Comisión
Nº 22
Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF)
Miembros:
Presidente:
Doctor Eduardo C. Amaro Pourciel
Vocales:
Señor Alfredo Ferreira – Capitán de fragata Mario Pavazza – Doctor Germán López
– Ingeniero Mario Aranguren – Doctor Andrés López Accotto.
Buenos Aires, 13
de abril de 1956.
Nota
al Señor. Presidente de la Comisión Nacional Investigadora, contraalmirante
(R.A.) Leonardo McLean.
S/D
De nuestra
consideración:
Tenemos el agrado de
dirigirnos al señor presidente, elevando a consideración de esa Comisión
Nacional el informe de esta Comisión Investigadora en YPF, sobre la labor
realizada en cumplimiento de su cometido.
Antes de entrar en
materia, deseamos hacer una previa referencia a las circunstancias relacionadas
con nuestra instalación, al solo objeto de poner de manifiesto las precarias
condiciones materiales en que debimos dar cumplimiento a nuestras tareas (1).
En efecto, en la administración de YPF se chocó con serias dificultades para
proporcionar a esta comisión las oficinas y espacios de trabajo que le eran
necesarios, al punto que no siendo posible darle ubicación en el edificio
principal de YPF, se la ubicó en dos oficinas del edificio anexo, en la avenida
Presidente Roque Sáenz Peña Nº 846, 4º piso, oficinas 405/6, cuyas comodidades
no fueron ampliadas, no obstante los reiterados requerimientos que formulamos.
No es propósito de esta
Comisión abundar en las circunstancias que dificultaron su trabajo material
como consecuencia del incómodo que se le ofreció para atender su labor. Deja
simplemente apuntado el hecho al solo efecto de que se lo tomó en cuenta al
considerarse la forma en que debió cumplir la importantísima tarea a su cargo.
A lo expuesto debe
agregar asimismo los inconvenientes derivados de la falta de personal. En
efecto, sólo contó con una taquidactilógrafa que se incorporó a los pocos días
de instalarse esta Comisión. A pesar de los insistentes reclamos que hicimos
llegar ante esa Comisión Nacional, no fue posible obtener un refuerzo de
personal por parte de la misma. Recién el día 2 de febrero, se le ha cedido por
YPF un empleado dactilógrafo, que desde luego no alcanza, con la
taquidactilógrafa a la que se hizo referencia, a cubrir satisfactoriamente las
pertenecientes necesidades de esta Comisión.
Fue propósito inicial
de la Comisión y motivo de especial preocupación desde el comienzo, el lograr
organizar en forma jerarquizada por su importancia, las investigaciones que
debió practicar.
No escapó en ningún
momento a su criterio, la importancia y trascendencia de la función que le ha
sido encomendada. Esta Comisión se vio abocada a la gigantesca tarea de
investigar las posibles irregularidades administrativas en que se hubiese
incurrido durante la admiración del régimen depuesto y al mismo tiempo tratar
de responder al angustioso interrogante que, junto con ella, indudablemente se
planteaba la opinión pública acerca de cuáles eran las razones y en virtud de qué
circunstancias YPF –que indudablemente se ha constituido en una institución que
bien puede considerarse columna vertebral de la economía del país- había sido
arrastrada a la lamentable situación que llegó a involucrarse para justificar
la entrega del patrimonio que representa la riqueza del subsuelo nacional a
organizaciones indudablemente divorciadas de los auténticos intereses del país.
A los efectos de la
mejor distribución y organización de tareas fueron designadas subcomisiones
encargadas de investigar las posibles irregularidades cometidas en las
dependencias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ubicadas en el interior del
país.
Dichas subcomisiones se
constituyeron en las ciudades de Mendoza, La Plata –que a su vez destacó un
grupo de sus miembros para que actuase en el Laboratorio de Investigaciones de
Florencio Varela-, y Salta. A las mismas debe agregarse la Subcomisión
designada por esa Comisión Nacional de Investigaciones para que actuase ante
las dependencias de YPF en Plaza Huincul (Neuquén).
