Corrupción y desorden

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CORRUPCIÓN Y DESORDEN (*)
La corrupción oficial

En todos los tiempos y bajo todos los gobiernos, en nuestro país y en el extranjero, se han cometido irregularidades, dilapidaciones y negociados. Ningún sistema político puede evitarlos, como no es posible impedir la delincuencia, la corrupción y el vicio. Pero bajo los regímenes dictatoriales, aquellos no sólo son más frecuentes, sino también necesarios para el sostenimiento del sistema imperante.
“En una democracia libre –ha escrito el ilustre publicista y político italiano Francisco Nitti- todos los errores, todos los actos de corrupción son revelados, denunciados, casi siempre exagerados, y por ello es fácil, o por lo menos posible, su remedio. En los regímenes autoritarios se callan los actos de corrupción y a menudo se exalta a quienes los cometen. Solo después de su caída se conocen sus culpas, cuando las pruebas han desaparecido casi por entero”.
La irregularidad y la dilapidación son productos del desorden y del discrecionalismo, el negociado lo es de la tolerancia, complicidad o favor de los gobernantes. Un gobierno débil o incapaz puede ser víctima de la ejecución de aquellos; no así el gobierno fuerte, porque dispone de los medios, legales o no, que le permiten sancionar rigurosamente a los malos funcionarios y a los audaces que prosperan al amparo del poder. Si así no procede, es porque está interesado en tolerar esos vicios.
Muchas veces se ha dicho –y el dictador Perón solía repetirlo- que los gobiernos como los pescados comienzan a podrirse por la cabeza. Cuando tal hacho acontece, el país entero entra en putrefacción, como a la inversa, el pueblo se dignifica si el ejemplo de dignidad es dado por los dirigentes.
En una de las primeras páginas de este libro hemos recordado las palabras del dictador Perón con la afirmación de que cuanto se hacía durante su gobierno, estuviera bien o mal, era él quien lo hacía, y en otro lugar mencionamos lo que también dijo acerca de las “porquerías y deshonestidades” que a diario le proponían quienes a él se acercaban. Si eso era así, como sin duda lo era, debíase al ambiente de corrupción creado en su beneficio.
No se refirió en sus clases de conducción política a tan eficaz medio de hacerla efectiva, pero lo practicó durante todo su gobierno. Daba para recibir –do ut des-, sin excluir a nadie. A legisladores, magistrados, funcionarios de cierto rango, agentes políticos, dirigentes obreros, estudiantes, les llegaron sus donativos más o menos valiosos, como él y su mujer recibieron de los poderosos inmuebles, automóviles, joyas, etcétera. Solo que él, además, obtuvo la sumisión de sus beneficiados y benefactores.
Cuando tal ejemplo se daba en la primera magistratura del país, no es de extrañar que casi no hubiera grupo social que no se corrompiera. Sobornos, peculados, cohechos, prevaricatos, malversaciones de caudales públicos, exacciones ilegales, usurpaciones, daños, fueron delitos corrientes –y admitidos como una fatalidad- en esa época nefasta. Y también otros más graves: la intimidación pública, la instigación al crimen, los incendios y estragos, el abuso de autoridad, cometidos por los mas altos gobernantes ante el estupor de la ciudadanía.
“El pueblo es lo mejor que tenemos”, decía el dictador Juan Domingo Perón, y así es en efecto. El Pueblo todo, sin distinción de sectores. Pero ese pueblo ha sufrido durante algo más de una década la más insipiente y organizada campaña de envilecimiento de que se tenga memoria entre nosotros. Lo malo que podía haber en él, como en todo grupo humano, fue de tal modo estimulado que hubo momentos en que se pensó con honda desesperanza. “Naides es más que naides”: ni el honestos, ni el sabio, ni el abnegado, ni el patriota, ni el trabajados, ni el estudioso, ni el prudente; nadie era más que quienes carecían de toda virtud, y muchas veces a éstos se los tenía en más que a los otros. ¿Para qué conducirse con honestidad durante una vida entera –se preguntaban los mejores-, si el honesto podía ser llevado a la cárcel por el deshonesto? ¿Para qué trabajar con orden y capacidad en bien de la propia existencia y del país si el audaz se enriquecía en pocos años y alcanzaba honores y privilegios? ¿Para qué estudiar, si el ignorante se encumbraba más fácilmente? ¿Para qué empeñarse en transmitir a hijos e hijas las virtudes domésticas, si aquellos y aquellas que no las tenían alcanzaban riquezas y dignidades? ¿Para qué enseñar en las escuelas lo mucho y admirable que se hizo en nuestro país durante su vida de casi siglo y medio, si desde las altas esferas del gobierno se quería convencer a los menos informados que la opresión y la traición habían inspirado a todos los gobernantes anteriores, inclusive a los más ilustres?
Diez o doce (1) años de criminal demagógica, ocultación de la verdad, seducción de las masas y embrutecimiento colectivo, sirvieron a la dictadura para intentar el desarraigo de la moral, base de toda sociedad organizada. Aunque sólo parcialmente logró sus fines, pasará mucho tiempo antes que se recupere de tanto daño y perversión. Los deshonestos aún viven; también los audaces y envilecidos. Corromperán donde estén o vayan. El país superará más o menos pronto su crisis económica; no así su crisis moral y política. Un gran flagelo asoló a los argentinos. No se inmuniza fácilmente.
En la Cámara de diputados, en algunos diarios independientes, en los círculos vinculados a la economía y a las finanzas, se denunciaron muchos de los negociados e irregularidades que se cometían. Recordará el lector algunos de ellos: El negociado de la Compañía Argentina de Pesca, que operaba en la Bolsa con el apoyo y oportunas informaciones de altos dirigentes del Banco Central, los negociados de la hojalata, de la carne, el aluminio y la bauxita, el de la lana, el acaparamiento de azúcar, el contrabando da caucho y neumáticos, los robos y negociados en la Empresa Mixta Telefónica Argentina, el negociado con el subsidio del aceite, el asunto del cemento portland, el de los tanques de guerra, el de los permisos de importación, los incendios en los depósitos del IAPI (2), el otorgamiento verbal de permisos de radicación de extranjeros, la entrega de papel de diario a las empresas peronistas, la ocultación del informe del teniente coronel Rodríguez Conde acerca de las compañías de electricidad, y tantos otros cuyo esclarecimiento fue negado sistemáticamente por los legisladores y funcionarios del gobierno.
Es imposible detallar en este capítulo todos esos casos. De algunos apenas quedaron pruebas. A punto de caer la dictadura peronista, los más avispados se pusieron a cubierto de lo que veían venir. Liquidaron sus negocios en nuestro país y partieron al exterior. Quienes aquí quedaron hicieron lo posible por huir a tiempo o por hacer desaparecer cuanto papel podía comprometerlos. Nunca, desde los incendios de abril de 1953 y junio de 1955 (3), tuvo el fuego tan abundante misión destructora. En reparticiones públicas, en algunos bancos oficiales, en las casas de los jerarcas del régimen peronista, se incendiaron documentos de gran importancia. Pero han quedado otros, no menos reveladores de la corrupción dominante.
Observados en conjunto, los negociados han obedecido a dos propósitos principales: ante todo, el de enriquecer fabulosamente a algunos jerarcas de la dictadura peronista, y en segundo término, el de afianzar el régimen mediante el soborno y la complicidad de un reducido grupo de sus elementos.
Las dilapidaciones, mezcladas muchas veces con los negociados, derivaron de la necesidad de asombrar al pueblo –como es propio de los gobiernos absolutos- con obras espectaculares, desproporcionadas con los recursos de la Nación.
Las irregularidades fueron consecuencia del sistema de corrupción y favoritismo generalizado en casi toda la administración pública, y de la violación de las normas dicadas para impedirlas.
Unos y otras han empobrecido al país en poco más de una década y han creado la escasez de medios para poder recuperarse.
Los cuantiosos recursos acumulados al finalizar la segunda guerra mundial, época coincidente con la de preparación e instauración de la dictadura peronista, han desaparecido para la Argentina, sin posibilidad de recuperarlos por mucho tiempo. Malgastados o llevados al exterior para provecho de unos cuantos aventureros de la política y los negocios, señalan la responsabilidad del gobierno más pernicioso sufrido por la Argentina en la época contemporánea.
Varios volúmenes como éste serían necesarios para detallar todos los casos estudiados por las diversas comisiones investigadoras. En este capítulo sólo resumimos algunos de distinto carácter, demostrativos por igual del régimen desorden arbitrariedad, dilapidación y corrupción que durante una década debió soportar nuestro pueblo.

La compra de los ferrocarriles extranjeros.

