritarios y en mucho tiene que ver la política de los años de la dictadura peronista. No es difícil comprender que temieran que al aprobar uno, sus propias reformas, se levantara para impedir se traten las reformas pretendidas por el otro. De ahí, el pacto y de ahí las consultas.
(14) El vicepresidente Juan Hortensio Quijano falleció el 3 de abril de 1952, dos meses antes de iniciarse el segundo período presidencial. Posteriormente lo reemplazó el contralmirante Alberto Teisaire elegido en abril de 1954.
(15) Refiérese a la guerra de Corea.
(16) (Nota del transcriptor) Melifluo, -flua adj. 1 Que contiene miel o tiene alguna característica que se considera propia de la miel. meloso. 2 Se aplica a la persona o comportamiento que es muy dulce o amable, especialmente si es falso o poco natural: su meliflua amabilidad no está exenta de hipocresía. meloso. 3 Se aplica a la forma de hablar o al comportamiento que es dulce, suave o amable. meloso.

(17) (Nota del transcriptor) La visita Ad Limina Apostolorum (expresión latina que significa "los umbrales (de las basílicas) de los apóstoles") (Pedro y Pablo), es decir, la visita a Roma. Esta visita a la Santa Sede la realiza cada obispo del mundo cada cinco años para dar cuenta del estado de su diócesis. El Código de Derecho Canónico habla de esta visita en los cánones 399 y 400. Se conoce por visita ad limina Apostolorum la visita que tienen que hacer los obispos del mundo a Roma para dar cumplida cuenta de sus diócesis. El nombre viene del latín y significa “los umbrales de los Apóstoles”, refiriéndose a los apóstoles san Pedro y san Pablo. El objeto de esta visita no es simplemente la peregrinación hacia las tumbas de los apóstoles, sino, por encima de todo, mostrar una adecuada reverencia hacia el sucesor de san Pedro, para reconocer de una manera palpable su jurisdicción universal, dando también cuenta de la disposición de las iglesias particulares de recibir consejos y advertencias y de esta manera estar estrechamente unidas a los miembros de la Iglesia Universal con su cabeza visible.En los tiempos más antiguos era costumbre que los obispos visitaran al papa, e incluso lo visitaban personalmente en circunstancias concretas, aún asi, no hemos podido encontrar ningún dato antiguo de cualquier obligación en la que tuviesen que viajar a Roma en tiempos concretos. Las primeras referencias de esta visita se encuentran en la antigua práctica de celebrar dos veces al año los concilios provinciales de los obispos de Italia, que pertenecían a la provincia del romano pontífice. En el siglo V, el Papa León I insistió en la custodia de Sicilia enviando cada año a tres obispos a Roma para participar en su concilio. En el siglo VI, Gregorio I declaró que aunque en aquel tiempo los obispos sicilianos estaban obligados a visitar Roma sólo una vez cada tres años, él alargó el periodo a cinco en lugar de tres. Un concilio romano bajo el mandato del Papa Zacarías (año 743) decretó que los obispos que estuviesen consagrados por el papa, y que viviesen junto a Roma, deberían hacer la visita ad limina cada año y en persona, y los que se encontrasen fuera de Roma deberían de realizar la misma obligación por carta . Una costumbre que gradualmente surgió, al menos a partir del siglo XI, obligó a los metropolitanos que pidiesen la visita, y poco después, a que todos los obispos visiten “los umbrales de los apóstoles” en las veces indicadas, personalmente o mediante un sustituto. El carácter obligatorio de esta visita se puede apreciar en las expresiones de Pascual II , y sobre todo en los decretos de Inocencio III. En los decretos de Gregorio IX, aparece una forma de juramento, en la que los obispos están obligados a que antes de su consagración prometan que visitarán Roma cada año, personalmente o por un representante, a no ser que el papa determinara otra cosa. En 1585 Sixto V publicó la Constitución " Romanus Pontifex ", que durante más de trescientos años dictó las principales normas y reglas para las visitas ad limina. Este documento, expone detalladamente en qué periodo de tiempo cada obispo, de cualquier parte del mundo, debía de visitar Roma, y qué mandatarios debía de considerar para la elaboracion de su informe al papa. Benedicto XIV (el 23 de noviembre de 1740) en la Constitución "Quod Sancta”, amplió la obligacion a los prelados nullius que dominen un territorio separado. Del mismo modo, este papa estableció una comisión especial “statu super ecclesiarum” para estudiar y valorar los informes de los obispos cuando éstos hubiesen terminado la visita. La actual normativa de las visitas ad limina se encuentra en el Decreto de la Sagrada Congregación, publicada según la orden de Pío X (el 31 de diciembre de 1909) para todos los obispos. Este decreto declara que cada obispo debe dar al papa una relación completa del estado de su diócesis una vez cada cinco años. Este periodo de