III
Discurso del excelentísimo señor vicepresidente provisional de la Nación, contraalmirante don Isaac F. Rojas.
Discurso del excelentísimo señor vicepresidente provisional de la Nación, contraalmirante don Isaac F. Rojas.
Uno de los aspectos más límpidos de la revolución del 16 de septiembre –dije en la sesión inaugural de la Junta Consultiva Nacional- fue el de constituir la culminación de un clima de resistencia civil incrementada a través de largos años durante los cuales llegó a consolidarse en un vasto sector de la República, el consenso de que el pueblo argentino había sido y seguía siendo engañado, apartándolo de su digna y promisoria trayectoria histórica, para ponerlo ignominiosamente al servicio de las desmedidas ambiciones personales de un hombre que no vaciló para ello en recurrir a procedimientos delictuosos e inmorales, hasta llegar a sofocar la opinión del pueblo para imponer su propio capricho, sacrificando los intereses nacionales en su provecho personal.
De tal manera, las fuerzas armadas de la Nación, al tomar sobre sí la tremenda responsabilidad de lanzarse a la lucha contra el tirano, hermanadas entre ellas y con el pueblo de que forman parte, no hicieron sino escuchar el clamor de la patria y las voces de la historia.
Por eso puede afirmarse –agregué en aquella oportunidad- que de esa unión de pueblo civil y pueblo armado, surgió un acto de auténtica voluntad social, expresada como reivindicación.
Esta revolución –nuestra Revolución Libertadora- ante la insólita situación de malversación de caudales públicos y violación de las normas de la moral, la ética y el derecho, por parte de numerosos funcionarios públicos del régimen, debió, como uno de sus primeros objetivos, crear un organismo de auténtico cuño revolucionario, a fin de determinar con la celeridad y eficacia que el momento imponía, los latrocinios e impudicias que el país sufriera durante la tiranía; fue así que nació como una verdadera necesidad pública, la Comisión Nacional de Investigaciones.
Necesario era indagar y documentar con toda premura las actividades de autoridades y funcionarios, así como las de sus cómplices directos e indirectos. A esa improba y delicada tarea dedicáronse con toda honradez y sensatez los miembros de la Comisión Nacional de Investigaciones y de las demás comisiones investigadoras, siendo un índice elocuente se su eficacia el cúmulo de pruebas reunidas, que ha permitido señalar a la opinión pública, que ya presentía esas anormalidades, los delitos e irregularidades cometidos y los nombres de sus autores.
El gobierno provisional, cuyos actos están en los principios e ideales que guiaran a los Constituyentes de 1853, con la sola limitación que impone el fiel cumplimiento de los objetivos de la Revolución Libertadora, concretados en su declaración de principios del 7 de diciembre de 1955, dotó a este alto organismo revolucionario que hoy da por finalizada su encomiable labor, de facultades y atributos de carácter excepcionales como el período por que está atravesando el país, a consecuencia, precisamente, del olvido y enervamiento de las prescripciones contenidas en aquella Carta Magna que presidió la organización nacional y regló durante casi un siglo la vida de nuestro pueblo.
Se han objetado los fundamentos legales de la Comisión Nacional de Investigaciones, llegándose a comparar la misma con las comisiones especiales proscritas por el artículo 18 de la Constitución del 53 y a aducir que usurpaba las atribuciones de los jueces naturales anteriores al hecho del proceso; nada más erróneo que ello, ya que la función de nuestro organismo ha sido la de investigar los hechos e imputarlos para luego remitir las actuaciones por el labradas a la justicia competente, a los fines de su ulterior juzgamiento.
También se ha expresado que las investigaciones de este organismo intranquilizaban al pueblo y lo mantenían en continuo sobresalto. Nada más exacto si el pensamiento hubiera sido completado diciendo que tal sensación sólo la experimentaban los delincuentes y quienes deseaban el ocultamiento de su pasada actuación. La mayoría, la inmensa mayoría del pueblo argentino, jamás temió a la Comisión Nacional de Investigaciones, como no teme al juez el inocente y el honesto.
Pero aún admitiendo la posibilidad de un escaso apartamiento de los lineamientos constitucionales vigentes en el momento de la revolución, no debemos olvidar que ésta no puede negarse a sí misma, como así tampoco puede dejar de tener presente que la letra de la ley no debe ni puede dificultar en emergencias supremas, la acción de quienes tiene por misión restablecer su propio imperio. No hubiera cabido otra actitud. La profundidad del mal causado, la honda inmoralidad existente, la desafiante actitud de los culpables, la implantación de una nueva era de corrección y el conocimiento por el pueblo de todo lo ocurrido, así lo exigieron.
Por otra parte, la justicia ordinaria, cuyos nuevos magistrados y funcionarios surgieron ungidos por el gobierno provisional, debía comenzar por reorganizarse y adquirir el ritmo revolucionario en la emergencia que vivimos, tareas más que absorbentes, para volver a infundir la confianza que otrora tuvo en ella el pueblo, confianza cuya destrucción pasará a la historia como uno de los mayores crímenes de la tiranía.
Pronto advertimos quienes tenemos la inmensa responsabilidad de conducir el movimiento restaurados de las libertades y la necesaria autoridad para hacerlo, que a pesar de la honorabilidad de los nuevos magistrados judiciales y de su vocación democrática, no podían cumplir sin demora aquellas tareas iniciales, atender los conflictos y asuntos de orden común y al mismo tiempo esclarecer con la rapidez que exigía la opinión pública la enorme masa de irregularidades, delitos e inmoralidades que caracterizaron al régimen desaparecido.
Por todo ello y no por falta de confianza en nuestros nuevos jueces, surgió como un imperativo revolucionario la Comisión Nacional de Investigaciones.
Mucho es lo descompuesto y corrompido, y por tanto, en la misma proporción se han ejercido las presiones para detener o entorpecer las investigaciones. No se ha cedido y de ello dará fe el Libro Negro de la Segunda Tiranía.
La Comisión Nacional de Investigaciones ha cumplido con los principios revolucionarios y ha desarrollado su cometido en forma brillante; la documentación por ella acumulada y el asesoramiento con que ha sido seguida por el pueblo su labor, son pruebas irrefutables de su real y positivo rendimiento. La justicia ha de completar su trabajo en todos aquellos casos de carácter delictuoso y la Fiscalía de la Junta de Recuperación Patrimonial ha de tener en sus archivos los elementos necesarios para representar y defender los intereses de la Nación y poder recuperar para la misma los bienes mal habidos.
Hoy el gobierno provisional quiere, por mi intermedio, testimoniar en este acto su profundo agradecimiento y reconocimiento a los miembros de la Comisión Nacional de Investigaciones y demás comisiones dependientes de la misma, por los importantes, desinteresados y patrióticos servicios prestados. Ello ha permitido reunir una importante y frondosa documentación, cuya verdadera magnitud recién habremos de ponderar al pensar que ha de servir para enseñar a las generaciones venideras la corrupción y la depravación que tuvo que soportar el país en manos de un tirano y demagogo, y habrá de constituirse en insoportable documento que sea valla infranqueable para que en el solar de los argentinos no exista alguna vez la posibilidad de implantar regímenes siniestros de ese género.
Señores miembros de la Comisión Nacional de Investigaciones: al cesar hoy en vuestras funciones, pueblo y gobierno argentinos os expresan su sentido reconocimiento por haber cumplido sin claudicación con vuestro patriótico deber.
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