Uno de los hechos que más se envaneció la dictadura y sirvió ampliamente a su propaganda, fue el de la compra de los ferrocarriles extranjeros. Era el primer paso hacia lo que llamó “independencia económica” de nuestro país, y a la vez satisfacía a la vanidad e intereses de sus gestores.
La carencia de libertad ha impedido oportunamente el estudio de esa operación excepcional. El dictador Juan Domingo Perón se preciaba de haberla realizado “sin un centavo”, guiado por “el genio del mago”, del “zar de las finanzas argentinas”, don Miguel Miranda. Tantas veces lo dijo que muchos lo creyeron; y lo expresó con tanta suficiencia y hasta con buen humor, que fue celebrado por los suyos como el prototipo del “vivo” criollo, de indudable atracción entre los que aspiran a serlo.
No ha sido fácil a la Comisión Investigadora el escudriñar los detalles de esa operación. “Gran cantidad de expedientes en los que constaban resoluciones y antecedentes imprescindibles para el sumario –dice su informe- ha desaparecido de las oficinas y ministerios que debían guardarlos, por lo que algunos claros han debido llenarse con apreciaciones y asociación de hechos, no obstante lo cual el trabajo ha quedado trunco.
“A pesar de lo expuesto- agrega el referido informe- se puede afirmar que la compra de los ferrocarriles británicos y empresas subsidiarias constituyó un negociado de proyecciones incalculables, ya que se estipuló un precio de compra por pesos 2.482.500.000, pese a una tasación mucho menor, habiendo pagado el pueblo, realmente, una cantidad que en mucho la supera.
“Si se tienen en cuenta la liberación impositiva y de gastos fijados en el convenio, la liberación a las empresas de todo compromiso y obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de compra, las deudas a instituciones oficiales y particulares, impagas o de las que se ha hecho cargo el Estado, -entre ellas la de 75.000.000 de pesos a la Caja de Jubilaciones de gremio ferroviario y los subsidios y quebrantos soportados por el Estado en cumplimiento del convenio Andes, referente al suministro de carne, que sobrepasa los 300.000.000 de pesos- habría que agregar al precio del convenio varios centenares de millones.
“De ahí que pueda afirmarse que lo pagado por el pueblo argentino por los ferrocarriles británicos y empresas anexas supera los 3.000.000.000 de pesos”.
El dictador Juan Domingo Perón quiso tratar el asunto sin traba alguna. A ese efecto comenzó por obtener del presidente Farrell la disolución de la Comisión Interministerial Permanente de Política Económica creada durante la presidencia de Ortiz con la finalidad de coordinar el asesoramiento al gobierno sobre convenios con países extranjeros y la recopilación de todos los antecedentes que debían enviarse al Congreso Nacional para su oportuna ratificación.
Libre ya de ese obstáculo, y apenas asumió el mando, designó una nueva comisión, no ya asesora como la disuelta pocos días antes, sino “negociadora”, a cuyo frente puso a Miguel Miranda. De tal manera substraía a los legisladores el conocimiento de las negociaciones próximas a entablarse.
La compra de los ferrocarriles franceses fue tratada en primer término. La operación, que involucró a las redes de la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires, Compañía Francesa de Ferrocarriles de Santa Fe y Compañía del Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, fue tratada con los respectivos diplomáticos de Francia y de las empresas sobre la base de un precio de 200.000.000 de pesos, que era aproximadamente la valuación realizada por la Dirección Nacional de Ferrocarriles.
“Mientras se trataba la adquisición de estas redes ferroviarias, -señala la Comisión Investigadora- circuló la versión de que se abonaría por ellas pesos 500.000.000, rumor que llegó a la ex Dirección Nacional de Transportes. Funcionarios de la misma indagaron con los medios a su alcance y llegaron a la evidencia de que se tramitaba en la operación una coima de 300.000.000 de pesos. De inmediato impusieron a su presidente, general Aristóbulo Vargas Belmende de dicha circunstancia, quien resolvió entrevistar a Perón para informarle. Este no adoptó ninguna medida, aparte de la de llamar a Miranda y recomendarle que estuviera atento para que tal coima no se concretara. Al retirarse los funcionarios en la entrevista, el señor Miranda manifestó que “no veía por que se protestaba tanto contra la coima si ella quedaría en el país”.
“Después de esta denuncia, se imprimió a las negociaciones un ritmo y una característica netamente comerciales, llegándose por fin a adquirir los ferrocarriles en pesos 200.000.000, previa deducción del 50% del fondo de renovación, que importaba unos 35.000.000 de pesos, es decir, en conclusión, se pagaron pesos 182.796.173,98.-
“Al ratificar el convenio, el directorio del IAPI (Instituto Argentino de Producción del Intercambio) lo hizo condicionando la ratificación a la aceptación por parte de las empresas francesas de una reserva de pesos 8.000.000 para responder a obligaciones de las mismas, con anterioridad al 1º de junio de 1946, que incluía en el punto 9º una previsión superior a pesos 1.500.000 para hacer frente a litigios no conocidos.
“El embajador de Francia, en representación del gobierno de su país y de las empresas de ferrocarriles franceses, aceptó la reserva y solicitó el pago del precio estipulado en el convenio de compra del 17 de diciembre de 1946.”
Por decreto del 7 de octubre de 1947 esos ferrocarriles quedaron incorporados al patrimonio argentino.
En cuanto a los ferrocarriles de capital británico y a las empresas anexas fueron valuadas de acuerdo con su rentabilidad por la ex Dirección Nacional de Transportes en 730.000.000 pesos, y deducidas las cargas impositivas de 280.000.000 de pesos, pero en el convenio del 13 de febrero de 1947 se fijó un precio de pesos 2.482.500.000 (libras 150.000.000), que según la Comisión Investigadora “fueron pagados al Reino Unido con envíos de carne y no con los 140.000.000 de libras que existían bloqueadas en Inglaterra, como se informó en esa ocasión”
El Reino Unido envió dos misiones a la Argentina, invitadas expresamente por el dictador: una comercial y otra financiera, presidida aquella por sir Percibal Liesching y ésta por sir Wilfres Eady, integrada por el presidente de los ferrocarriles angloargentinos y de los de Sud y Oeste, sir Montague Eddy.
Las tratativas entre Miranda y la misión británica fueron difíciles y en cierto momento desagradables. Para el primero lo más importante era el problema del desbloqueo de las libras existentes en el Reino Unido; para la misión británica lo esencial era el problema de los suministros. En una de las etapas de la discusión, aquel llegó a impedir embarques de carnes y granos para lograr el solicitado desbloqueo.
En cuanto a los ferrocarriles, Miranda expresó que no intentaba su compra, puesto que estaban prestando servicios y no convenía a nuestro país hacer inversiones que no produjeran rente. Posteriormente añadió que esos ferrocarriles eran “fierro viejo” y no valían mas de mil millones de pesos.
Los negociadores llevaban ya larga tramitación cuando se concertó al 17 de septiembre de 1946 el convenio Eady-Miranda.
Se estableció en él que el saldo al contado de libras acumuladas en cuentas especiales argentinas en Gran Bretaña se fijaría a la fecha del convenio y que la Argentina podía disponer de parte de su monto para repatriar deudas públicas en libras, como también para transferir a Brasil, sujeto al consentimiento del mismo, 10.000.000 de libras, y finalmente para rescatar inversiones de capital británico en nuestro país. Para el caso, tales inversiones eran las de los ferrocarriles.
“Referente a las carnes –agrega el informe de la Comisión Investigadora-, se convino que el Reino Unido compraría a la Argentina, durante cuatro años el saldo exportable, a partir del 1º de octubre de 1946; pero en el convenio en si no se fijó cupo, no obstante que el representante británico sir Eady, en un memorándum del 19 de agosto de 1946, dirigido al gobierno argentino, expresó que el Reino Unido estaba dispuesto a comprar hasta 450.000 toneladas anuales de aquel producto. El gobierno depuesto no fijó cupo; presumiblemente, esa circunstancia le favorecía para presionar y asegurar su objetivo, que era la libre disponibilidad de las libras, una vez desbloqueadas.
En cuanto a ferrocarriles, se acordó formar una compañía mixta, con capitales del Estado argentino y de particulares argentinos. Se convino, asimismo, que nuestro gobierno designaría una subcomisión técnica asesora, para que se reuniera antes de fines de octubre de 1946, con representantes de las empresas, a los efectos de dejar concretada la expresada sociedad mixta. Para ello, el 30 de octubre de 1946, se dirigió la mencionada subcomisión técnico-asesora, por decreto 16.534, refrendado por Bramuglia. Mal pudo, en consecuencia, reunirse con los representantes de las empresas británicas antes de dicho mes. Estimase que solamente se fingió cumplir con ese requisito”.
Mientras tales cosas se trataban en Buenos Aires, ¿Qué se pensaba en Gran Bretaña?
Una publicación del “Financial Times” del 23 de junio de 1946 expresó claramente que en el mercado se hacían comparaciones halagüeñas entre las 100.000.000 de libras representadas por la cotización que entonces tenían los títulos y el precio posible de los ferrocarriles 150.000.000 de libras, representadas por los saldos en libras de la Argentina, haciéndose poco a poco ajustado lo primero a lo segundo. Es decir, que los británicos sabían en junio de 1946 el precio que el gobierno argentino iba a pagar el 13 de febrero de 1947.
En esta última fecha se informó por nuestros diarios que el gobierno había adquirido los ferrocarriles en m$n. 2.482.500.000 (libras 150.000.000), es decir, por un monto casi cuatro veces mayor que el de la valuación realizada por la ex Dirección Nacional de Transportes, con el agravante de que las empresas británicas habían estado dispuestas a aceptar una eliminación de la cuenta capital por libras 35.189.723, según resulta de una carpeta hallada en el Banco Central.
La compra se había realizado sin información al pueblo, y se la dio a conocer como un hacho consumado.
Ese mismo día, 13 de febrero de 1947, una editorial del “Financial Times” decía que las acciones y títulos ferroviarios de la Argentina alcanzaban al cierre de la Bolsa de Londres del día anterior a un total de libras 121.000.000 o sea de 29.000.000 de libras menos que el precio de compra.
“Aquí debe traerse a colación –dice también el informe de la Comisión Investigadora- la ratificación del convenio de compra de los ferrocarriles franceses- En esa oportunidad, el IAPI condicionó su ratificación al consentimiento de las empresas francesas de una reserva de pesos 8.000.000, en cuyo importe se incluía un fondo superior a 1.500.000 para litigios no conocidos. En la ratificación del IAPI por la compra de los ferrocarriles de capital británico y empresas anexas, la reserva debió superar en mucho la suma de 8.000.000, si se hubiese obrado con criterio parejo.
“No sólo no se empleó el mismo criterio, sino que, por convenio de compra, se liberó expresamente de toda responsabilidad y obligaciones a las empresas ferroviarias adquiridas, inclusive la deuda que las mismas tenían pendiente en el Instituto Nacional de Previsión Social, Sección Ley 10.650, Caja de Jubilaciones para el personal Ferroviario. Dicha deuda que la Secretaría de Trabajo y Previsión hizo conocer en abril de 1947 a la Comisión de Compra de los Ferrocarriles, al 30 de junio de 1946 ascendía a pesos 49.016.943,08 y al 28 de febrero de 1948, fecha de la ratificación por el IAPI, era de pesos 74.999.626,62.
“Esa suma aún permanece impaga. En la Caja de Jubilaciones del gremio ferroviario argentino faltan 75.000.000 de pesos.”

El negociado de automóviles Mercedes Benz

La Comisión Investigadora Nº 11 ha llegado a determinar una maniobra del “Grupo Jorge Antonio”, de la que resulta perjudicado el Fisco nacional en muchos millones de pesos.
Ese perjuicio tiene u origen en los sobreprecios cobrados en las venta de los automóviles Mercedes Benz, sobreprecios que no han sido contabilizados legalmente y en consecuencia tampoco declarados a la Dirección General Impositiva.
Estas maniobras se realizaban por intermedio de las empresas COAR S.A. y Mercedes Benz Argentina S.A. En la composición del “Grupo Jorge Antonio”, figura en primer lugar y como matriz de las demás sociedades, la antedicha Mercedes Benz Argentina S.A., importadora de las unidades y repuestos de esa marca.
Inmediatamente después de dicha empresa, y refiriéndonos solamente a la faz comercial, nos encontramos con COAR S.A. y Talleres Güemes S.A. La primera para la venta de unidades Mercedes Benz, y la segunda para la atención y servicio de las unidades vendidas.
COAR S.A. fue fundada en 1942 bajo la denominación de COAR Combustibles Argentinos Sociedad Anónima Minera, con un capital autorizado de pesos 60.000 moneda nacional, que fue totalmente integrado. Su desenvolvimiento económico se efectuó siempre dentro de márgenes estrechos, generalmente con pérdidas. En 1949 se resolvió modificar la razón social y ampliar el objeto, quedando en definitiva como COAR S.A. Minera, Comercial e Inmobiliaria. A pesar de ello continuaron las pérdidas.
Del estado de bancarrota pasó repentinamente, en 1952, a una situación floreciente. Se cambió su directorio y se elevó su capital a $ 10.000.000 moneda nacional. De esa cantidad, pertenecen a CONSIGNA S.A., de propiedad de Jorge Antonio, acciones por $ 9.600.000, aunque eran pertenecientes en las asambleas a nombres de varias personas.
La sociedad transformada produjo en su primer ejercicio una utilidad contable de $ 10.394.315,48 m/n., que sirvió para absorber las pérdidas anteriores y dejar elevadísima utilidad. Es de señalar que si bien de acuerdo con las anotaciones contables la integración se efectuó realmente, quienes figuraban como accionistas han declarado que el capital se cubrió con los dividendos de los años 1952 y 1953, provenientes de las utilidades producidas por la venta de automotores.
Ninguno de los fingidos accionistas ni los aparentes directores de COAR S.A., salvo su presidente señor Jorge César Bellestrasse, percibió dividendos ni honorarios. Este ha declarado que recibió $ 200.000 m/n., es decir $ 150.000 m/n. por los ejercicios 1952 y 1954, “ya que el remanente, así como las remuneraciones de los restantes miembros del directorio, fueron entregados a Mercedes Benz Argentina S.A., de acuerdo a órdenes expresamente recibidas del señor Jorge Antonio”.
La evolución económica de COAR S.A. desde 1951 hasta 1954 es la siguiente:
Total de pérdidas acumuladas a fin del año 1951: 59.168,31 m$n.
Año 1952: utilidad del ejercicio: 10.265.147,17 m$n.
Año 1953: utilidad del ejercicio: 13.283.453,41 m$n.
Año 1954: utilidad del ejercicio: 13.792.408,77 m$n.