Adjunto se agregan dos
informes producidos con fecha 7 de enero y 1º de febrero por la Subcomisión
Mendoza, elevados ambos a esa Comisión Nacional, en su momento. Del Segundo de
dichos informes, 4 copias mimeografiadas, solicitando se autorizara a la
Subcomisión informante lo diese a publicitar, en virtud de reclamaciones que insistentemente
se le formulaban por parte del periodismo local. Sin ánimo de entrar a la
consideración de las conclusiones que surgen de dichos informes en cuanto los
mismos son suficientemente explicativos de por sí, señalamos la importancia de
los hechos investigados, en cuanto ponen en evidencia un clima y una subversión
que indudablemente requieren un inmediato correctivo por vía de las autoridades
nacionales. Ello sin perjuicio de dar oportuna intervención a la justicia para
que tome a su cargo la formación de procesos que exigen las irregularidades
administrativas verificadas en las dependencias de YPF en Mendoza. Estimamos
obvio extendernos sobre el trabajo producido por la Comisión Mendoza a cuyo
respecto simplemente nos remitimos a lo que en él se expresa.
Agregamos asimismo, el
informe que sobre sus actividades hasta la fecha nos ha hecho llegar la
Subcomisión La Plata, del que podemos decir o repetir lo dicho, en cuanto al
informe producido por la Subcomisión Mendoza. En capítulo aparte acompañamos un informe relacionado con las tareas
investigadoras cumplidas ante el Laboratorio de Investigaciones de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales en Florencio Varela.
En cuanto se refiere a
la Subcomisión Investigadora en Salta, ha quedado constituida en reciente
fecha. La misma hará llegar directamente a esa Comisión Nacional su informe.
Queda finalmente el
análisis de los trabajos realizados por la Subcomisión designada para actuar en
Plaza Huincul. Dicha Subcomisión se
trasladó oportunamente hasta ese lugar donde también llegó a la comprobación de
numerosas irregularidades de las que se da cuenta en el informe que también por separado acompañamos, junto con los
respectivos expedientes debidamente informados.
El conocimiento de los
hechos que está Comisión ha reunido hasta el presente le permite afirmar que la
trayectoria de YPF, cumplida desde el año 1943 hasta la fecha, muestra una
curiosa línea de acción que concurre a incapacitar moral, financiera y técnicamente
a esta reparación. Bastaría mencionar las exoneraciones en masa producidas
durante la administración Albariños, que separó de YPF sin causales valederas,
a muchos técnicos en cuya formación el Estado había invertido ingentes sumas de
dinero y a quienes correspondía sin duda alguna la dirección técnica de la
exploración petrolífera, en sus múltiples aspectos.
Esta segregación de
personal especializado y experimentado, que tuvo su más acabada expresión
durante la administración mencionada y que ha continuado interrumpidamente,
significando un drenaje humano que, al par que sustraía a la organización
elementos capaces, iba dando cada vez con más énfasis, el carácter dominante
que esta Comisión ha tenido oportunidad de constatar en todos los estrados de la
organización: una absoluta incapacidad de reacción frente a los hechos reñidos
con la ética y con el buen quehacer técnico.
Por ello se explica por
ejemplo, que el laboratorio de Investigaciones de YPF, del cual se supone deben
salir procesos mejorados, técnicas perfeccionadas y el aprovechamiento cada vez
mayor de las riquezas potenciales del petróleo, sólo hayan salido dirigentes
gremiales con envergadura propia –en muchos casos- de individuos que actúan
marginando, cuando no infringiendo abiertamente, las normas penales. Ellos
fueron los dirigentes gremiales que invocaron la falta de adhesión política al
régimen imperante por parte de los técnicos del laboratorio, para consumar persecuciones
y exoneraciones que liquidaron prácticamente el panel de investigaciones.
Así se explica
igualmente que el Consejo Económico negara reiteradamente los recursos
necesarios para la modernización de los equipos y para la formulación de
amplios planes de producción, facilitándolos en cambio con desmedida
generosidad, a supuestos hombres de empresa que muchas veces evidenciaron
carecer de responsabilidad técnica y moral.
Ante este lamentable
panorama, es fácil explicarse, entonces, la existencia de una delegación
gremial que actuó sin limitaciones de ninguna naturaleza, sin freno de ningún
tipo. Que apostrofaba públicamente, desde administrador abajo, a todo el
personal superior de YPF, que en la mayoría de los casos mostró una tolerancia
injustificable, susceptible, cuando menos, de las sanciones con que la ley
castiga la violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Con referencia a este
tema que proporciona la actuación de los dirigentes sindicales en la
administración de YPF, debemos anotar la reflexión que frente a los hechos
constatados nos sugiere la actual actitud de muchos funcionarios de la
repartición. Derrocado el régimen peronista y procesados sus personeros, son
muchos los funcionarios que al amparo del sigilo con que actuaron, pretenden
hoy exhibir una vocación democrática y una adhesión revolucionaria que pocas
veces logran justificar sus propios antecedentes. Por ello reiteradamente se
esfuerzan en poner de manifiesto los choques que en su condición de
funcionarios tuvieron con los dirigentes gremiales, pretendiendo atribuir este
formal desentendimiento a una oposición al régimen que nunca se preocuparon de
concretar en hechos que la evidenciaran.
