Informe a la Comisión Nacional de Investigaciones del 7 de mayo de 1956.
Buenos Aires, mayo 7 de 1956
Al Señor presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones, contraalmirante don Leonardo McLean.
S/D
Cumplimos en dirigirnos al señor presidente a los efectos de elevar la memoria definitiva a la labor cumplida por esta Comisión Investigadora.
Atento a que por el decreto Nº 6.132/1956, la Comisión Nacional de Investigaciones y sus comisiones dependientes deben cesar en sus actividades, nos es necesario exponer ante todo que compartimos las expresiones del discurso que usted pronunciara en ocasión del acto de clausura. Realmente no hemos podido cumplir totalmente, por falta de tiempo, la labor investigativa que se nos encomendara. Este alto en marcha puede ser, sin lugar a dudas, hasta injusto, si se tiene en cuenta que muchas de las personas que cometieron irregularidades pueden quedar impunes, por no haberse aún logrado determinar con precisión su responsabilidad penal, aún cuando se vislumbre o se presuma con certeza que su conducta no ha sido correcta.
Si bien el contenido de esta Comisión resultará reflejado en las planillas adjuntas y en los datos estadísticos que se acompañan, queremos aprovechar esta oportunidad para reseñar, en líneas generales, nuestro cometido y las dificultades y circunstancias que gravitaron en las diversas y complejas tareas de investigación. En efecto, se han recibido 323 denuncias que, en su casi totalidad, han sido investigadas. Las mismas, aparte de su crecido número, presentan la dificultad de referirse, en muchos casos, como ya lo hiciéramos presente en nuestra memoria anterior, a hechos ocurridos en el interior del país o en el Gran Buenos Aires, atento a que la actividad de este Ministerio se desenvuelve distribuida por todo el país. Para ello las investigaciones relativas a hechos ocurridos fuera de la capital y el Gran Buenos Aires, se remitieron para su instrucción a las comisiones investigadoras de las provincias, donde ocurrieron los hechos denunciados, para practicar el correspondiente sumario y remitir posteriormente las conclusiones a que arribaron. Debemos hacer presente que hasta la fecha la mayoría de esos sumarios no han sido devueltos por lo que nada podemos informar de los resultados que puedan haberse obtenido en esas investigaciones, algunas de las cuales son, aparentemente de gran importancia.
Las denuncias recibidas cubren toda la gama posible de delitos e irregularidades, conteniendo asimismo algunas de ellas referencias a múltiples hechos. Sin embargo, por esa misma razón, ha sido preciso apreciarlas con criterio restrictivo, pues en muchos casos son producto de la imaginación o vehículo para venganzas personales (1). También respecto de las mismas y por razón de su materia, en algunos casos esta Comisión Investigadora ha decretado su incompetencia, remitiendo las actuaciones al Ministerio, como ha ocurrido con los reiterados pedidos de reposición o reconsideración, derivados a donde corresponda su atención. Asimismo, en otros casos, se comprobó lo informado de la denuncia y la imposibilidad material de acreditar los hechos que se referían, por cuyo motivo se ordenó el archivo de las actuaciones. En los casos en que la investigación efectuada resultó, simplemente la existencia de una irregularidad administrativa, sin transgresión alguna de las disposiciones de la ley penal, el sumario se remitió a la consideración del señor ministro de Asistencia Social y Salud Pública, para su conocimiento y a los efectos administrativos que estimare corresponden. Se ha considerado que, por hallarse el personal en comisión, podría adoptarse al respecto una medida de saneamiento necesaria y aleccionadora.