Estos beneficios que figuran en la contabilidad de COAR S.A. provienen de las ventas de las siguientes unidades:
Años 1952 y 1953 3.018
Año 1954 1.758
Año 1955 (30-I a XI/55) 1.915
Total 6.691

Hay que tener en cuenta además el renglón “repuestos” que también reportaba beneficios considerables.
La referida Comisión Investigadora señala que el cuadro transcripto corresponde a los beneficios legales y contables; pero que en realidad fueron muy superiores, por los márgenes no facturados ni contabilizados (sobreprecios o “dinero negro”).
Veamos cómo.
COAR S.A. –dice el informe de la Comisión- efectuaba sus ventas diariamente, facturaba una parte, la cual se halla contabilizada en los libros legales, y cobraba una diferencia (“negro”), en efectivo o cheque al portador, diferencia ésta que era registrada en libros de “dinero negro” de la sociedad, secuestrados por la Comisión.
En la documentación y de las constancias escritas obtenidas, la Comisión ha llegado a determinar en principio que la suma total de dichos sobreprecios percibidos por todo concepto y para el período comprendido entre febrero de 1952 y septiembre de 1955 alcanza a $ 208.377.184,40 m/n.
Interrogados sobre el método operativo, los concesionarios han declarado que, ya antes de la organización de COAR S.A. a principios de 1952, los excedentes de “dinero negro” eran manejados en la oficina de esta compañía, en la sede de la calle Carcas 684, 5º piso Capital, y posteriormente en la sede de COAR S.A.
Es de hacer notar que en todas estas negociaciones tenía injerencia directa Jorge Antonio, según resulta de numerosas declaraciones.

Otro negociado de automóviles

La Comisión Investigadora Nº 50 del Ministerio de Hacienda informa de otro importante negociado de automóviles.
Dice así:
“Cuando en 1951, las autoridades del gobierno depuesto permitieron la entrada al país de alrededor de diecisiete mil automóviles marca Chevrolet, Pontiac y Mercury, en su mayoría se distribuyeron los mismos en una forma que llena de suspicacia a esta Comisión. De esa enorme cantidad de vehículos, sólo se entregaron a los viejos y acreditados agencieros en la plaza, la cantidad de seis mil unidades y a cada uno de ellos se les obligó a tener la mitad de los coches asignados a órdenes de las autoridades. De esta manera tres mil coches sirvieron para la distribución entre las instituciones oficiales, semioficiales y funcionarios y dirigentes del partido peronista, a los que se les concedían tales vehículos a precio de lista. Los agencieros vendieron el resto, o sea el 50% de los vehículos asignados en venta libre, cobrando sobreprecios, que oscilaron entre $ 70.000 y $ 120.000 por unidad.
“Quedaron en manos de los funcionarios que constituían el grupo económico del gobierno depuesto, 11.000 unidades, que fueron distribuidas entre varias sociedades que se constituyeron al efecto, tales como Hugo Guido, Rodríguez Ugarte, Crivielles Padilla y Cía., etcétera.
“Todas estas sociedades o comerciantes, evidentes personeros de los dueños del negociado, vendieron los 11.000 coches restantes con los sobreprecios ya mencionados de 70.000 a 120.000 pesos. Tomando el mínimo de este sobreprecio y multiplicándolo por las ya mencionadas 11.000 unidades, se llega a la enorme suma de setecientos setenta millones de pesos, que fueron substraídos al pueblo argentino por el dictador y sus secuaces.
“Gran parte de esta suma fue a parar indudablemente a poder del dictador Juan Domingo Perón, su esposa y su testaferro principal Jorge Antonio, pero es también indudable que parte de ella quedó en poder de Cereijo y su grupo.
“Las visitas de los hermanos Rodríguez Ugarte y de Crivielles Padilla (individuo que recibió 1.000 coches para vender y que desapareció misteriosamente, ignorándose si huyó estafando a su socio o fue eliminado por divergencias en la rendición de cuentas) visitas asiduas y reconocidas en declaraciones formuladas de la secretaría de Cereijo, demuestran la vinculación de éste con las mencionadas personas.
“Aparece como principal testaferro de todas estas operaciones Manuel Rodríguez Ugarte, quien ante la enorme cantidad de coches disponibles para negociar, utiliza como filial la firma Fandiño y Cía., la que en el término de un año, vende más de 1.800 unidades cobrando el sobreprecio en efectivo y entregándolo en manos de Rodríguez Ugarte, limitándose a ganar el porcentaje habitual sobre el precio de lista. Sin embargo, y dada la enorme cantidad de automóviles vendidos, la firma Fandiño y Cía. ganó en un año de actividad comercial, sin capital, la suma de cerca de cuatro millones de pesos. Así consta de las declaraciones prestadas por el socio Germán Marcos.”

Negociado de televisores

Como consecuencia de un estudio encomendado a principios de 1951 por el ministro de Finanzas, Alfredo Gómez Moralez, acerca del límite máximo de aparatos de televisión que se podían importar al país sin uno de divisas, se llegó a la conclusión de que tal límite podría fijarse en cincuenta mil. (4)
Apenas realizado ese estudio, Jorge Antonio propuso a la firma D’Alkaine S.R.L. la realización del negocio mediante la radicación de capital por la firma Evans International Corporation, de Washington, limitando la intervención de D’Alkaine S.R.L. a la simple comisionería con un diez por ciento de beneficio. La actuación de esta firma en el negociado se justifica solamente por estar inscripta como importadora y merecer la confianza de aquél.
Aceptadas las condiciones impuestas por Jorge Antonio a D’Alkaine S.R.L., éste se presenta al Banco Central e inicia la obtención del permiso que se tramita con intervención de dicho Jorge Antonio, sin que en ningún momento apareciera la firma Evans (5). Obviadas las dificultades del comienzo –la principal de las cuales fue la de la garantía por $ 11.890.000 exigida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la firma importadora, por el cumplimiento de las obligaciones contraídas, aval que dio Jorge Antonio- se obtuvo el permiso en noviembre de 1951 por resolución escrita de puño y letra del ministro Gómez Morales.
Llegada la mercadería era trasladada directamente de la Aduana al depósito de Leopoldo Gold S.A., empresa previamente adquirida en $ 80.000 por Jorge Antonio y señalada por él para la comercialización y venta de los aparatos. De allí se distribuía a distintos mayoristas. Los aparatos eran adquiridos por Gold a D’Alkaine a precios que oscilaban entre $ 3.000 y $ 5.000 y revendidos a esos mayoristas de $ 7.000 a $ 11.000 cada uno.
Desde principios de 1952 hasta septiembre de 1955 se vendieron más de 36.000 aparatos que produjeron una utilidad superior a $ 180.000.000 que fue retirada por uno de los personeros de Jorge Antonio, sin pagar impuestos a los réditos, ni a los beneficios extraordinarios, ni a las actividades lucrativas, los cuales sumados a las multas correspondientes deberían reportar al fisco un mínimo de $ 1.060.937.300 moneda nacional.
A esto había que agregar las utilidades producidas en la importación de $ 13.660.798,11 de componentes, que naturalmente deberían pagar los impuestos y multas respectivas.
En este negociado de televisión se evadieron más de $ 102.500.000 para pagar en los Estados Unidos el precio de los aparatos y componentes importados con el permiso obtenido por D’Akaine, considerado el precio de 70 dólares por unidad, pero como el precio real fue de más de 200 dólares cada uno los negociadores tuvieron que convertir más de $ 160.000.000 en dólares para pagar en su origen la mercadería importada.
El desenvolvimiento del negocio desde su origen hasta la distribución y comercialización de los aparatos prueba que todos los hechos, sin excepción, han respondido a las directivas de una sola persona, de una sola voluntad: la de Jorge Antonio, y así cuando los mandatarios de Evans debían hacer las inversiones, las realizaban en acciones de sociedades del “grupo Jorge Antonio”, como APT, Talleres Güemes, Fahr, COAR y Suranor. Una sola inversión se hizo cumpliendo requisitos legales: la compra de acciones de la constitución de CONSIGNA S.A. por $ 4.800.000. Con respecto a las otras inversiones que se realizaban por CONSIGNA S.A:, sociedad constituida para absorber la radicación, consistentes en $ 28.595.000 también invertidos en CONSIGNA S.A., y reinvertidos en APT $ 11.940.000; Fahr S.A. $ 3.000.000; COAR S.A: $ 9.000.000; Talleres Güemes S.A. $ 6.955.000, y Suranor S.A: $ 1.900.000, que suman en total $ 33 395.000, de los que debemos deducir los primeros $ 800.000 mencionados, fueron invertidos sin autorización previa del Banco Central. Esta irregularidad es tanto más grave cuanto que las inversiones se hacían, sin excepción, en acciones de compañías del “grupo Jorge Antonio” que eran de su exclusiva propiedad y manejo. Por ejemplo COAR S.A. es la distribuidora de unidades de la Mercedes Benz Argentina S.A: con un directorio completo de prestanombres de Jorge Antonio; Talleres Güemes S.A: es el taller que presta el “service” Mercedes Benz, cuyo directorio estuvo compuesto también por personeros del mismo Jorge Antonio; Fahr S.A., compañía importadora de tractores y finalmente, APT, sucesora de Radio Belgrano en televisión, que constituye uno de los eslabones de este negociado, y Suranor Maderera.
Luis Gabriel Scheiner, socio de la firma D’Alkaine S.R.L. dijo en su declaración que toda la correspondencia intercambiada con la firma Evans de Estados Unidos relacionada con este negocio era indicada en su detalle al declarante y a su socio, al principio por el señor Jorge Antonio en forma directa, y, posteriormente, por el doctor Roberto Roig o por Víctor Madanes, según las épocas, pues Roig manejó este asunto más o menos de marzo de 1952 hasta principios de 1954 en que fue sustituido por el señor Madanes.
El doctor Roig ha declarado que los negocios de Leopoldo Gold S.A. durante el tiempo que él los manejó debieron producir una utilidad de $ 100.000.000 moneda nacional en dos años, sin pagar el impuesto a los réditos ni a los beneficios extraordinarios ni a las actividades lucrativas que suman como mínimo el 53,50 %. Es decir, que durante este período se producen defraudaciones al fisco por valor de $ 56.070.000 moneda nacional, pasibles de una multa del décuplo que sumada al impuesto llegaría a pesos 616.770.000 moneda nacional.
Otro testigo, Juan Marcos Sellares, tesorero de Leopoldo Gold S.A., declaró que en tal carácter todo el dinero que entraba en caja, proveniente de las ventas de aparatos televisores, repuestos, lámparas, en una palabra, todo lo que importaba D’Alkaine S.R.L. y era vendido a terceros por Leopoldo Gold S.A., era llevado por él personalmente en sumas de 500 y 600.000 pesos a los escritorios de Jorge Antonio en Charcas 684, donde lo entregaba sin recibo a varios secretarios de éste, y, posteriormente, a Madanes por indicación del mismo Jorge Antonio.
Llegados a este punto debemos preguntarnos: ¿Es acaso posible que en cuatro o cinco años un desconocido sujeto, sin otro medio de vida que su modesto sueldo de seiscientos pesos mensuales como empleado de Obras Sanitarias de la Nación, dejado cesante en 1947, amase la enorme fortuna de cientos de millones de pesos sin el apoyo directo de la dictadura? ¿Cuál era su parte en ella, y cuál la de su sospechado protector?
Desgraciadamente no lo sabemos. Pero la opinión pública ha formado su juicio (6).

La Comercialización de la producción agrícola.