Si bien es cierto que
efectivamente se dio ese choque entre funcionarios y dirigentes gremiales, esta
Comisión entiende que el mismo sólo fue una expresión más de las luchas
intestinas que miraron y dieron relieve a las supuestas virtudes del régimen
peronista. Ese mismo espectáculo se dio de igual manera en las distintas
organizaciones que apoyaron incondicionalmente al peronismo. Hubo luchas de
dirigentes gremiales peronistas que apetecían los cargos representativos, y la
hubo también en el propio seno de sus grupos parlamentarios, en donde
igualmente y como es de público conocimiento, se plantearon serias dificultades
por los sectores obreros frente a los sectores políticos que simultáneamente
aspiraban a la hegemonía y conducción de los respectivos bloques. Esto mismo
ocurrió en YPF entre dirigentes gremiales y funcionarios, con la particularidad
de que aquí se dio la airada reacción de dichos funcionarios que sintieron su
autoridad menoscabada, cuando no francamente resentidos por la injerencia
notoria del sindicato en resoluciones que eran de exclusivo resorte de
aquellos.
Abona lo dicho en
coincidencia con que ambos grupos se manifestaron en cuanta oportunidad se puso
en juego lo que ellos entendían como la suerte de su propia causa. Solo así
puede comprenderse que el secretario general de SUPE, ex diputado Pedro Gomis,
pudiera permitirse el disponer la reunión de grupos de funcionarios y
profesionales, según categorías, para dirigirles la palabra en los términos
ramplones en que lo hizo el día 31 de agosto próximo pasado –fecha de la
conocida renuncia del ex presidente (2)- y cuyas copias taquigráficas
oportunamente se elevaron a esa Comisión Nacional de Investigaciones en el
expediente Nº 22/33, sin que ninguno de los funcionarios presentes insinuara
una reacción.
Esta Comisión ha
elevado a la Comisión Nacional de Investigaciones, debidamente informados, los
expedientes 22/1, 22/2, 22/3, 22/9, 22/10, 22/13, 22/15, 22/21, 22/32, 22/33,
22/43, 22/46, 22/58, 22/59, 22/95, 22/98, 22/99, 22/102, 22/103, 22/108,
22/109, 22/110, 22/112, 22/115, 22/117, 22/121,22/122 y 22/134; en cada uno de
los cuales se pusieron de relieve las conclusiones resultantes de las
respectivas actuaciones. Pasemos a referirnos a las más importantes
comprobaciones efectuadas en forma de síntesis.
Expediente 22/21
Expediente 22/32
Expediente 22/33
Expediente 22/46
Expediente 22/58
Expediente 22/95
Expediente 22/99
Expediente 22/102
Expediente 22/112
Conclusiones
Notas:
(1) Son muchas las
comisiones que investigaron la tiranía peronista que reiteradamente comentan
dificultades de orden material: Falta de espacio, falta de materiales, insumos,
personal, etc. esto se debe al estado en que el peronismo dejo al país. La
monumental corrupción organizada por los jerarcas de ese régimen, sistema
permitido por Perón que permitía robar a sus subalternos a fin de poder él
robar mucho más, hicieron que al momento en que asume el gobierno provisional
la Revolución Libertadora casi no tuviera recursos para gobernar. Esto mismo
sufrieron los gobiernos subsiguientes. La otra razón de queja es la falta de
cooperación de los entes investigados, esto se debe a varias causas, la
principal fue la falta de idoneidad que tenían los funcionarios que el
peronismo contrató para desarrollar las tareas. Ya que para el régimen
peronista, la idoneidad para el cargo estaba subordinada a la obsecuencia
partidaria. (nota del transcriptor).
(2) Se trata de Juan
Domingo Perón y su renuncia ante las fuerzas armadas.
Fuente:
Documentación Autores y Cómplices de las Irregularidades Cometidas durante la
Segunda Tiranía – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de la
Nación - Tomo 2 – año 1958 – páginas 635 a 640).