Las referidas actuaciones remitidas al Ministerio han acreditado fallas a la ética e incumplimiento a las obligaciones administrativas, así también actividades políticas aprovechando la función pública, arbitrariedades en el ejercicio de funciones directivas, acumulación indebida de cargos o ejercicio de los mismos sin títulos habilitantes. También se ha comprobado en otros casos la atención irregular de enfermos, la desaparición de efectos de propiedad del Ministerio, traslados y cesantías injustas, motivo de persecuciones políticas o fruto de delaciones; utilización de influencias políticas para obtener beneficios, favoritismo en las designaciones, uso indebido de automotores. Asimismo, se han hecho conocer deficiencias acreditadas en el cumplimiento de funciones prestadas por dependencias de este Ministerio, o irregularidades administrativas en establecimientos del mismo. La cantidad de personas citadas por esta Comisión, es, sin duda, uno de los elementos ilustrativos de importancia en la consideración de la labor cumplida por esta Comisión. Su número importa hasta el presente la cantidad de 975 personas que concurrieron a declarar ya sea como denunciantes, denunciados o testigos. Con respecto al conjunto de detenidos, que se mencionan en planilla adjunta, su cantidad es reducida pues, como ya lo dijimos en nuestra memoria anterior, esta Comisión entiende que debe obrarse en tal sentido con suma prudencia, para evitar las dificultades ya conocidas. Por ello las detenciones se han reducido a lo estrictamente necesario, de acuerdo a la conveniencia administrativa, cuando existía semiplena prueba de la comisión de algún delito por el imputado y, en algunos casos, efectuadas las detenciones se han cerrado de inmediato los sumarios con los elementos acumulados, para remitir las actuaciones y los detenidos a esa Comisión Nacional, para su ulterior traslado a la Justicia.
Pasaremos de inmediato a referirnos a las actuaciones elevadas a esa Comisión por estimar que en las mismas existía comprobada la comisión de un delito:
a) En primer término hacemos mención a la comprobación efectuada con motivo del allanamiento de la quinta Villa Antares de propiedad del ex ministro Ramón Carrillo. En dichas circunstancias se pudo comprobar que en la misma prestaban servicios con carácter permanente 4 insanos que, desde hacía más de 2 años, habían sido remitidos al lugar desde el Hospital Nacional de Neuropsiquiatría, lugar de su internación y tratamiento. Así también, se acredito en dicha oportunidad que los mismos eran controlados por el encargado de la quinta, quien percibía sueldo del ministerio para prestar esas funciones, y que continuó en la misma, aún después que el mencionado doctor Carrillo dejó sus funciones de ministro de Salud Pública. Como ya lo hicimos presente oportunamente los referidos insanos presentaban un aspecto andrajoso, por hallarse vestidos con restos del uniforme que usan los asilados en establecimientos para mentales, por lo que esta Comisión de inmediato dispuso su reintegro al lugar de origen. Continuadas las investigaciones al respecto se acreditó que en la construcción de la finca de la mencionada quinta, y en la instalación de su costosísimo paquete, motivo de otra investigación, habían intervenido numerosos insanos remitidos también diariamente desde el Hospital Nacional de Neuropsiquiatría. Todo ello motivó que las actuaciones de referencia se elevaran a la Comisión Nacional, a fin de que la justicia determinara la responsabilidad penal de los nombrados ex ministros Carrillo y Bevacqua, y también la del director y administrador del hospital mencionado, que habían prestado su colaboración y para el cumplimiento de tan ilegítimas e inhumanas tareas.
b) Esta Comisión comprobó asimismo que el ex ministro Carrillo, alegando razones de urgencia y con el pretexto de la habilitación de un centro sanitario, alquiló una finca propiedad de la señora Juana Elisa Duarte de Arrieta (2). A pesar de la urgencia mencionada, dicha finca no fue habilitada en un período de 3 años y recién en 1954, con el pretexto de la instalación del referido centro sanitario, se le entregó como vivienda a un médico a quien se designó director del mismo. A pesar de ello, el centro nunca fue habilitado ni funcionó. Como estos hechos revelaban un grave perjuicio económico para el Estado cuya responsabilidad debía atribuirse a los ministros intervinientes y a los funcionarios superiores que tuvieron conocimiento de irregularidades y al beneficiado, quien nunca prestó servicios reales y efectivos, a pesar de percibir su sueldo, las actuaciones se elevaron a esa Comisión Nacional para que la justicia determinara la responsabilidad penal consiguiente.