La comercialización de los granos y subproductos con destino a la exportación, es la fuente principal que tiene nuestro país para el ingreso de divisas.
Con el mentido propósito de defender sus intereses, el Estado dispuso realizar y fiscalizar las adquisiciones y ventas en el mercado, tanto externo como interno, en función de la comercialización exterior.
Estas tareas fueron de competencia del IAPI (Instituto Argentino de Producción del Intercambio) y de la Dirección General de Granos y Elevadores hasta diciembre de 1954. A partir del 1º de enero de 1955 quedaron a cargo del Instituto Nacional de Granos y Elevadores (INGE), de acuerdo con la ley 14.378.
Tanto el IAPI como el INGE operaban en forma directa, es decir, comprando a los productores y vendiendo con destino al consumo interno, o a la exportación cuando existían excedentes.
Operaba, además, con el sistema de diferenciales, consiguiente en que el organismo percibía o tomaba a su cargo las diferencias de los precios entre la comercialización interna y externa, realizando directamente por empresas privadas.
Otro sistema de operaciones era el de compraventa calzado, que consistía en comprar y vender a la misma firma interviniente, quedando con ello a cargo o favor del Instituto las diferencias entre los precios internos y los de operaciones de los productos comercializados. Este sistema se aplicó preferentemente al tanino, fibra de algodón, harinas, etcétera.
Las de mayor significación eran, indiscutiblemente, las operaciones directas, es decir, aquellas en las que el Instituto adquiría la producción a un precio fijo determinado por el Estado y vendía a los exportadores a los precios de mercado internacional (7).
Un cúmulo de errores, improvisaciones y maniobras en abierta violación de las disposiciones, normas y costumbres mercantiles, impuesto por la dictadura peronista a la colocación y movimiento de los productos destinados a la exportación, produjo grandes pérdidas para el Estado y a la economía del país. (8)
Las investigaciones realizadas por la Comisión Nº 14 han llegado a determinar que al amparo de la complicidad oficial se han creado ingentes fortunas particulares, substraídas a la economía pública y depositadas en el exterior para seguridad de los jerarcas de la dictadura peronista y sus más próximos allegados.
Diversas fueron las maniobras para posibilitar la radicación de esos capitales fuera de nuestro país, desde la creación de grandes compañías en los países tradicionalmente compradores de nuestra producción, previa conformidad de las autoridades en el otorgamiento de concesiones especiales, y principalmente en los precios bajos de los productos, hasta las facilidades tácitamente concedidas para modificar las condiciones de compra en los casos en que las especulaciones internacionales con nuestra producción agrícola no resultaran plenamente satisfactorias.
Las utilidades de la comercialización de la producción agrícola provenían de la diferencia entre los precios de compra y los de venta, pero principalmente de la radicación de tales utilidades en el exterior, ya que, de ingresarlas en el país, debían negociarlas por el mercado oficial de cambios, que por cada dólar entregaba cinco pesos moneda nacional, en momentos en que el dólar valía treinta pesos, aproximadamente, en los mercados mundiales.
Una de las muchas irregularidades cometidas en la comercialización de los cereales, con el consiguiente perjuicio para el Estado, es la constituida por el pago de bonificaciones a causas de incumplimiento de entrega de mercaderías por el Instituto. Se convenían con él operaciones que de antemano se sabía imposibles de ejecutar por el mismo, para luego reclamar aquellas.
Los perjuicios emergentes de esa práctica alcanzaron aproximadamente a 11.000.000 de dólares, o su equivalente de m$n. 300.000.000, suma que en un 70% benefició a las empresas Tricerri y Fabar.
Debemos señalar aquí el enriquecimiento de prodigiosa rapidez, producido en virtud del favor oficial, de Silvio C. R. Tricerri.
En 1947 Tricerri era un joven de veinticinco años, y según resulta de sus propias declaraciones, su patrimonio alcanzaba a unos ciento cincuenta mil pesos. En la actualidad sería difícil estimar su fortuna, radicada totalmente en el extranjero; pero en 1952 él mismo la estimaba en más de cien millones de pesos.
¿Cómo se ha producido tal incremento?
En 1947 se vinculó con Miguel Miranda, presidente por ese entonces del Banco Central, y luego del Consejo Económico, con cuyo favor obtuvo permisos de importación que le dejaron cuantiosos beneficios, inmediatamente extraídos del país en divisas fuertes.
Paralelamente emprendió operaciones de trueque de considerable volumen, cuyas ganancias disimuló a objeto de esquivar el pago de los impuestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios.
Cuando Miranda abandonó, en 1949, su importante cargo, Tricerri lo acompañó al extranjero y cesó en sus negocios dentro del país. Tres años después decidió probar suerte en el negocio de exportación de la producción agrícola argentina, al que consideró “el único realmente interesante, pues cada cosecha produce beneficios que llegan a sumar centenares de millones de pesos, de los cuales una parte, la menos, se obtiene en pesos moneda nacional, y la otra parte, la mayor, en dólares u otras divisas fuertes que se radican en el extranjero sin el menor control por parte de la Argentina” (9).
Para ello consideró necesario desplazar a las firmas cerealistas tradicionales. La realización del ambicioso proyecto requería el apoyo del dictador Juan Domingo Perón, y de inmediato procuró obtenerlo.
Su amigo Raúl Mendé, secretario de Asuntos Técnicos en aquella época, lo puso en relación con Jorge Newton, director entonces de la Escuela Superior Peronista, a quien Tricerri obsequió y cultivó generosamente para lograr su finalidad. De las conversaciones entre ambos resultó la fórmula a aplicarse: se daría al negocio el carácter de una iniciativa de beneficio nacional, suplantando a las empresas extranjeras especializadas por sociedades argentinas, con lo cual, según se afirmaba, el beneficio quedaría “para el país”. La realidad era otra, pues se convino que los beneficios que arrojare el negocio quedarían fuera de él en divisas extranjeras, presumiblemente a disposición del dictador, con quien Tricerri se vinculó en junio de 1953, apartándose de Newton, razón por la cual éste manifestó desconocer la suerte ulterior de la negociación, en la que originalmente intervino. Pero la actitud posterior de Perón permite asegurar que el acuerdo se realizó plenamente. En efecto, durante el mismo mes de junio de 1953 tuvo lugar una reunión en la residencia presidencial (10), durante la cual el dictador ordenó al ministro Cafiero de atender con preferencia a Tricerri y Jorge Antonio en todo lo relacionado con la adquisición de granos, “por tratarse de firmas argentinas”. Mendé, por su parte, recibió la orden, según lo ha declarado, de convertirse en gestor de los mismos ante los ministerios y reparticiones públicas, allanándoles las dificultades que se les presentaran en la concertación de sus negocios con el IAPI y el INGE (11). Más tarde, el mayor Renner sucedió a Mendé en su función de gestor de dichas empresas.
Así fue cómo, con toda la gravitación del poder presidencial, Tricerri y Jorge Antonio aparecieron súbitamente operando en gran escala en nuestro mercado de granos. Al comienzo actuaron en combinación con la organización mundial Najar, excluida del mercado argentino por la sanción impuesta a su agente Contimar, cuyo lugar ocuparon hasta que cada uno creó su propia organización en el extranjero: Jorge Antonio la empresa Argencer en Francfort, Grandil en Montevideo y una serie de filiales en todo el mundo, y Tricerri las sociedades de su nombre en Lausana, Milán, Roma, Londres y sus correspondientes filiales y agencias.
Ha señalado la Comisión Investigadora Nº 38 “que el sistema para el rápido aprovechamiento del mercado frente a otras firmas poderosas y experimentadas, ha sido, principalmente, el ofrecimiento de precios altos, a veces superiores a los vigentes en el mercado internacional, desplazando así a la competencia y revistiendo a las operaciones de inobjetable seriedad. Esa manera de operar de aparente importancia, no comprometía en éxito del negocio, porque siguiendo el proceso de cada contrato, el precio pagado en definitiva resultaba sensiblemente inferior al ofrecido por la competencia, mediante la obtención de descuentos y bonificaciones en base a reclamos por falta de entrega, demoras, diferencias de calidad, etcétera, aceptados por la administración con criterio sólo explicable por la influencia de órdenes superiores, reguladoras de las relaciones con las firmas de referencia.
“También habrían mediado otras maniobras sobre la base de operaciones ocultas relativas a los medios de pago, o sea la posibilidad de solventar la operación, no en las monedas “fuertes” que las licitaciones exigían, sino en monedas “blandas”, lo que se traducía en un beneficio para el comprador y, consecuentemente, en un perjuicio para el país.
“Nada más elocuente –agrega ese informe- que la parte final de la declaración prestada por el ex secretario de Asuntos Técnicos, Raúl Mendé, que dice así: “Los privilegios que pudieron obtener las empresas Tricerri y Jorge Antonio, preferentemente tratadas por el ex presidente de la nación, representaron una substracción de dinero al pueblo mismo, en contra de la doctrina predicada, según la cual debía haber menos pobres y menos ricos.” Y agregó: “Autorizó a que estas declaraciones sean puestas en conocimiento del público.”
A fin de hacer evidente el favor de que gozaban Tricerri y Jorge Antonio (FABAR S.A.), basta el siguiente cuadro:

El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI)

