IV
Discurso del Señor presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones contraalmirante don Leonardo McLean
Discurso del Señor presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones contraalmirante don Leonardo McLean
Excelentísimo señor vicepresidente de la Nación; señor ministro de Justicia; señores colaboradores, señoras; señores:
De acuerdo al decreto ley 6.132, la Comisión Nacional de Investigaciones pone hoy fin a sus actividades. No habíamos terminado aún totalmente la misión que nos fuera encomendada; muchos de nuestros colaboradores se hallaban en plena labor y todavía frente a una selva de irregularidades que abarcan todos los ámbitos de la actividad administrativa del régimen depuesto.
Nos hacemos cargo del desaliento que les habrá causado el alto súbitamente impuesto a la tarea. Queríamos llegar a la limpieza total de los gérmenes del oprobio para que los gobiernos políticos venideros comenzaran su tarea en una atmósfera incontaminada, después de la dura lección que aprendiéramos con dolor, con el aporte de muchos de nuestros compatriotas injustamente perseguidos, quienes volverán a ocupar, por la gravitación de sus propios merecimientos, el lugar que les corresponde en el ámbito público del que fueron apartados por la desorbitada dictadura.
Ello no ha sido posible por completo, mucho queda por hacer, pero consideramos que si así lo ha dispuesto el gobierno provisional de la Nación, sobre cuyos nobles propósitos nadie puede dudar, es porque así lo imponen mil complejos problemas, que nosotros desde aquí no podemos aquilatar y de cuya solución es el primer responsable.
Nuestros jefes consideran que debemos cesar y obedecemos sin reservas, porque esa es la consigna de la hora actual, sean cuales fueren nuestras opiniones personales, para que la patria obtenga su recuperación en el plazo más breve, limitándonos a rogar a Dios que esas determinaciones sean las más prudentes, las más convenientes para los intereses del país. Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance en tan breve lapso, y ello debe darnos consuelo, máxime cuando esta tarea se realizó, por primera vez en nuestra historia, por un grupo de personas que trabajaron sin percibir remuneración o viático alguno, y descuidando muchos de ellos sus propios intereses.
Dar cifras sobre la labor cumplida es algo prematuro, pues aún resta el trabajo de concentración de la tarea de las comisiones, su ordenamiento y archivo, documentos que constituían para el futuro el justificativo de la Revolución Libertadora. Es de esperar que los ministerios y reparticiones autárquicas prosigan con las investigaciones que hoy interrumpimos, según lo dispone el decreto ley 6.132, relacionadas con perjuicios cuyo monto aún calculamos en varios centenares de millones.
Sin embargo, a título informativo, a fin de dar una somera idea de la labor cumplida, puedo adelantar que hasta la fecha han sido elevados a la justicia 314 sumarios, puestos a su disposición 1.045 procesados. Mesa de entradas ha recibido 15.119 notas y expedientes. Como información complementaria debo agregar que han colaborado en la Comisión en la Capital 2.500 personas, habiéndose invertido en útiles de escritorio, comunicaciones, fletes, pasajes, servicio de té y comidas (que ha sido lo único abonado). La suma de 1.230.110 pesos (1) desde la iniciación de la Comisión. Suma que está ampliamente cubierta por los centenares que se recuperarán como resultado de las investigaciones.
El fuego sagrado que animó a la pléyade de hombres y mujeres que formaron nuestro equipo para entregarse afanosamente a la búsqueda y limpieza del barro amasado durante la dictadura, nos viene desde lejos; esa llama viva que no logró extinguir la atmósfera viciada del despotismo, que impulsó a la juventud civil a abandonar sus hogares y a las fuerzas armadas a salir de sus cuarteles y sus buques para ofrecer sus nobles pechos al sacrificio, nos viene de Mayo. Los héroes de la emancipación y de nuestra organización porque no quisieron tan solo la libertad que nos negaba la dependencia de la metrópoli, quisieron la libertad en todos los aspectos de la vida, la que dignifica, la que perfecciona al hombre. Por ello, el degradante retroceso que impuso a la argentinidad el mal gobernante durante una década, puede calificarse, sin hipérbole, como una funesta traición a los ideales de nuestra nacionalidad. Y por esa razón fue considerada como misión esencial de la Revolución Libertadora la que, inmediatamente después del triunfo, se confió a la Comisión Nacional de Investigaciones: descubrir, para su extirpación, hasta donde fuese posible, los gérmenes de esa traición. Exhibir ante la comunidad la realidad, la dura realidad de lo acontecido para que el pueblo midiera con suficientes elementos de juicio hasta dónde alcanzó a dañarlos, material y moralmente, el régimen depuesto. Pero no ha sido tarea fácil la de poner al descubierto en breve lapso la obra nefasta realizada con todos los recursos de la Nación y el sometimiento incondicional de los legisladores de la mayoría, que movió a la Comisión Nacional a acusarlos ante la justicia y pedir para ellos la sanción que merecen los traidores a la patria, para que sea la última vez que se antepone el servilismo incondicional a los altos intereses que el pueblo les confía.