c) La utilización de vehículos, propiedad de este ministerio, por entidades o personas totalmente ajenas al mismo, fue también acreditada en la labor discriminada por esta Comisión Investigadora. Especialmente el Partido Peronista fue beneficiado con la disposición de gran parte de los autos, camiones y ambulancias, que quedaron desafectados del servicio para ser utilizados por la mencionada entidad política. También la CGT, recibió algunos vehículos, así como la “fundación” que llevaba el nombre de la esposa del ex dictador depuesto (3). En esta breve mención no podemos dejar de referirnos a la adjudicación de estos elementos a la nefasta Alianza Nacionalista, destacando a este respecto que uno de estos vehículos quedó totalmente destrozado con motivo de los acontecimientos que son del dominio público ocurridos durante la Revolución Libertadora. Asimismo, debemos recordar, como prueba de extralimitación en este sentido la ambulancia, propiedad del Estado, que se entregó a la actriz Josefina Baker para que la regalara a la Sociedad de Socorros Mutuos (4) de un pueblo vecino a esta Capital. Esta Comisión consiguió retrotraer al patrimonio del ministerio la casi totalidad de los vehículos que, con los fines mencionados, habían salido del mismo, los que, como es de imaginar, se encontraron en un precarísimo estado de conservación. Estas actuaciones también han debido ser remitidas a la justicia por esa Comisión Nacional.d) Es cuantioso el personal que esta Comisión pudo determinar que, percibiendo sueldos pagados del presupuesto de este ministerio cumplía funciones en unidades básicas (5) del partido peronista, o en las intervenciones regionales del mismo. Su nómina completa ha sido remitida a consideración del ministerio respectivo y asimismo las actuaciones se remitieron a esa Comisión Nacional, por entender que los ministros que habían adoptado dichas resoluciones habían cometido, sin duda, la malversación de caudales públicos que prevé el Código Penal, así como un evidente abuso de autoridad.
e) Con respecto a la investigación de irregularidades administrativas producidas en el tráfico y expendio de hojas de coca (6), las actuaciones practicadas permitieron apreciar en principio la violación de la ley Nº 12.919, por resoluciones contrarias a la ley indicada, que haría de aplicación al caso lo dispuesto por el artículo 248 del Código Penal, por la actuación que ha correspondido al dictarlas al ex ministro Carrillo, en presumible connivencia o participación con el único beneficiario, de tales resoluciones. En esta investigación también se acreditó una violación de la ley que reprime el monopolio, ya que prácticamente hubo un solo importador de hojas de coca desde 1951 hasta el año 1955. Esta situación se logró dificultando a otras personas la libre concurrencia en un ramo del comercio interior o exterior y mediante obstrucción del comercio y maniobras tendientes a impedir precios de competencia leal, con lo que se aumentó arbitrariamente las garantías de los que ejercieron tales actos, sin proporción con el capital efectivamente invertido. La intima relación existente entre el ex ministro Carrillo y su familia y el beneficiario de estas maniobras, así como la forma en que fueron realizándose los actos destacados, hacen presumir verosímilmente una coparticipación de ambos, en tales actos. En este sumario así mismo se habría acreditado en principio también una violación de la ley 11.309, sobre represión de la venta de alcaloides.
f) Esta Comisión también pudo acreditar que el ex ministro Carrillo había retirado de este ministerio diversos expedientes, que mantuvo en su poder hasta la oportunidad en que salió del país. Antes de hacerlo los entregó para su custodia a una persona de su íntima amistad. Algunos de esos expedientes se referían a actuaciones administrativas de gran importancia, entre ellas la relativa a la inscripción y cupo para la importación de hojas de coca. Este hacho significó sin duda, la sustracción y ocultación de documentos públicos incriminados por el Código Penal.
g) Se elevaron asimismo las actuaciones que acreditaron que en la Dirección General de Administración de este ministerio, funcionarios de la repartición efectuaban aserciones falsas en los expedientes relativos a liquidaciones de viáticos, a los efectos de que no hubiera inconvenientes para proceder al pago de los mismos. Se consideró en tal caso configurado el delito de falsedad en instrumentos públicos, en forma reiterada, en concurso con el de violación de los deberes de funcionario público.