“El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, creado por decreto Nº 15.350 del año 1946 con carácter de organismo autárquico, habría tenido por finalidad cumplir una alta misión que redujera en beneficio de la economía nacional” dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 14.
“En efecto, nació en un período en que la guerra había concluido y los principales países del mundo sufrían ingentes daños en su economía interna. Dentro de ese panorama, la Argentina se encontraba en óptimas condiciones de poder comercializar su producción normal y aún colocar aquellos productos que habitualmente habían tenido dificultades de distinta índole para su colocación en el mercado internacional.
“Por ello la finalidad por la cual se creó el Instituto, tendería a coordinar la promoción del intercambio en una forma orgánica, nacional y práctica para asegurar beneficios positivos a la economía nacional, ya sea respaldando mediante su intervención los intereses de los productores agropecuarios, como así también los de la industria nacional, asegurándolos contra las perturbaciones de los mercados, originados por elementos económicos naturales o por medidas tomadas por los gobiernos extranjeros.
“Además se trataría de colocar la producción nacional en nuevos mercados y de afianzar los existentes, como asimismo proveer, para el mejor desarrollo e incremento de la economía del país, las materias primas y equipos para la explotación industrial. Toda esta actividad dinámica, en torno al comercio interior y exterior, se complementaría con la creación de almacenes, depósitos, zonas francas en los puertos internacionales, y también mediante una colaboración directa con las instituciones oficiales o particulares, del transporte y de la industria.
“Aparentemente su creación no tenía por objeto eliminar al comercio exportador e importador normal, pues las relaciones de éstos con sus representantes o representados del exterior, eran indispensables para el normal desarrollo de su cometido, persiguiendo –así cabría considerarlo- solamente el fin de eliminar al comerciante arribista u ocasional. Vale decir que su actividad no habría sido dirigida a monopolizar la acción de la actividad privada, sino, por el contrario, la complementaria en forma adecuada para beneficio de ella y de la colectividad, encauzada su acción preferentemente hacia aquellos renglones que, por circunstancias fortuitas, no llegasen al consumidos dentro de los verdaderos valores de costos, más los incrementos normales requeridos para su comercialización.
“Por último se infiere el espíritu que debía animar la actividad de ese Instituto era el de contener los efectos negativos de la tendencia inflacionista, llegando a nivelar la oferta y la demanda de bienes. De esta manera el poder adquisitivo de nuestra moneda se defendería contra la especulación desenfrenada que podría provocar privaciones y malestar a la mayoría de los habitantes en beneficio de unos pocos”.
A continuación señala el informe de la Comisión Investigadora Nº 14 los desaciertos incurridos en los diversos sistemas de comercialización adoptados por IAPI en sus operaciones de importación.
Dice así:
“En el período comprendido entre los años 1946 al 1948, su actuación se orientó preferentemente a la importación de máquinas industriales, automotores, etcétera, con el objeto de abastecer la gran demanda del mercado interno, en forma tal –como lo prueban las distintas investigaciones realizadas- que permitió el ingreso al país de mercaderías en estado deficiente (surplus de guerra, sobrantes de producción, material procedente de desmantelamientos de fábricas, maquinarias de construcción técnica improvisada no adaptable a nuestro uso, etcétera), a precios que estaban muy por encima de las cotizaciones que regían en el mercado internacional para esos mismos elementos, que provinieron de fábricas acreditadas y de gran solvencia técnica.
“En efecto, los distintos presidentes que en la época comentada actuaron –señores Miranda, Maranglio y Devris- intervinieron directamente, cerraron y concretaron operaciones de adquisiciones sin estudio previo, prescindiendo de la solvencia y seriedad de las firmas, es decir, que solamente ante la presencia de la oferta se adjudicaba a las firmas proponentes negocios voluminosos, con un desprecio absoluto de la ética que exigía guardar el racional y eficiente abastecimiento del país.
“Así se concretaron adquisiciones de materiales ferroviarios que, posteriormente se comprobó, habían sido ya rechazados por los ferrocarriles nacionales, tractores Empire, jeeps, barcazas, camiones, equipos para vialidad, materias primas, tejidos, etcétera, materiales cuya absorción fue resistida en principio por la plaza y que luego lograron introducirse merced a la falta absoluta que existía de los mismos y que se vieron favorecidos por la inflación que se manifestó en nuestro país.
“Luego, cuando el IAPI amplió su radio de acción incorporando otros productos a sus compras, funcionarios de menos jerarquía intervenían directamente en la concreción de las operaciones, y es así cómo, de acuerdo con las preferencias de ellos, recomendaciones e intereses creados, se favoreció a determinadas firmas que llegaron a constituirse en proveedoras habituales del organismo, sin que mediase la intervención de la competencia como medio eficaz para obtener mejores precios.
“Posteriormente, en circunstancias en que el país atravesaba por un período de gran escasez de medios de pago para concertar operaciones directas, se recurrió al tipo de las competencias que, como se ha comprobado, eran realizadas por firmas privadas que proveían al IAPI el material de la importación con mucha posterioridad a la fecha en que recibían el producto que se exportaba. Hubo casos en que esta diferencia de tiempo alcanzaba hasta los diez meses. Como este movimiento comercial se efectuaba sin giro de divisas, el IAPI se convertía en el verdadero financiador de ambas operaciones.
“En las compras realizadas por llamados a concurso de precios se presentaban las siguientes alternativas:

“a) Estos concursos, en la mayoría de los casos, se realizaban solicitando cotizaciones de cualquier origen, sabiéndose posteriormente que solo era posible la compra en determinada área, según la disponibilidad en divisas que en cada caso hacía conocer en Banco Central. Ello daba lugar a que algunas firmas se viesen favorecidas por informaciones suministradas por funcionarios del Instituto, las que, aprovechando esa circunstancia, presentaban sus ofertas en las condiciones que hacían factible el cierre de la operación.
“b) Otro aspecto que debe destacarse es la prerrogativa que tenía el IAPI de declarar desierto el concurso, aceptando parcial o totalmente las ofertas que estimó más convenientes, en forma discrecional y fuera de toda ética administrativa.
“Este sistema dio lugar a que se cometiese una serie de hechos que configuraron verdaderos negociados, pues se declararon desiertos concursos de precios en los cuales algunas firmas cumplían con los requerimientos del pliego de condiciones, para adjudicar las compras con el pretexto de que el IAPI, en base a su criterio exclusivo, podía solicitar mejoras de precios a determinadas firmas, las que previamente eran impuestas de la cotización más baja del resultado del concurso. De esta manera se le daba a la misma la oportunidad de contra-ofertar y obtener así la adjudicación de la operación.
“En el último período, cuando la influencia de las firmas allegadas directamente a la Presidencia de la Nación, tales como FABAR, Tricerri y COFACO (Grupo de Jorge Antonio) monopolizaron la exportación de cereales y otros productos y ampliaron su acción en negocios de importación, se vieron favorecidos por adquisiciones realizadas por IAPI de materiales que ellas a su vez tenían que adquirir a firmas de esta plaza en razón de que carecían de representaciones efectivas de firmas extranjeras, encareciendo innecesariamente el valor de la mercadería. Ello como consecuencias de maniobras realizadas por funcionarios del IAPI y Banco Central que orientaban su gestión a otorgar en definitiva a las citadas firmas las órdenes de compra de los productos a importarse.
“De las observaciones precedentes se desprende que el IAPI, no obstante haber sido creado con la finalidad exclusiva de actuar como organismo oficial regulador de la economía de la Nación, no ha podido llevar a cabo ese cometido, y, en aquellos casos en que pretendió hacerlo, desvirtuó ese propósito por los ingentes perjuicios que ocasionaron al país los grandes negociados que el propio Instituto admitió y fomentó.
“En su mayor parte esta situación ha derivado de la actuación deshonesta de los distintos funcionarios que tuvieron en sus manos la dirección de ese organismo, quienes solo procuraron su propio enriquecimiento, para lo cual no repararon en asociarse y aun crear sociedades con el exclusivo fin de comercializar ilícitamente con él.
“En efecto, en el primer período, cuando el país contaba con grandes saldos de divisas de libre disponibilidad y que por lo tanto podía haber actuado como comprador de los materiales o equipos en los mercados donde se le ofreciesen las mejores condiciones de calidad y precio, se crearon sociedades directamente allegadas incluso a la Casa de Gobierno, apareciendo así personeros con la finalidad de hacer de intermediarios en las grandes compras que proyectaban el IAPI (tal el caso de Ceferino Alonso Irigoyen, Lutteral Chapman, Patiño Pacios, Doaida, Segal e hijos, Shffner, etcétera).
“Estas firmas o personas, una vez obtenidas las órdenes de compra (las cuales, como ya se dijo anteriormente, no estaban sujetas a estudio previo) operaban con los dólares previamente colocados en el exterior –créditos confirmados en su mayor parte- obteniendo beneficios extraordinarios que no se reducían a las simples comisiones normales del comercio, sino que eran verdaderos sobreprecios que alcanzaban porcentajes elevados. De esta forma se configuró una elevación formidable de divisas, debilitando decididamente nuestras reservas de pago. Al propio tiempo, y como consecuencia de este aumento en el precio de las mercaderías adquiridas en el exterior, que se tradujo a su vez, en los precios de venta en nuestro mercado interno, contribuyó a sostener la inflación que ya se acentuaba en el país, desvirtuándose de esta manera la misión reguladora que debía cumplir el IAPI.
“La desastrosa política de compras adoptada originariamente por el organismo, lo obligó, al ver disminuidos los medios de pago del país, a recurrir a los convenios bilaterales para poder cumplir su normal abastecimiento. En este nuevo sistema operativo surgieron las irregularidades, ya que si bien el IAPI colocaba sus productos a precios que estaban por encima del mercado internacional, los mismos no guardaban relación con los sobreprecios pagados por las mercaderías de importación que, en algunos casos estaban recargados hasta más del 100% (tejidos, carbón, papel, hilados, etcétera) dando lugar a que esa falta de proporcionalidad entre los valores de importación y los de exportación provocase en breve plazo desniveles desfavorables en nuestra balanza comercial, con la consiguiente repercusión en el mercado interno.
“En este estado de cosas y dado que los convenios se daban por cumplidos o denunciados, se recurrió al sistema de operaciones compensadas, en las que se continuó incurriendo en las mismas fallas enunciadas.
“La adquisición de materiales de diversas especies en el exterior permiten aseverar, en términos generales, que no han sido previamente considerados aspectos fundamentales referidos a la situación del mercado interno y su absorción; en otros casos, no se contempló la situación de importantísimas industrias nacionales (vidrio, madera, cemento, etcétera).
“Pretendiendo en IAPI =tal como se ha manifestado anteriormente= ser organismo regulador de la economía nacional, no se justifica que haya dado curso a pedidos inconsultos de otras representaciones, sin detenerse a considerar previamente la situación del mercado y por consiguiente, las reales necesidades del país, y paralelamente considerar la influencia de dichas adquisiciones en el normal desenvolvimiento de la industria nacional.
“Un caso típico lo constituye la importación de cantidades inapropiadas de cemento portland, consecuencia de exigencias del gobierno referidas en un primer momento a duplicar la producción sin aportar medidas previas que aseguraran el mantenimiento de maquinarias, de su reposición, de ampliación de las plantas, transporte y combustible. Ante la falta total o parcial de ese indispensable apoyo oficial, la industria nacional se vio ante el gravísimo problema de mantener su producción, no ya de incrementarla.
“El IAPI, ante un pedido de la Dirección de Abastecimiento de Industria y Comercio, en 1952, para importar 500.000 toneladas de cemento, no analiza sus consecuencias, pese a la experiencia que ya tenía en materia de tales importaciones, ni considera la capacidad de absorción del mercado, ni estima la gravitación del precio resultante.
“Lógicamente, por razones de falso planteamiento, se debieron adoptar a continuación medidas de defensa para el cemento importado, que variaron desde el equiparamiento de precios del cemento nacional al importado, hasta la limitación de zonas, contribuciones al déficit de importación extraídas de la venta de producción nacional, etcétera, y lo más notable es que esto se producía conociendo que cualitativamente el cemento importado era inferior al nacional. A ello debe agregarse que se pagaron importantísimas sumas por almacenajes y sobrestadías y que se contribuyó al mercado negro haciendo del IAPI un depositario gratuito, resultando de todo esto que la regulación del mercado era un mito para los funcionarios que tenían el deber de imponerse de las reales necesidades y posibilidades del país. Por lo demás, ello resultó factible por no poder combatirse la media palabra oficial, representada en estos casos por funcionarios sin el menor sentido de la responsabilidad”.
Con referencia a la política comercial seguida por el IAPI en la programación y ejecución de las distribuciones de materiales y mercaderías de importación, dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 14:
“Las importaciones realizadas por el IAPI representaron a lo largo de toda su actuación un volumen de gran significación dentro del panorama total de las mercaderías que ingresaban al país, habiendo actuado respecto de algunos rubros como único y exclusivo importador.
“Dos aspectos fundamentales pueden destacarse de la actuación seguida por el organismo en la distribución y venta a los importadores y usuarios, en su misión de regular el normal abastecimiento del mercado interno.

“a) Distribución según cuotas establecidas por distintas reparticiones oficiales.

Entre los distintos productos que se negociaban por este sistema: metales no ferrosos en general, papel para diarios, películas, semillas de papas, chapas y aceros, carbones de arco voltaico, bananas, etcétera, tomaban intervención entre otras la Dirección Nacional de Abastecimiento, Subsecretaría de Informaciones, Ministerio de Agricultura, etcétera.
“En este tipo de comercialización, la actuación del IAPI se limitaba a formalizar las ventas y entregas, conforme a las listas de adjudicaciones que les suministraban las reparticiones competentes. Es así como sucedía que los requerimientos del abastecimiento interno no se cumplían en la medida deseada en razón del divorcio que existía en las relaciones entre los distintos organismos, por cuanto, generalmente, no existía simultaneidad entre las existencias y programación de los embarques y adjudicaciones, dando lugar a gastos innecesarios que incidían en los precios de las mercaderías (movimientos, almacenajes, mermas, seguros, etcétera).
“Además, a través de su contacto con los adjudicatarios, no escapaba a los funcionarios del instituto el hecho de comprobar que la falta de regularidad en las distribuciones daba lugar a especulaciones de distinta índole, como así también a negociaciones desmedidas, no ya con los materiales, sino también, simplemente, con las órdenes de entrega. De esta manera se desvinculaba la utilización directa de la mercadería, contribuyendo al mercado negro que se había creado con productos en que el IAPI actuaba como único importador, lo cual es inadmisible teniendo el gobierno en sus manos todos los recursos y elementos necesarios para evitarlo.

