Comisión 22 YPF Nota al Presidente de la Comisión Nacional Investigadora, contraalmirante (R.A.) Leonardo McLean 13-4-1956


Comisión Nº 22
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

Miembros:
Presidente: Doctor Eduardo C. Amaro Pourciel
Vocales: Señor Alfredo Ferreira – Capitán de fragata Mario Pavazza – Doctor Germán López – Ingeniero Mario Aranguren – Doctor Andrés López Accotto.



Buenos Aires, 13 de abril de 1956.
Nota al Señor. Presidente de la Comisión Nacional Investigadora, contraalmirante (R.A.) Leonardo McLean.
S/D
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente, elevando a consideración de esa Comisión Nacional el informe de esta Comisión Investigadora en YPF, sobre la labor realizada en cumplimiento de su cometido.
Antes de entrar en materia, deseamos hacer una previa referencia a las circunstancias relacionadas con nuestra instalación, al solo objeto de poner de manifiesto las precarias condiciones materiales en que debimos dar cumplimiento a nuestras tareas (1). En efecto, en la administración de YPF se chocó con serias dificultades para proporcionar a esta comisión las oficinas y espacios de trabajo que le eran necesarios, al punto que no siendo posible darle ubicación en el edificio principal de YPF, se la ubicó en dos oficinas del edificio anexo, en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nº 846, 4º piso, oficinas 405/6, cuyas comodidades no fueron ampliadas, no obstante los reiterados requerimientos que formulamos.
No es propósito de esta Comisión abundar en las circunstancias que dificultaron su trabajo material como consecuencia del incómodo que se le ofreció para atender su labor. Deja simplemente apuntado el hecho al solo efecto de que se lo tomó en cuenta al considerarse la forma en que debió cumplir la importantísima tarea a su cargo.
A lo expuesto debe agregar asimismo los inconvenientes derivados de la falta de personal. En efecto, sólo contó con una taquidactilógrafa que se incorporó a los pocos días de instalarse esta Comisión. A pesar de los insistentes reclamos que hicimos llegar ante esa Comisión Nacional, no fue posible obtener un refuerzo de personal por parte de la misma. Recién el día 2 de febrero, se le ha cedido por YPF un empleado dactilógrafo, que desde luego no alcanza, con la taquidactilógrafa a la que se hizo referencia, a cubrir satisfactoriamente las pertenecientes necesidades de esta Comisión.
Fue propósito inicial de la Comisión y motivo de especial preocupación desde el comienzo, el lograr organizar en forma jerarquizada por su importancia, las investigaciones que debió practicar.
No escapó en ningún momento a su criterio, la importancia y trascendencia de la función que le ha sido encomendada. Esta Comisión se vio abocada a la gigantesca tarea de investigar las posibles irregularidades administrativas en que se hubiese incurrido durante la admiración del régimen depuesto y al mismo tiempo tratar de responder al angustioso interrogante que, junto con ella, indudablemente se planteaba la opinión pública acerca de cuáles eran las razones y en virtud de qué circunstancias YPF –que indudablemente se ha constituido en una institución que bien puede considerarse columna vertebral de la economía del país- había sido arrastrada a la lamentable situación que llegó a involucrarse para justificar la entrega del patrimonio que representa la riqueza del subsuelo nacional a organizaciones indudablemente divorciadas de los auténticos intereses del país.
A los efectos de la mejor distribución y organización de tareas fueron designadas subcomisiones encargadas de investigar las posibles irregularidades cometidas en las dependencias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ubicadas en el interior del país.
Dichas subcomisiones se constituyeron en las ciudades de Mendoza, La Plata –que a su vez destacó un grupo de sus miembros para que actuase en el Laboratorio de Investigaciones de Florencio Varela-, y Salta. A las mismas debe agregarse la Subcomisión designada por esa Comisión Nacional de Investigaciones para que actuase ante las dependencias de YPF en Plaza Huincul (Neuquén).
Adjunto se agregan dos informes producidos con fecha 7 de enero y 1º de febrero por la Subcomisión Mendoza, elevados ambos a esa Comisión Nacional, en su momento. Del Segundo de dichos informes, 4 copias mimeografiadas, solicitando se autorizara a la Subcomisión informante lo diese a publicitar, en virtud de reclamaciones que insistentemente se le formulaban por parte del periodismo local. Sin ánimo de entrar a la consideración de las conclusiones que surgen de dichos informes en cuanto los mismos son suficientemente explicativos de por sí, señalamos la importancia de los hechos investigados, en cuanto ponen en evidencia un clima y una subversión que indudablemente requieren un inmediato correctivo por vía de las autoridades nacionales. Ello sin perjuicio de dar oportuna intervención a la justicia para que tome a su cargo la formación de procesos que exigen las irregularidades administrativas verificadas en las dependencias de YPF en Mendoza. Estimamos obvio extendernos sobre el trabajo producido por la Comisión Mendoza a cuyo respecto simplemente nos remitimos a lo que en él se expresa.
Agregamos asimismo, el informe que sobre sus actividades hasta la fecha nos ha hecho llegar la Subcomisión La Plata, del que podemos decir o repetir lo dicho, en cuanto al informe producido por la Subcomisión Mendoza. En capítulo aparte acompañamos un informe relacionado con las tareas investigadoras cumplidas ante el Laboratorio de Investigaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Florencio Varela.
En cuanto se refiere a la Subcomisión Investigadora en Salta, ha quedado constituida en reciente fecha. La misma hará llegar directamente a esa Comisión Nacional su informe.