Con respecto a la dirección de referencia ha podido acreditarse, asimismo, que tiene cuentas pendientes de rendición ante la Contaduría General de la Nación por más de m$n. 500.000.000, datando las mismas desde el año 1946. Como el delegado fiscal recién comenzó las observaciones respectivas en el año 1952, se puso esta circunstancia en conocimiento de la Comisión Investigadora en la referida Contaduría Nacional, a fin de que se adoptasen las medidas correspondientes y se determinasen las responsabilidades consiguientes.
h) Esta Comisión también pudo acreditar la estrecha vinculación de este Ministerio con la llamada Alianza Nacionalista. Especialmente se acreditó esta circunstancia con motivo de los sucesos revolucionarios ocurridos en el mes de septiembre pasado (7). Las actuaciones respectivas permitieron comprobar fehacientemente que, por orden del ex ministro Bevacqua, se remitieron al local central de la nefasta institución citada, frazadas y colchones pertenecientes al hospital Nacional de Neuropsiquiatría. Asimismo durante esos días se proveyó de alimentos a las personas pertenecientes a dicho grupo, con víveres del mismo hospital antes indicado, provisiones éstas todas en perjuicio de los insanos internados en dicho lugar.
i) Quedó también totalmente acreditado que por disposición de los ex ministros Carrillo y Bevacqua, cada uno de ellos en su oportunidad, se dispuso la remisión de numerosos elementos de propiedad de este Ministerio al Partido Peronista. A título de ejemplo recordaremos que las entregas correspondientes a un período de 8 meses del año 1954 alcanzaron a la suma de m$n. 1.736.045,30 lo que da una idea de la malversación de caudales públicos que pretendió encuadrarse bajo una faz legal apoyándose en el decreto Nº 27.576/50, que en le realidad de las cosas no logra justificar, por su alcance restringido, tal disposición de bienes del Estado. En dichas actuaciones se comprobó también que con motivo de la campaña electoral del referido año 1954, se proporcionaron al partido oficialista, sin cargo, vales por 200.000 litros de nafta. Así también la alimentación de las autoridades y fiscales peronistas, que actuaron en dicha elección, se efectuó con provisiones de este Ministerio.
j) Ha podido también acreditarse que en los años 1952/53/54 se asignaron al ministro de Asistencia Social y Salud Pública partidas para gastos reservados sin rendición de cuenta alguna. En total las mismas ascienden a la suma de m$n. 1.800.000, sin que haya podido encontrarse elemento alguno que permita determinar su inversión.
La Dirección General de Administración sólo pudo informar a esta Comisión, las sumas correspondientes a las entregadas parciales cuyos recibos correspondientes firmaron los ex ministros Carrillo y Bevacqua, o las personas que ellos autorizaron. La circunstancia de que ambos se encuentran prófugos ha impedido ahondar esta investigación.
k) Han sido numeradas las conclusiones que, con carácter reservado, se asignaron al personal, especialmente durante la gestión del doctor Carrillo. La exhaustiva investigación a este respecto, que significó tomar declaración a ciertos de personas que habían actuado en tal carácter, permitió determinar que, en la mayoría de los casos, se trata de simples actos de favor destinados a beneficiar con viáticos a amigos o protegidos del ex ministro citado. Así ha quedado acreditado que gran parte de estas comisiones se cumplieron en lugares de veraneo o de turismo, así como en las termas de Rio Hondo, donde reiteradamente se envió, aparentando una inspección, a personas sin título alguno, para cumplir tal cometido las que en sus declaraciones confiesan simplemente que concurrieron al lugar para hacer una cura termal.