“b) Mercaderías cuya distribución y venta realizada directamente el IAPI.

“1º- Distribución mediante cuotas que se fijaban en base a antecedentes de los importadores y/o usuarios, ante el Banco Central o declaraciones juradas de consumo.
“En la mayoría de las distribuciones realizadas por el Instituto: maderas, vidrios, cemento, etcétera, se deslizaron irregularidades por las preferencias que se tuvo con determinados importadores y usuarios, ya sea siguiendo órdenes impartidas por las autoridades del Instituto o por vía de manejos cometidos por los funcionarios del mismo. Se desvirtuaba así la finalidad de la regulación del abastecimiento, pues el destino de las mercaderías, en estos casos, sufría un pasaje por intermediarios que negociaban las órdenes obtenidas mediante sus influencias o dádivas.
“La incapacidad, desconocimiento o desidia de las autoridades del organismo en la distribución, ocasionó algunos perjuicios al mercado consumidos por la irregularidad en las entregas, aumentos de precios por gastos innecesarios, y trabas puestas en la comercialización de productos cuya celeridad de entrega se imponía, por cuanto la demanda de la plaza era apremiante.
“2º- Como consecuencia de las distintas importaciones realizadas por el IAPI, en los depósitos de Kilometro 10 existió y existe todavía gran cantidad de materiales, tales como automotores, herramientas, maquinarias, etcétera, que en determinado momento fueron muy solicitados por la plaza. En su generalidad no se comercializaban estos materiales para satisfacer el interés público, sino que su adjudicación estaba orientada hacia los pedidos efectuados por personas allegadas a las altas esferas del gobierno peronista, beneficiándose así con las diferencias de precios que la plaza les asignaba.
“En consecuencia, queda demostrado que la acción del IAPI fue perniciosa, tanto como organismo comprador o vendedor, ya que en vez de organizar la distribución para contener los efectos nocivos de la tendencia inflacionista y procurar nivelar la oferta y la demanda, su intervención fomentó la especulación desenfrenada que contribuyó al malestar y privaciones de todo orden que tuvo que soportar el comercio en general.
“De tal modo y como conclusión sobre este aspecto, puede afirmarse que la política comercial seguida por el IAPI en la programación y ejecución de las distribuciones de materiales y mercaderías de importación solo dio por resultado que un reducido número de firmas importadoras se enriquecieran libremente, amparadas por la cantidad exigua de mercadería que el Instituto entregaba a los usuarios y que no actuaba como efecto regularizador de los precios aplicados por los importadores. Por otra parte, la periodicidad de las distribuciones creó el clima propicio para los negociados.
“En este orden de ideas, es interesante señalar que antes de la intervención del Estado en la comercialización de determinadas mercaderías, si bien los usuarios se abastecían de los importadores, éstos debían circunscribir su utilidad dentro de un margen razonable, puesto que, en caso de excederse, el usuario orientaba sus compras en el exterior, convirtiéndose en importador de sus propias necesidades. Durante la intervención del IAPI la utilidad del importador fue ilimitada en muchos productos, por no haberse fijado precios máximos para ellos. Esto permite captar fácilmente que las firmas importadoras se han visto favorecidas con márgenes excesivos por una simple mediación.
“En lo que respecta a la dinámica seguida en la ejecución de las distribuciones –las investigaciones realizadas por esta Comisión permiten apreciar que adolecen de fallas fundamentales, v. gr.: adjudicación de materiales que los usuarios implícitamente habían reconocido no utilizar-, lógico es suponer que se vieron obligados a revender sus mercaderías, modificándose así el objetivo de las distribuciones y fomentando la especulación.”
Termina el informe de la Comisión Investigadora Nº 14, en lo que respecta al IAPI, con las siguientes consideraciones generales:
“La orientación que imprimió el gobierno anterior al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio fue muy opuesta a los fines para los cuales fue creado, y provocó durante su larga intervención en la comercialización interna y externa, una dislocación económica del mercado proveedor y abastecedor, es decir, descanalizó el comercio internacional argentino de sus cauces naturales. De tal modo, en lugar de contribuir a la estabilización del valor adquisitivo de la moneda y a su respaldo, creando el clima de seguridad adecuado para una evolución progresiva del país, se llegó a una etapa que da la razón a todo lo que se expone en este informe.
“Debemos destacar los resultados negativos de los convenios bilaterales, ya que han sido perjudiciales para la economía nacional, como consecuencia de la actuación del IAPI en las negociaciones posteriores, por haberse correspondido la parte más desfavorable, al sacrificar su posición en beneficio de la que imponían las partes interesadas de los países vendedores.
“Este sistema, que obligó a nuestro país a adquirir mercaderías de inferior calidad y precios elevados, por cierto muy superiores en proporción a los contravalores de nuestra exportación, eliminando de tal manera la competencia y el libre juego de la oferta y la demanda, favoreciendo intereses ajenos a los de la nación misma, hace pensar con más firmeza y seguridad en el acierto con que se encara en estos momentos la implementación del multilateralismo en el comercio exterior para liberar la energía potencial de nuestro sistema económico financiero.” (12)

El caso Richter

El 24 de marzo de 1951 el dictador Juan Domingo Perón anunció al país y al mundo que el 16 de febrero en la planta piloto de energía atómica, en la isla Huemul, de San Carlos de Bariloche, se habían producido reacciones termonucleares bajo condiciones de control de escala técnica.
Recogieron la noticia los principales diarios extranjeros, y aunque pocos lectores creyeron en su veracidad, el nombre de Perón figuró por algunos días entre los más notorios de ese momento.

¿Quién era ese misterioso sabio alemán Ronald Richter que, según se afirmaba, había hecho en nuestro país y escasos medios, descubrimiento tan sensacional? Nadie lo conocía en los círculos científicos más calificados del mundo y lo ignoraban por completo los especializados en investigaciones termonucleares. Quedaron todos a la expectativa, aunque los más responsables se encogieron de hombros. Sólo la prensa oficialista celebró, entre nosotros, el magno acontecimiento como un gran triunfo del “conductor”.
Ahora sabemos cómo pasaron las cosas, quién era el “sabio” y cuánto costó la experiencia que cubrió de ridículo al régimen peronista imperante, y por consiguiente al país entero.
Ronald Richter llegó a la Argentina el 16 de agosto de 1945. Pocos días después fue citado por el dictador y con él mantuvo una larga entrevista. En esa reunión Richter le explico la posibilidad teórica de realizar reacciones termonucleares en cadena, cuya experimentación era también factible. El dictador lo escuchó complacido y al final le expresó: “Entonces, métale nomás” (13).
Después de esto, permaneció Richter cuatro meses en Córdoba como huésped de Kurt Tank, experto en diseño y proyectos de aviones, a quien conociera en Europa y por cuya indicación había venido. En ese período firmó un contrato con la Secretaría de Aeronáutica –del cual, según afirma, nunca tuvo copia-, y de acuerdo con el mismo le fue instalado un laboratorio particular. En éste se produjo en 1949 un pequeño accidente, a raíz del cual Richter manifestó que el mismo había sido violado, y que en esa forma no podía continuar sus trabajos, pues suponía que era objeto de espionaje. El dictador Juan Domingo Perón puso el hecho en conocimiento del coronel Enrique P. González, quien de inmediato se trasladó a Córdoba. Allí pudo saber por Tank que lo ocurrido fue muy simple: a causa de un corto circuito durante la noche, había sido necesario violentar la puerta para que entrara el personal dedicado a la lucha contra incendios.
Vuelto el coronel González a Buenos Aires, y enterado el dictador de lo sucedido, éste expresó que “era su deseo que Richter trabajara con la más absoluta independencia y que se le facilitaran todos los asuntos para poder encarrilar su investigación”.