Queda finalmente el análisis de los trabajos realizados por la Subcomisión designada para actuar en Plaza Huincul. Dicha  Subcomisión se trasladó oportunamente hasta ese lugar donde también llegó a la comprobación de numerosas irregularidades de las que se da cuenta en el informe que también por separado acompañamos, junto con los respectivos expedientes debidamente informados.
El conocimiento de los hechos que está Comisión ha reunido hasta el presente le permite afirmar que la trayectoria de YPF, cumplida desde el año 1943 hasta la fecha, muestra una curiosa línea de acción que concurre a incapacitar moral, financiera y técnicamente a esta reparación. Bastaría mencionar las exoneraciones en masa producidas durante la administración Albariños, que separó de YPF sin causales valederas, a muchos técnicos en cuya formación el Estado había invertido ingentes sumas de dinero y a quienes correspondía sin duda alguna la dirección técnica de la exploración petrolífera, en sus múltiples aspectos.
Esta segregación de personal especializado y experimentado, que tuvo su más acabada expresión durante la administración mencionada y que ha continuado interrumpidamente, significando un drenaje humano que, al par que sustraía a la organización elementos capaces, iba dando cada vez con más énfasis, el carácter dominante que esta Comisión ha tenido oportunidad de constatar en todos los estrados de la organización: una absoluta incapacidad de reacción frente a los hechos reñidos con la ética y con el buen quehacer técnico.
Por ello se explica por ejemplo, que el laboratorio de Investigaciones de YPF, del cual se supone deben salir procesos mejorados, técnicas perfeccionadas y el aprovechamiento cada vez mayor de las riquezas potenciales del petróleo, sólo hayan salido dirigentes gremiales con envergadura propia –en muchos casos- de individuos que actúan marginando, cuando no infringiendo abiertamente, las normas penales. Ellos fueron los dirigentes gremiales que invocaron la falta de adhesión política al régimen imperante por parte de los técnicos del laboratorio, para consumar persecuciones y exoneraciones que liquidaron prácticamente el panel de investigaciones.
Así se explica igualmente que el Consejo Económico negara reiteradamente los recursos necesarios para la modernización de los equipos y para la formulación de amplios planes de producción, facilitándolos en cambio con desmedida generosidad, a supuestos hombres de empresa que muchas veces evidenciaron carecer de responsabilidad técnica y moral.
Ante este lamentable panorama, es fácil explicarse, entonces, la existencia de una delegación gremial que actuó sin limitaciones de ninguna naturaleza, sin freno de ningún tipo. Que apostrofaba públicamente, desde administrador abajo, a todo el personal superior de YPF, que en la mayoría de los casos mostró una tolerancia injustificable, susceptible, cuando menos, de las sanciones con que la ley castiga la violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Con referencia a este tema que proporciona la actuación de los dirigentes sindicales en la administración de YPF, debemos anotar la reflexión que frente a los hechos constatados nos sugiere la actual actitud de muchos funcionarios de la repartición. Derrocado el régimen peronista y procesados sus personeros, son muchos los funcionarios que al amparo del sigilo con que actuaron, pretenden hoy exhibir una vocación democrática y una adhesión revolucionaria que pocas veces logran justificar sus propios antecedentes. Por ello reiteradamente se esfuerzan en poner de manifiesto los choques que en su condición de funcionarios tuvieron con los dirigentes gremiales, pretendiendo atribuir este formal desentendimiento a una oposición al régimen que nunca se preocuparon de concretar en hechos que la evidenciaran.
Si bien es cierto que efectivamente se dio ese choque entre funcionarios y dirigentes gremiales, esta Comisión entiende que el mismo sólo fue una expresión más de las luchas intestinas que miraron y dieron relieve a las supuestas virtudes del régimen peronista. Ese mismo espectáculo se dio de igual manera en las distintas organizaciones que apoyaron incondicionalmente al peronismo. Hubo luchas de dirigentes gremiales peronistas que apetecían los cargos representativos, y la hubo también en el propio seno de sus grupos parlamentarios, en donde igualmente y como es de público conocimiento, se plantearon serias dificultades por los sectores obreros frente a los sectores políticos que simultáneamente aspiraban a la hegemonía y conducción de los respectivos bloques. Esto mismo ocurrió en YPF entre dirigentes gremiales y funcionarios, con la particularidad de que aquí se dio la airada reacción de dichos funcionarios que sintieron su autoridad menoscabada, cuando no francamente resentidos por la injerencia notoria del sindicato en resoluciones que eran de exclusivo resorte de aquellos.
Abona lo dicho en coincidencia con que ambos grupos se manifestaron en cuanta oportunidad se puso en juego lo que ellos entendían como la suerte de su propia causa. Solo así puede comprenderse que el secretario general de SUPE, ex diputado Pedro Gomis, pudiera permitirse el disponer la reunión de grupos de funcionarios y profesionales, según categorías, para dirigirles la palabra en los términos ramplones en que lo hizo el día 31 de agosto próximo pasado –fecha de la conocida renuncia del ex presidente (2)- y cuyas copias taquigráficas oportunamente se elevaron a esa Comisión Nacional de Investigaciones en el expediente Nº 22/33, sin que ninguno de los funcionarios presentes insinuara una reacción.
Esta Comisión ha elevado a la Comisión Nacional de Investigaciones, debidamente informados, los expedientes 22/1, 22/2, 22/3, 22/9, 22/10, 22/13, 22/15, 22/21, 22/32, 22/33, 22/43, 22/46, 22/58, 22/59, 22/95, 22/98, 22/99, 22/102, 22/103, 22/108, 22/109, 22/110, 22/112, 22/115, 22/117, 22/121,22/122 y 22/134; en cada uno de los cuales se pusieron de relieve las conclusiones resultantes de las respectivas actuaciones. Pasemos a referirnos a las más importantes comprobaciones efectuadas en forma de síntesis.