Recordemos también a este respecto que a sus choferes, y a otro personal, que colaboraba al lado del doctor Carrillo, éste los hacía figurar durante uno o dos meses del año como cumpliendo comisiones reservadas y liquidándoles el viático correspondiente, como una compensación al sueldo que percibían. Todo esto implicó disponer arbitrariamente de los dineros del Estado, con finalidades injustificadas o injustificables, debiendo responsabilizarse a quien lo autorizó o lo dispuso, por el delito de malversación de caudales públicos.
l) La Colonia Cerdá, fue objeto de una investigación exhaustiva, a cuyo fin personal de esta Comisión se constituyó en el lugar, para poder actuar con más eficacia. Aparte de las irregularidades administrativas advertidas que fueron puestas en conocimiento de las autoridades de este Ministerio pudo acreditarse la comisión de delitos que consistieron en disponer de efectos pertenecientes al Estado y asignados a la colonia, para fines diversos o beneficio de personas o instituciones. Entre otras cosas se hicieron figurar como dadas de baja por su utilización placas radiográficas, medicamentos o antibióticos, que eran sacados del lugar con otros destino, por orden –según se ha comprobado- del ex ministro Carrillo, el ex secretario general del Ministerio Spinelli y la participación y connivencia del personal del establecimiento. También con esta misma finalidad se dieron de baja, alegando encontrarse fuera de uso, numerosos muebles y efectos que en algunos casos ni siquiera realmente fueron introducidos en el lugar. Se acreditó, asimismo la utilización de enfermos en tareas que, con un aparente pretexto de laborterapia, significaban un beneficio personal para funcionarios del Ministerio o personas de su vinculación (8). Con relación a los víveres de la colonia también se ha acreditado que autoridades de la referida colonia los retiraba y disponía en su provecho personal y en el de terceros.
m) En la Colonia Cabred, también se constituyó una comisión, a efectos de investigar las numerosas denuncias de irregularidades ocurridas en la referida institución. Si bien a su respecto aún no ha podido concluirse la investigación de todas estas denuncias, esta Comisión por su complejidad, paralizó el trabajo y ha elevado las conclusiones de algunas irregularidades delictuales. Entre ellas debemos mencionar la liberalidad con que se disponía de la carne faenada en el lugar y cuyo destino era proveer a las necesidades de las instituciones asistenciales, dependientes del Ministerio. En tal sentido recordamos que se ha comprobado que el ex ministro Carrillo, familiares de la esposa del ex presidente depuesto (9) y otros altos funcionarios del Ministerio, enviaban semanalmente sus automóviles para retirar la misma, contando para tal fin con la connivencia y complicidad de autoridades del Ministerio y de la colonia. Se comprobó también que el nombrado Carrillo, con motivo de la visita de un funcionario del gobierno francés, dispuso el envío de 30 vacunos correspondientes a la Colonia Cabred. Como ya lo hemos dicho se dispuso también la remisión de carne para la alimentación de elementos de la Alianza o para actos políticos electorales. En esta colonia, se comprobó asimismo que, con materiales sacados dolosamente de la misma y con personal de alienados, construyeron fincas autoridades del instituto y altos funcionarios del Ministerio, fraguándose para disimular esta circunstancia documentos y constancias internas.
n) La adquisición de muebles por parte del ministerio a una firma comercial de la íntima vinculación de la familia Carrillo, permitió también acreditar; prima facie, la existencia de irregularidades que pudieron tipificar un delito por parte de aquel. En efecto, entre otras cosas cabe advertir que la negativa por un empleado a recibir los referidos muebles, por no encontrarse en las condiciones especificadas en el pliego respectivo, motivó su separación del Ministerio. Se acreditó también que la empresa de mención regaló muebles similares a los que adquirió el Ministerio al mencionado ex ministro, hecho que esta Comisión pudo acreditar con motivo de los allanamientos efectuados en las propiedades del nombrado en esta Capital y en Adrogué.
o) La investigación practicada en la Obra Social del Ministerio puso de manifiesto que para poder determinar exhaustivamente las múltiples irregularidades allí existentes, la actividad investigativa demoraría muchísimo tiempo, puesto que, fundamentalmente, las mismas derivarían de innumerables pericias contables. Sin embargo, la parcial investigación realizada permitió acreditar irregularidades en materia de turismo social, especialmente en contratación de hoteles, y su utilización por personas que no eran beneficiarios de la Obra Social. Lo mismo ocurrió con el expendio de pasajes; lo que se hizo sin discriminación en cantidades que exceden de las posibilidades económicas de la institución.