De acuerdo con ello se decidió buscar otro sitio donde instalar el laboratorio. Alguien indicó una zona desierta de San Juan; otros propusieron Calamuchita y Catamarca. Perón indicó la zona de Rio Negro y Neuquén, a donde se traslado Richter con varios acompañantes. Conoció allí la isla Huemul y la eligió, según él, por las siguientes razones: “1º posibilidad de abundancia de agua pura y fresca, 2º falta de polvillo, que perjudica a los aparatos, 3º porque para guardar secreto una isla es lo mejor.”
En junio de 1949 se resolvió la creación del Centro Huemul, que se puso bajo la dirección de Richter, para el cual se nombraron varios colaboradores alemanes. “No había ningún argentino entre el personal técnico”, según textual declaración de aquél (14).
Realizadas las construcciones necesarias, el “sabio” se puso a trabajar. Se sentía todopoderoso. El dictador había delegado en él “su misma autoridad” para ejercerla en la isla Huemul; una guarnición del ejército custodiaba sus límites; los recursos económicos llegaban en abundancia. Y no tenía oposición. Evidentemente, esa ínsula era el paraíso.
A veces, sin embargo, debía fruncir el entrecejo. En mayo de 1951, se habían creado la Planta Nacional de Energía Atómica de Bariloche, a la cual fueron transferidas las diversas zonas y dependencias ubicadas en Neuquén, y la Dirección Nacional de Energía Atómica, dependiente del ministro de Asuntos Técnicos. Cierto que el mismo decreto mencionaba también al laboratorio nacional que dirigía Richter, y que ése, como planta, dependía directamente del presidente de la Nación; pero, de cualquier modo, asomaban algunas nubes en el horizonte.
“La primera tentativa para fiscalizar la obra de Richter- dice el informe de la respectiva Comisión Investigadora- tuvo lugar a principios de 1952. El coronel Enrique P. González, entonces director nacional, requirió la opinión de los directores Teófilo Isnardi y José B. Collo, quienes expresaron fundadas dudas sobre la seriedad de las pretendidas investigaciones de Richter.” Con tal motivo, el coronel González consideró indispensable formar una comisión que inspeccionara las obras de Huemul. Informado de ello el dictador, aceptó la idea, aunque formuló algunos reparos sobre los componentes de la misma.
El 6 de marzo de 1952 se realizó la primera pericia científica sobre los trabajos de Richter. Los expertos conceptuaron de su deber: “aconsejar la suspensión del apoyo moral y material que se le ha venido prestando”. Seis meses después se designó otra comisión, que luego de visitar la planta de Huemul y presenciar en ella varias pruebas, expreso que “el resultado de la demostración, desde el punto de vista de la experimentación nuclear para la que fue desarrollada, fue de resultado netamente negativo.”
El dictamen de los técnicos fue replicado por Richter, y aquellos a su vez lo rebatieron.
En vista de dicha divergencia de opiniones, el ministro de Asuntos Técnicos, Mendé, solicitó a los doctores Ricardo Gans y António E. Rodríguez, un dictamen al respecto, que fue producido en 20 de octubre de 1952, en total concordancia con la opinión de la comisión técnica. En virtud de ello, un mes más tarde se intervino y tomó posesión de la planta, suspendiéndose todas las obras que no fueran viviendas.
La Comisión Investigadora, designada después de la Revolución Libertadora, ha analizado minuciosamente la cuestión científica referente al “proyecto Huemul” a fin de “decidir si hubo imprevisión, imprudencia, incuria, intención dolosa, etcétera, en quienes propiciaron y mantuvieron la realización de ese proyecto y especialmente en su principal actor: Ronald Richter”.
No resumiremos de ese interesante estudio los detalles técnicos que escapan al conocimiento común de los lectores. Pero corresponde mencionar las conclusiones a que llegó esa comisión.
En síntesis, son las siguientes:
1º El “caso Richter” que comprometió el prestigio y la seriedad científica del país, fue un fracaso completo. Sus experiencias no condujeron a ningún resultado y nunca presentó pruebas que tuvieran el más mínimo indicio de éxito.
2º Ronald Richter carecía totalmente de los antecedentes científicos que hubieran justificado la confianza en sus promesas y la facilitación de cuantiosos bienes del erario público.
3º Si antes de confiarle la realización de su costoso proyecto se lo hubiera enfrentado con físicos argentinos, se hubiera puesto en evidencia su incapacidad para realizarlo.
4º Se ha comprobado que su pretendido secreto acerca de la posibilidad de controlar reacciones termonucleares no existió nunca. Sólo ha expuesto nociones vagas, algunas de ellas anticuadas y otras disparatadas.
5º Nunca cumplió, ni aproximadamente, sus reiteradas promesas de liberar energía atómica y obtener radioisótopos mediante reacciones termonucleares controladas.
6º El principal responsable de la iniciación y prosecución del denominado “proyecto Huemul” fue el ingeniero Kurt Tank, actualmente ausente del país, quien aprovechó de su prestigio ce constructor de aviones para apañar la aventura de su amigo. Tank fue uno de los técnicos alemanes que actuaron en Córdoba con falsos documentos de identidad, según publicaciones recientes.
7º Ronald Richter afirmó repetidamente, ante la Comisión Investigadora, que el R. P. Bussolini avaló desde el principio el valor científico de sus proyectos. No está probado que propiciara la realización del “proyecto Huemul” con anterioridad a la declaración pública del ex presidente Perón anunciando su éxito (24 de marzo ce 1951), salvo en forma genérica, alentando como lo hizo, “cualquier proyecto que significara un enrolamiento argentino en el comercio mundial de la energía atómica.”
8º Posteriormente a dicha declaración el R. P. Bussolini expresó ante el ex presidente perón que en ciertos espectrogramas que le mostraron y los causales (que) examinó solo visualmente, aparecían en la región ultravioleta halos inexplicables en un espectro común “que podrían admitirse como manifestaciones de liberación atómica”. Ellos no son, sin embargo, ni siquiera un indicio de tal cosa.
9º El R. P. Bussolini no es físico e integró una comisión de expertos que fue a Bariloche para dictaminar sobre la labor de Richter. Sus opiniones sobre la capacidad científica de éste demoraron por algún tiempo el abandono del desgraciado proyecto.
10. La Comisión Investigadora no ha tenido conocimiento de ningún físico argentino que apoyara el “proyecto Huemul”. En particular, los técnicos de la Dirección Nacional de Energía Atómica expresaron firme e invariablemente la opinión adversa, no obstante los riesgos que tal actitud importaba; pero no pudieron hacer públicas sus opiniones porque se les hizo saber que serían pasibles de las sanciones que corresponden a quienes atenten contra la seguridad de la nación. Toda tentativa de complicarlos con aquel fracasado proyecto, sea franca o insidiosamente, es por lo tanto producto de ignorancia o de mala fe.
11. Contrastando con esta actitud de los círculos científicos y técnicos argentinos, el entonces rector de la Universidad de Buenos Aires se apresuró a otorgar a Ronald Richter, y desde luego sin asesoramiento técnico, el título de “doctor honoris causa”, sólo dos días después del mencionado anuncio del ex presidente, quien firmó el correspondiente diploma.
12. Se ha puesto en evidencia un inadmisible desorden administrativo, en cuanto se confirieron a Ronald Richter poderes absolutos, que utilizó discrecionalmente y le permitieron, sin dar cuenta a nadie, ordenar la realización de costosas construcciones y luego su demolición, a menudo antes de estar terminadas o de ser utilizadas; dar de alta o despedir personal de toda jerarquía, fijar sueldos y sobresueldos, etcétera. Todo lo cual revela una gran desaprensión respecto de cuantiosas dilapidaciones de fondos del erario público.
13. El costo total del “proyecto Huemul” fue, en números redondos, sesenta y dos millones y medio de pesos, según constancias documentadas existentes en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires

Aunque inconclusa, la investigación realizada sobre este particular ha comprobado irregularidades diversas señaladas en el informe de la Comisión Nº 25.
La construcción del gasoducto fue proyectada por el general Mosconi, y ese proyecto, exhumado por el ingeniero Julio V. Canessa, dio base a su posterior ejecución.
Apenas se dispusieron las obras, -dice el informe referido- apareció en escena el doctor Daniel Castro Cranwell, interventor de la dirección de asuntos jurídicos de la Secretaría de Industria y Comercio. Vinculado a un grupo de ingenieros italianos que habían llegado al país para estudiar la fabricación de tuberías a fines de 1946, se aleja Castro Cranwell del cargo que desempeñaba, y poco después, el 3 de febrero de 1947, el Poder Ejecutivo autorizó la construcción de la obra. A pesar del aparatoso desfile de rodados con que la dictadura peronista subrayó el decreto con fines de propaganda, no había existencia en el país de tuberías ni de maquinarias para emprender la obra, ni se realizó el necesario relevamiento del terreno por donde debía tenderse el gasoducto. En abril comienza la intervención de la firma Dalmine Italiana y la formación del grupo italiano Teceint, apoyada por Castro Cranwell. La oferta es presentada el 21 de abril y el 23 se redacta y aprueba el contrato con Gas del Estado, sin intervención de ninguna oficina técnica. La retribución de Dalmine a Castro Cranwell consistió en un recargo de 20 dólares por tonelada de material, que representó alrededor de un millón de dólares.
La invocación de los más bajos precios por Dalmine queda desvirtuada por los sobreprecios aceptados luego de 0,20 dólares por metro de pintura asfáltica y de 2,60 dólares por protección de extremidades, a lo que debe sumarse la disminución del diámetro de la tubería dispuesto por el gobierno como medida de economía, con disminución de la resistencia del tubo y del volumen del gas a transportar, a lo que debe añadirse la construcción de las válvulas de bloqueo fuera de los tipos standard, la que originó dificultades.
La cañería adjudicada a Dalmine alcanzó a 51.000 toneladas y el resto a Areco y Siam Di Tella Ltda. Pero mientras la firma italiana gozó de todo género de faciulidades, Areco y Siam Di Tella son rigurosamente inspeccionados, lo que determinó la aplicación de fuertes multas y la caducidad del contrato parcial de ambas empresas, transfiriéndose a Dalmine la provisión restante, con el otorgamiento de sucesivos premios por anticipo en los plazos de entrega.
De todo ello resulta que al precio básico pagado a Dalmine de 260,50 dólares, se suman 33,40, más 35, es decir, 328,90 dólares, a lo que debe sumarse 4.80 por protección de extremidades de los tubos y 0,20 por metro lineal de pintura anticorrosiva. Y, por fin, Dalmine exige 250.000 dólares por adelanto de entrega y 267.200 más por mayor costo del acero, lo que hace un total de 3.567.240 dólares. La obra se encarece extraordinariamente, en beneficio de Dalmine y por la intervención del citado abogado, lo que le lleva a un costo total de pesos moneda nacional 345.720.830,73 a fines del año 1955. Y todo ello con sacrificio de la industria nacional y de la consiguiente economía de divisas, a lo que se suma que, como consecuencia de ese apresuramiento, el gasoducto está trabajando a la mitad de su capacidad, por no hallarse instaladas las cinco plantas compensadoras, pues sólo se contaba con la central a la fecha de su habilitación. No obstante esto, con los fines de propaganda conocidos, se resuelve dar por terminada la obra y disponer su habilitación a fines de 1949, distribuyendo como premio m$n. 6.087.732,80 entre los colaboradores directos, esto es, la mitad de la llamada economía del costo. Ese premio no fue distribuido, como se propuso inicialmente, para estimular a quienes actuaban en los trabajos en terrenos insalubres y regiones inhóspitas, sino en forma discrecional, aún entre personas que nunca estuvieron en el terreno. Así, la del delegado de personal, César Scala, alcanza a 23.474,05 pesos moneda nacional; la del ingeniero Canessa $ 277.568,02; ingeniero Carlos Lucero Flores y Juan D. Siri, $ 161.550,61 y $ 105.973,90 respectivamente, mientras que personal común de la repartición percibió sumas que van de $ 161 a $ 12,35. Y esa supuesta economía de costo se destaca más aún si se tiene en cuenta que aún debe invertirse en la terminación de la obra la suma de $ 252.000.000.
A estos elementos de juicio se agrega que, muerto el ingeniero Torcuato Di Tella, el señor Torcuato Sozio, amigo de Juan Duarte y dirigente de Siam Di Tella, rehace la vinculación de la firma con el gobierno, interviniendo en la gestión el entonces embajador en EE.UU. Jerónimo Remorino y llega a donar 82 motonetas t a ofrecer su colaboración decidida para la movilización de la CGT el 28 de septiembre de 1951. Como contrafigura, el ingeniero Teófilo Tabanera, subdirector de Gas del Estado, que osó criticar la adjudicación a Dalmine, fue suspendido y luego separado de su cargo porque “sus objeciones hacían indirectamente el juego a la oposición, lo que formaba parte de un plan de sabotaje a la ejecución del gasoducto”.