Desde nuestro comienzo hemos tropezado con una sensible resistencia opuesta, como era previsible, por los intereses que temían la indiscreta mirada del investigador, que se exhibiera su fea verdad; por los culpables del flagelo y los que medraron con el dolor, la humillación y la opresión injusta impuesta a sus compatriotas. Se opuso también a nuestro desempeño una evidente falta de comprensión de lo que significa en la nuda verdad esta expresión. “Revolución Libertadora”.
Apenas extinguido el retumbar de los cañones, no faltaron quienes pretendieron encuadrarnos de inmediato en las normas rígidas del derecho común, negándonos las potestades que el gobierno provisional expresamente nos confiriera. Olvidaron aquéllos que si bien es cierto que la Revolución tuvo por miras reconquistar la libertad para volver a la Nación a la plenitud moral y jurídica, era inevitable el reconocimiento, durante un lapso prudencial de una potestad imperativa discrecional al gobierno surgido del movimiento triunfante. No debemos ocultarnos la cruda realidad. En estas circunstancias de excepción, por sobre toda norma jurídica preexistente, impera la voluntad del gobierno provisional para el cumplimiento de su mandato. Va implícito, naturalmente, en ese mandato como preocupación principal del gobierno, el respeto de los derechos del hombre, de las garantías fundamentales del ciudadano, desconocidas por la dictadura. Pero todo ello está condicionado al cumplimiento de la misión reparadora. Si se considera que una tendencia netamente democrática inspiró la revolución, no es razonable temer que la discrecionalidad en el ejercicio del poder del Estado por el actual gobierno o sus órganos funcionales, vaya a actuar en contra de la dignidad y el respeto que merece el Poder Judicial y de su potestad jurisdiccional.
Nos enseña la historia del derecho público que la independencia del “Poder Judicial”, que la “Justicia Poder”, conforme a lo concebido por Montesquieu, es quizá la conquista más grande de América. Lo olvidaron muchos jueces de la dictadura, pero no el gobierno de la Revolución, ni la Comisión que hasta hoy he tenido el honor de presidir. Recordemos que no pocos de los que hoy se impacientan por nuestra franqueza, no se impacientaron tanto cuando la Suprema Corte del despotismo dijo que durante el estado de guerra interno (no mencionado por la Constitución e impuesto sin el hecho real de una guerra), “los poderes del presidente son anteriores y superiores a la Constitución”, como efectiva y desgraciadamente lo fueron para privar a la ciudadanía de sus principales derechos, vejarla y humillar el peculado y desprestigiar a la Nación, con posturas históricas y vivencias de paranoia.
Es un anhelo de la Revolución Libertadora que los jueces de la República sean otra vez lo que debieron ser siempre, independientes y de honesta conducta. Sabemos los hombres que luchan por la libertad que no hay libertad sin justicia, y no hay justicia sin buenos jueces de honesto vivir que tengan por única preocupación la adecuada interpretación y la fiel aplicación de las leyes.
La buena justicia es, por otra parte, una de las condiciones fundamentales de un verdadero régimen democrático, esencial objetivo de la Revolución.
Nos anima la esperanza, después de los sufrimientos padecidos, de que los futuros gobiernos constitucionales tengan y estimulen esos conceptos de justicia, de libertad y de democracia, que no reconozcan otra aristocracia que la de la virtud y la inteligencia, puestas al servicio del bienestar, del progreso y de la cultura de los argentinos.
Sólo nos resta agradecer a quienes llegaron a nuestra sede para ofrecernos desinteresada y patrióticamente, y muchos hasta en perjuicio de sus intereses personales, su colaboración, con sus trabajo e inteligencia, sin retacear energías y privándose del merecido descanso. Cumplo con un deber de gratitud y justicia recordando en este instante a otro colaborador, el doctor Miguel Laphitzondo, cuya grata y eficaz compañía perdimos en el transcurso de nuestra tarea.
Hacemos extensiva nuestra gratitud a los integrantes de las Comisiones Investigadoras de las provincias todos los cuales se han esmerado en al cumplimiento de su delicada misión.
Nuestro reconocimiento al gobierno de la Revolución Libertadora que nos honró con su confianza, nos distinguió públicamente con amables conceptos vertidos en el derecho de cese de nuestras funciones y disimuló generosamente los errores que, hemos cometido, debido a la improvisación impuesta por las circunstancias y a la magnitud de la empresa.
Muchas y especiales gracias a nuestro jefe inmediato, al excelentísimo señor vicepresidente, por su bondadosa consideración y prudentes consejos.
(1)Todas las cifras en pesos son “en Pesos Moneda Nacional” (m$n.)