Estos sumarios que hemos resumido en las párrafos precedentes son, como advertimos, aquellos en que la investigación se ha podido concluir y acreditar la existencia de irregularidades. Han quedado, desde luego, otros sumarios en trámite sin poderse concluir la investigación, los que se elevan en la fecha a la Oficina de Desconcentración de esta Comisión, confiando en que loe elementos acumulados puedan ser aprovechados para continuar las mismas y determinar las responsabilidades consiguientes. El factor tiempo, que tanto incide en el trabajo ha sido sin duda uno de los mayores obstáculos para lograr el propósito final que perseguimos. Las investigaciones han sido sumamente complejas. Se ha tropezado con graves dificultades para acreditar realmente lo acontecido. La clásica táctica del delincuente de hacer múltiples cómplices para todos ellos ocultarse entre si, por su interés común, ha sido usada frecuentemente, perturbando así el propósito de comprobación perseguido. Agreguemos a ello la circunstancia de hallarse fuera de la jurisdicción de esta Comisión los dos principales implicados, Carrillo y Bevacqua, uno en el extranjero y el otro asilado en una embajada, lo que significó un obstáculo de importancia, especialmente porque al encontrarse en tal situación de privilegio sus probables copartícipes tienden a derivar en los mismos toda responsabilidad o inculpación. Esta Comisión solicitó la captura del primero; con respecto a Bevacqua se ha opuesto a que se le conceda el salvoconducto, por hallarse ambos implicados en múltiples hechos comprobados y en otros que aún se encuentren en trámite de investigación.
No han podido concluirse por las razones antes expuestas dos de las investigaciones que podrían haber llegado a la comprobación de negociados de importancia. Uno de ellos, relativa a las construcciones sanitarias, por su volumen y por sus apariencias legales, ha presentado obstáculos casi insalvables hasta el momento. En efecto, la circunstancia de que la ley de Construcciones Sanitarias permitiera al Consejo que ella creara; eludir la ley de Contabilidad y, por su artículo 8º, le permitiera con toda amplitud “adquirir, licitar, contratar la ejecución, ejecutar y mandar a ejecutar todas las construcciones y habilitaciones, materiales sanitarios y urbanísticas del ramo”, completada por el decreto reglamentario, que también en el citado artículo 8º, inciso e), le permitía usar “el sistema que considere más conveniente para acelerar el plan de obras públicas, revela que al amparo de estas disposiciones pudieron justificarse contrataciones sumamente sospechosas. Esta investigación permitió acreditar que algunas de las más importantes obras fueron adjudicadas a un arquitecto, hermano de uno de los miembros del consejo, o también que otras obras se realizaron por personas profesionalmente vinculadas con algunos miembros del mismo. Los informes técnicos permiten acreditar aspectos que pudiéramos llamar descabellados o inconsultos del citado plan, como ser que teniendo un presupuesto total de $ 1.100.000 se proyectara un paquete sanitario nacional por un valor de $ 350.000.000, de imposible realización por el momento, pero que por su proyección hubo que pagar cuantiosos honorarios en proporción del monto total indicado. Algunas de estas construcciones se realizaron sin tenerse en cuenta las posibilidades de la zona. Así diremos que para habilitar una de ellas y cumplir un solo turno no hubieran bastado todos los médicos de la provincia en la cual se iba a realizar. En otros casos, la construcción se realizó a corta distancia de otras obras monumentales de la fundación que llevaba el nombre de la esposa (10) del dictador depuesto, y que éstas, por si solas, cubrían las necesidades sanitarias de la zona. Todo esto sin entrar a expresar también que en muchos casos la realización fue precaria, advirtiendo que en un hospital cuando se pusieron las camas se derrumbó el piso que las sostenía.
Esta Comisión estima que si en esta investigación no se llegaron a determinar responsabilidades culpables de sus principales partícipes, habría por lo menos que enjuiciar a los legisladores que facilitaron, con el texto ya referido, que llegaran a concretarse hechos como los mencionados.
La opinión pública y las denuncias recibidas, aunque poco precisas, fueron suficientes como para que esta Comisión se abocara a la investigación de las irregularidades administrativas que podrían haberse producido en la Dirección General de Industrias Sanitarias y farmacia.