Expediente 22/21
Expediente 22/32
Expediente 22/33
Expediente 22/46 
Expediente 22/58
Expediente 22/95
Expediente 22/99
Expediente 22/102
Expediente 22/112

Conclusiones

 Notas:
(1) Son muchas las comisiones que investigaron la tiranía peronista que reiteradamente comentan dificultades de orden material: Falta de espacio, falta de materiales, insumos, personal, etc. esto se debe al estado en que el peronismo dejo al país. La monumental corrupción organizada por los jerarcas de ese régimen, sistema permitido por Perón que permitía robar a sus subalternos a fin de poder él robar mucho más, hicieron que al momento en que asume el gobierno provisional la Revolución Libertadora casi no tuviera recursos para gobernar. Esto mismo sufrieron los gobiernos subsiguientes. La otra razón de queja es la falta de cooperación de los entes investigados, esto se debe a varias causas, la principal fue la falta de idoneidad que tenían los funcionarios que el peronismo contrató para desarrollar las tareas. Ya que para el régimen peronista, la idoneidad para el cargo estaba subordinada a la obsecuencia partidaria. (nota del transcriptor).
(2) Se trata de Juan Domingo Perón y su renuncia ante las fuerzas armadas.
 
Fuente: Documentación Autores y Cómplices de las Irregularidades Cometidas durante la Segunda Tiranía – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de la Nación - Tomo 2 – año 1958 – páginas 635 a 640).