tiempo comenzó en 1911. En el primer año del quinquenio el informe debe ser enviado por los obispos de Italia y de los obispos de las islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia, y Malta; en el segundo año, los obispos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Escocia, y Irlanda; en el tercer año, por los obispos de los Imperios Austrohúngaros y alemanes y el resto de Europa; en el cuarto año, por los obispos de toda América; en el quinto año, por los obispos de África, Asia, Australia, y las islas adyacentes. En su primer informe, los obispos están llamados a contestar cada pregunta adjuntando un elenchus, pero en las siguientes relaciones deberán aportar los nuevos datos desde la visita anterior e informar de las realizaciones y conclusiones de los consejos y advertencias dadas por la Sagrada Congregación en su respuesta a la última visita. Los obispos cuando van a Roma a cumplir su obligación de la visita ad limina deben primeramente visitar las tumbas de los apóstoles y presentarse en persona ante el papa. También las órdenes religiosas que residan fuera de Europa están obligadas a visitar la Ciudad Eterna una vez cada cinco años o cada diez. El obispo puede realizar esta obligación, personalmente, por su coadjutor, por el obispo auxiliar o incluso con el permiso de la Santa Sede, por un sacerdote. Finalmente, el decreto declara que esta visita junto al informe diocesano al papa, no tiene que ser como la visita canónica de la diócesis, que debe ser realizada anualmente, o, en diócesis grandes, cada dos años. A este decreto de la Congregación se le añade un elenchus el cual contiene los puntos de la información que debe ser suministrada mediante una relación a la Santa Sede. Brevemente puede ser resumido así: El nombre, edad, y patria del ordinario; el nombre de su orden religiosa, si es que pertenece a una; cuándo es que comenzó a gobernar su diócesis; y si es que se trata de un obispo, cuando fue consagrado. Una declaración general acerca de la condición religiosa y moral de su diócesis y un informe sobre el progreso de la fe desde la última visita ad limina. Otros datos que se solicitan son: origen de la diócesis, su grado jerárquico y los principales privilegios, sínodos diocesanos celebrados; el grado y extensión de la diócesis, su gobierno civil, su clima, su lengua; la residencia de los los ordinarios, con todas las direcciones necesarias para una segura correspondencia epistolar; el número de habitantes y sus principales ciudades; cuantos católicos hay, y si existen diferentes ritos y si es que estos aún prevalecen, cuántos católicos pertenecen a cada uno y si es que no hay otros católicos de rito distinto, a que religiones pertenecen si es que pertenecen a una; La curia diocesana; el vicario general, los jueces y examinadores sinodales, el tribunal eclesiástico y sus funcionarios, los archivos, cancillería; el número de sacerdotes seculares y clérigos , su vestido, su modo de vida y como es que atienden a sus obligaciones si es que existen, y detallar cuáles son estas obligaciones. Ver si se aplican los cánones del derecho canónico. Cuántas parroquias hay y cuál es el número de creyentes distribuidos por edades; vicarios extranjeros y parroquias rurales. Cuantas iglesias no parroquiales y oratorios públicos hay; si es que existe algún lugar sagrado y santo famoso y, si es así, dónde se encuentra y sus características; acerca de la administración de los sacramentos, catequesis, etc. exhortaciones para frecuentar comunión, devociones especiales, misiones, fraternidades, y trabajos sociales; el seminario diocesano, sus edificios, gobierno, enseñanza de la teología, filosofía, y liturgia; la admisión y despido de seminaristas; el seminario inter diocesano, si lo hay . Cuántos institutos y ordenaciones de religiosos existen en la diócesis, número de casas y de integrantes religiosos, tanto sacerdotes como hermanos; que trabajo realizan estos religiosos y a qué se dedican junto a sus relaciones con el ordinario del lugar; cuales son los institutos de mujeres religiosas en la diócesis junto con el número de casas y personas si es que existen; acerca del claustro de mujeres religiosas, su trabajo y la observancia de prescripciones canónicas; la instrucción y educación de la juventud; y la edición y publicación de libros y revistas.
(18) Tercera Conferencia de Gobernadores, página 260.
(19) Tercera Conferencia de Gobernadores, página 325.
(20) Expediente “Alberto Teisaire s/ intimidación pública”, fojas 2.
(21) Expediente “Alberto Teisaire s/ intimidación pública”, fojas 7 vuelta.
(22) Expediente 5870 – 55 - Compendio 2.
(23) Expediente 5880 – 55 – Compendio 2.

FUENTE
(*) Libro Negro de la Segunda Tiranía – Ley 14.988 – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de La Nación - Buenos Aires 1958 – Páginas 124 a 143.

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