Se ha tropezado con grandes y graves dificultades no sólo por la vaguedad de las denuncias sino por haber chocado con la reticencia y ocultamiento en que naturalmente incurrían los denunciantes y los testigos, ya fueran empleados del Ministerio o ya fueran representantes de los laboratorios.
Se han tomado muchas declaraciones, y con la colaboración del personal especializado de la Dirección General Impositiva, que se los adscribiera a esta Comisión, estaba realizando una investigación en uno de los principales laboratorios, aparte de haberse solicitado diversos informes. Del conjunto de piezas acumuladas hasta la fecha se puede suponer que en la actuación en el Ministerio de funcionarios del régimen peronista se habrían cometido las siguientes irregularidades:
1º. – Concesión a favor de determinados laboratorios de monopolio referente a determinadas actividades y productos.
2º. – Irregularidades en la tramitación administrativa de expedientes respecto a aprobación de productos, su propaganda y liberalidad para declararlos de venta libre.
3º. – Irregularidades en el trámite sobre apertura de farmacias;
4º. – Precio de venta excesivo en los productos medicinales respecto a su valor en el mercado internacional.
De las investigaciones realizadas a la fecha en que se ordenó el cese de las Comisiones investigadoras, se permite suponer que podrían haber existido además de irregularidades administrativas, los delitos previstos por la ley Nª 12.906 de represión de la especulación y el monopolio, y del Código Penal de los artículos 265 negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 256 cohecho, 248 y siguientes violación de los deberes de funcionario público, 210 asociación ilícita, y habría numerosos copartícipes, cómplices y encubridores.
Quedaron también entre los hechos de importancia con investigación incompleta, la determinación de irregularidades en las licitaciones de Parques y Jardines realizada por una importante firma comercial, a quien por un contrato “sui géneris” (11) se le proporcionaba, por la Colonia Cabred, alienados para la prestación de servicios en sus viviendas particulares. Así también, como ya lo dijimos algunas otras irregularidades de la Colonia Cabred, las denuncias en la Colonia Sommer, el trámite irregular usado para el otorgamiento de carnet de visitantes médicos, la irregularidad en la provisión de elementos por la Dirección de Higiene y Medicina Infantil y otras licitaciones de efectos efectuada a una de las casas más importantes de artículos sanitarios y de óptima de plaza. Tollo ello, sin mencionar asimismo, como lo dijéramos precedentemente, otras múltiples irregularidades ocurridas en el interior del país que fueron giradas a las comisiones provinciales respectivas y que no hemos recibido en devolución.
Como lo expresáramos en nuestra memoria anterior y, a mayor abundamiento, repetimos que el obstáculo mayor se encuentra en el hecho de que las empresas o personas que han tenido que ceder a la coima del funcionario, o que en muchos casos la buscaron para obtener el logro de sus propósitos, no pondrán de manifiesto tales circunstancias pues, bien saben, que son partícipes en el cohecho. Además, no existe como es natural, constancia documentada al respecto, el inconveniente se torna particularmente insuperable. En múltiples casos se vislumbró que el procedimiento, la concesión o la franquicia debieron originarse en un trámite irregular, una presión, o una dádiva pero como generalmente también no dejó ello de ser una simple presunción que no alcanzó a reunir los requisitos conocidos de grave, precisa y concordante.
A pesar de las dificultades apuntadas y, precisamente, por tales dificultades, esta Comisión está satisfecha de la labor cumplida. Los hechos comprobados han permitido ya incriminar y marcar a los principales autores y partícipes. Muchos delitos se han evidenciado y en otros se han aportado los medios necesarios para llegar a su incriminación. Se han puesto de manifiesto ante el Ministerio innúmeras irregularidades e incorrecciones administrativas, para adoptar a su respecto las medidas respectivas pero, por sobre todo, se han puesto de manifiesto los delitos, las irregularidades y las incorrecciones para demostrar lo que era la práctica frecuente del nefasto régimen peronista depuesto. Si tal vez no hemos podido en todos los casos señalar delitos que tal vez existieron y que no han podido acreditarse, hemos sin embargo podido individualizarlos y señalarlos para el futuro. Creemos necesario mostrar con la evidencia todas estas lacras, para que los que creyeron y aún siguen creyendo en ellos, conozcan los pies de barro de estos falsos ídolos. Es preciso marcarlos definitivamente, porque al marcarlos a ellos se marca a todo el régimen peronista ante cuyo recuerdo las generaciones futuras deben ver una advertencia, para no dejarse engañar. Es preciso que recuerden lo ocurrido como el trasunto de una época nefasta y oprobiosa por la que el país ha pasado y que nunca debe volver a repetirse Dios mediante.
No deseamos señor presidente cerrar esta relación sucinta de la cuantiosa tarea que con patriótico empeño se impuso esta Comisión, sin destacar muy especialmente la colaboración prestada por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, que facilitó a esta Comisión el cumplimiento eficaz de todas las medidas a su alcance. No sólo se facilitó local adecuado, con todos sus implementos, sino que se dotó también de suficiente personal, dándose trámite preferencial a la que esta Comisión solicitara. Destacamos también la ayuda económica prestada, que permitió subvenir las necesidades más urgentes y compensar también la labor diligente del personal sumariamente que activamente colaboró con esta comisión. Como lo dijéramos en nuestra memoria anterior, la armonía entre autoridades administrativas de esta casa y esta Comisión ha sido, sin duda, uno de los medios más eficaces para lograr los propósitos de investigación y de saneamiento en que todos nos hallamos empeñados.
Por eso hacemos un deber de honor y de caballerosidad en ponerlo expresamente de manifiesto, solicitando al señor presidente haga llegar al señor ministro doctor Francisco Martínez y a su activo y eficaz subsecretario, doctor Francisco Elizalde, la expresión más sincera de nuestro más íntimo reconocimiento.
Estimando que con lo expuesto y con el cometido de las planillas adjuntas quedará el señor presidente y esa Comisión Nacional suficientemente informados de la labor cumplida, nos complacemos en hacerle llegar a toda ella por su intermedio nuestro saludo, así como también nuestro muy especial y sentido reconocimiento. Dios guarde al señor presidente.
Julio Martínez Vivot.
Presidente.
NOTAS:
(1) Ver nota 2 del primer informe. (Nota del transcriptor).
(2) Hermana de la segunda esposa del ex presidente Juan D. Perón la “Señora” María Eva. Ibarguren (Duarte) de Perón. (Nota del transcriptor).
(3) Juan Domingo Perón. (Nota del transcriptor).
(4) Véase la Carta del ex ministro de Asistencia Social y Salud Pública Dr. Ramón Carrillo que envió al ex presidente Juan D. Perón en oportunidad de la visita al país de la bailarina Josefina Baker “huésped oficial” del régimen peronista. (Nota del transcriptor).
(5) Nombre de los locales partidarios del “Partido Peronista”. (Nota del transcriptor).
(6) Con las que se prepara una infusión o se las mastica para evitar el malestar llamado “apunamiento” en el Noroeste argentino. (Nota del transcriptor).
(7) de 1955. (Nota del transcriptor).
(8) Es sabido que durante la noche trágica en que Perón mando quemar la bandera argentina, la curia y los templos católicos -16 de Junio de 1955- fueron llevados insanos a dichos lugares para vestirlos con los ornamentos sacerdotales y soltarlos por las calles de Buenos Aires con un aberrante propósito blasfemo durante la persecución religiosa iniciada por el peronismo. (Nota del transcriptor).
(9) Se refiere a la segunda esposa del ex presidente Perón; la “Señora” María Eva Ibarguren (Duarte) de Perón. (Nota del transcriptor).
(10) Se refiere a la segunda esposa de Juan domingo Perón. Se trata de la ex Fundación “Eva Perón”. (Nota del transcriptor).
(11) “Sui géneris” del latín único en su tipo, género o especie.
Fuente: Documentación Autores y Cómplices de las Irregularidades Cometidas durante la Segunda Tiranía – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de la Nación - Tomo 1 – año 1958 – páginas 997 a 1006).