Aeropuerto de Ezeiza

Apenas comenzó a acrecentarse el tráfico aéreo nacional e internacional se planteo la urgencia de resolver el problema de dotar a la ciudad de Buenos Aires de un amplio aeropuerto, que no sólo considerara las necesidades presentes sino las que en el futuro derivaran del normal y rápido desarrollo de ese tipo de comunicaciones.
A tal fin se dictó en 1935 la ley número 12.285, que dispuso la construcción y habilitación de un aeropuerto dentro de los límites de la Capital Federal y litoral fluvial adyacente, y autorizó al Poder Ejecutivo a emitir títulos de deuda interna o externa de la nación hasta la suma de $ 10.000.000.- moneda nacional.
Una comisión integrada por representantes de la Municipalidad de Buenos Aires y de los ministerios del Interior, Obras Públicas, Guerra y Marina (15) debía proponer en el término de noventa días la ubicación, área y reserva del aeropuerto, sus instalaciones y obras indispensables, los planos generales, bases de licitación, límites de la zona circundante y la servidumbre de orden aeronáutico que debía crearse. Declaraba finalmente, sujetos a expropiación por causa de utilidad pública, determinada por el Poder Ejecutivo, los terrenos necesarios para la formación, construcción y habilitación del aeropuerto.
Después de estudiar las posibles soluciones, la comisión designada señaló los servicios que debía prestar ese aeropuerto y los que expresamente correspondía excluir, a la vez opinó que era insuficiente la cantidad prevista por la ley para la construcción del mismo.
Aprobadas por el decreto Nº 99.235/1937 las conclusiones a que aquella arribaba, se dispuso que los ministerios de Guerra y Marina, no sólo completaran las bases, planos, presupuesto y especificaciones para tal construcción, sino que determinaran su ubicación exacta, de acuerdo con lo establecido por la ley y lo aconsejado por la comisión.
Como la solución propuesta por ésta afectaba al trazado del Canal Costanero, se originaron nuevas actuaciones en los ministerios de Guerra y Obras Públicas, que determinaron la construcción de una segunda comisión.
Analizados los proyectos que habían considerado la precedente y las nuevas soluciones propuestas separadamente por sus miembros, se expidió en junio de 1941 aconsejando que se emplazara el aeropuerto en la zona del litoral fluvial del Rio de la Plata, situada en la prolongación de la avenida General Paz, por satisfacer las condiciones técnicas, aeronáuticas y meteorológicas y permitir la solución integral del aeropuerto terrestre y marítimo.
Advertía la comisión que el emplazamiento del aeropuerto en el extremo de la avenida Costanera y arranque de la avenida General Paz constituiría, a la vez que un magnífico exponente en el orden edilicio, un punto de atracción y esparcimiento público en una zona acerca de la cual se estudiaba entonces, por las autoridades de la comuna, la apropiada terminación de aquellas arterias. Calculaba la comisión, finalmente, que la construcción del aeropuerto requeriría la utilización de unas 250 hectáreas y la inversión total de $ 60.000.000 m/n. Por decreto Nº 99.132/1941 se aprobó este informe y se fijó el emplazamiento definitivo del futuro aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires en el lugar que aquella aconsejaba.
Los estudios de ambas comisiones habían sido realizadas con extrema seriedad pro técnicos especializados, y entre ellos por dos eminentes pioneros de nuestra aviación militar y naval: Ángel María Zuloaga y marcos A. Zar. Otros estudios se agregaron posteriormente, y sus conclusiones concordaron con las de tales comisiones.
En eso de estaba cuando se produjo la revolución del 4 de junio de 1943.
Un año después, sin efectuar nuevos estudios y sin considerar los ya realizados que había dado solución al problema de la ubicación definitiva del aeropuerto, se dictó el decreto Nº 13.240/1944, por el cual se designó a los ministros de Guerra, Marina y Obras Públicas para proponer tal ubicación.
Apenas transcurridos cuatro meses, un nuevo decreto ley –el que lleva el Nº 26.966, de 2 de octubre de 1944- consideró, en mérito de “lo informado y propuesto por los señores ministros de Guerra, Marina y Obras Públicas, asesorados por el comando en jefe de Aeronáutica y por la dirección de Aviación Naval”, que era inapropiada la ubicación escogida anteriormente para la construcción del aeropuerto, por lo que se la establecía en Ezeiza, cuyos terrenos en extensión de 6.800 hectáreas, presentan excelentes condiciones topográficas y geográficas y pueden comunicarse directa y fácilmente con el centro de la Capital Federal, mediante una carretera de tránsito rápido”
Mucho era, en verdad, que en tan breve espacio de tiempo se hicieran estudios sobre el particular por tres ministerios y dos reparticiones técnicas, y mucho más, que coincidieran en sus conclusiones o armonizaran las divergencias.
Pero nada era verdad de cuanto expresaba tal decreto ley en sus “conclusiones”.
La Subcomisión Investigadora en el aeropuerto de Ezeiza ha comprobado plenamente que jamás se reunió la comisión de ministros ni hubo acuerdo “consciente”, acerca de la ubicación del mismo ni sobre la extensión requerida para su construcción.
Cierto es que el decreto-ley 26.966/1944 estaba firmado por el presidente general Edelmiro J. Farrell y por los ministros de Guerra, Marina y Obras Públicas, pero sólo éste –general Pistarini- sabía lo que hacía y quería sobre el particular. Se lo había redactado de acuerdo con sus instrucciones y se lo subscribió sin ningún análisis, y posiblemente sin leerlo.
El ex presidente Farrell declaró que por la información oportunamente dada por el ex ministro, estimó que lo que se expropiaba era solamente lo necesario para la construcción del aeropuerto.
El ex ministro de Marina, Teisaire, expresó ente la Subcomisión que ni en forma personal, ni en el carácter que envestía, se requirió su juicio sobre la ubicación del aeropuerto y que en absoluto indicó o aconsejó su instalación en Ezeiza, pues al respecto compartía la opinión del personal especializado de la Marina que lo ubicaba en el litoral de Buenos Aires (Rio de la Plata). Añadió que desconocía que el Ministerio de Guerra hubiera producido informe sobre el particular y que tampoco se produjeron actuaciones conjuntas ni reuniones en el Ministerio de Marina para tratar la instalación del aeropuerto de Ezeiza y la expropiación de las tierras que se adquirieron.
Ampliamente interrogado por la Subcomisión Investigadora, el ex ministro Pistarini declaró que la ubicación escogida “se debe a los reconocimientos que realizaron personas calificadas de la Aviación Naval y Militar que sobrevolaron los alrededores de Buenos Aires y que por las múltiples ventajas que ofrecía esa ubicación tuvo su aprobación”. Pero el caso es que el contraalmirante Gregorio A. Portillo manifestó ignorar en absoluto lo informado y propuesto sobre el particular, y lo mismo ha expresado el brigadier general Bartolomé de la Colina, añadiendo que no ha aconsejado ni indicado la solución de Ezeiza.

El ex ministro Pistarini no conoció ni ponderó, según así lo ha declarado, las actuaciones que se originaron en cumplimiento de la ley 12.285, y, a su decir, solo recordaba que la comisión nombrada al efecto resolvió hacer un aeropuerto mixto en la prolongación de la avenida General Paz. A pesar de ello, se dictó por su iniciativa el decreto-ley que fijó la ubicación en Ezeiza, luego de desechar en uno de los “considerandos” la establecida en la ribera del Rio de la Plata, porque “desde el punto de vista constructivo presenta dificultades insalvables”.
Dictado en decreto Nº 26.966/1944 se le puso en ejecución inmediata. No existían estudios, proyectos ni presupuesto –los que, por otra parte, nunca fueron formal y reglamentariamente establecidos, y por lo tanto aprobados-, pero era necesario cumplirlo sin demora.
Para ello se dictó un decreto-ley extraordinario (Nº 4671/1945) por el cual se autorizó al Ministerio de Obras Públicas “para que cualquiera sea el monto, contratar directamente, o como mejor convenga, y para convenir, llevar a cabo por administración o encomendar la ejecución de las obras o trabajos necesarios para la construcción del Aeropuerto Nacional de Buenos Aires. Dispuesto por acuerdo 26.966 del 2 de octubre de 1944”. A la par, se dejaron sin efecto prescripciones de las leyes de Obras Públicas y de Contabilidad, que llevan implícitas las mayores garantías fiscales.
Y rápidamente se tomó posesión de las 6.800 hectáreas en el lugar elegido.
Para un aeropuerto comercial de primera categoría con carácter terminal como es el de Buenos Aires, -expresa el informe de la Subcomisión Investigadora- sólo se requiere disponer de 800 a 1.000 hectáreas, para desarrollar la infraestructura máxima indispensable y para satisfacer no sólo las mayores previsiones que pueda exigir el incremento del tráfico aéreo, sino también toda otra exigencia de orden aeronáutico.
“Justifica tal concepto la superficie que tienen los mayores aeropuertos del mundo, en especial aquellos que por su carácter de aeropuertos de tránsito deben responder al más variado e intenso tránsito aéreo, transito que Buenos Aires está muy lejos de alcanzar.

“Basta señalar que los súper aeropuertos actualmente en construcción (16), en los cuales las dimensiones de las pistas responden a las más amplias previsiones, tienen: Idlewild (Nueva York, Estados Unidos) –cuya planta funcional sirvió de base para el de Ezeiza, 1.800 hectáreas; Orly (París, Francia), 1.500 hectáreas; London Airport (Londres, Gran Bretaña), 1.500 hectáreas; Ciampino (Roma, Italia) del mismo orden; Barajas (Madrid, España), 800 hectáreas. Es decir que prácticamente lo expropiado en Ezeiza casi supera la suma de la superficie de los cinco aeropuertos más importantes de Europa y Estados Unidos.
“A título ilustrativo y solo a efecto de dar una idea de la magnitud de lo expropiado, basta señalar que la superficie adquirida para el aeropuerto de Ezeiza representa casi en 35% de la que tiene la Capital Federal.
“El aeropuerto de Carrasco (Montevideo, República Oriental del Uruguay), que prácticamente debe responder a necesidades del mismo orden que el de Ezeiza, tiene una superficie de 800 hectáreas; cuatro pistas, una de 2.350 metros y dos de 2.300 metros con posibilidad de ampliación a 3.000 metros, y una cuarta con idéntica previsión.
“Como por decreto ley 26.966/1944 se expropiaron 6.000 hectáreas (que luego resultaron 6.800), surge claramente que no ha existido ponderación de medida al resolver tal expropiación con destino al aeropuerto de Ezeiza.
Por otra parte, ninguno de los funcionarios que por sus cargos, conocimientos y actuación, les correspondía haber intervenido o serles requerido su asesoramiento al respecto, fueron consultados, como se desprende de las manifestaciones del brigadier general De la Colina, de los contralmirantes Teisaire y Portillo, de los brigadieres Ojeda, Díaz Bialet y Muratorio, quienes declaran en autos que en absoluto no han intervenido en la determinación de dicha superficie y consideran que la misma debió ser del orden de las 500 a 1000 hectáreas.
“Por lo tanto, ninguna razón de orden aeronáutico justifica que se haya expropiado una superficie mayor de 800 a 1.000 hectáreas, y como máximo de 1.500 hectáreas.”
“El 82% de la superficie adquirida –añade el mencionado informe- “no era, no es, ni será necesaria para la construcción de la planta funcional del aeropuerto de Ezeiza y en especial las 2.000 hectáreas, adquiridas con pleno conocimiento de que eran anegables”.
“Se exageró sin razones atenuantes la extensión a expropiar –ha declarado el ingeniero José Garralda, director de las obras del aeropuerto-, pues bastaba, aún sin proyectos previos, enterarse de las que se estaban recabando los más modernos aeropuertos comerciales del mundo para no incurrir en el disparate de expropiar 6.800 hectáreas.”
En definitiva, sólo se utilizaron 1.217 hectáreas, en las cuales pueden desarrollarse las máximas previsiones de tráfico aéreo de la ciudad de Buenos Aires, inclusive la construcción de pistas de 3.500 metros.
La zona expropiada tiene grandes desniveles, oscilando su altimetría de costas inferiores a cinco metros a otras que alcanzan a veinte, lo que exigió grandes movimientos de tierra.
La superficie utilizad para la parte funcional representa una cuarta parte del total; las tres restantes han sido invertidas en expropiación de tierras sin destino preciso y sin requerirlo la construcción del aeropuerto, con lo que se violaron las disposiciones de la ley12.285 y del decreto ley 26.966/1944 que solo autorizaban a expropiar los terrenos necesarios para la formación, construcción y habilitación de aquel.
Sin tener en cuenta el movimiento a servir ni su posible evolución normal, y sin proyecto integral previo, se comenzaron las obras. Las directivas las daba el ministro Pistarini; los demás acataban. “No hubo más remedio que ir desarrollando casi independientemente los proyectos parciales correspondientes a los edificios, pistas, hangares y demás implantaciones escalonando las adjudicaciones de obra a medida que se aprobaban dichos proyectos parciales”, ha declarado el ingeniero Garralda. Y agregó que “como es evidente, el presupuesto total de las obras del aeropuerto no pudo nunca tener la forma reglamentaria exigida por las leyes de Contabilidad y Obras Públicas. Fue una cifra fluctuante, no sólo a medida que se iba terminando cada proyecto parcial sino también en función de las modificaciones que se introducían y de las continuas variaciones de costos de los materiales y de la mano de obra, cuyos crecimientos vertiginosos debían reconocerse y pagarse por efectos de la ley 12.910.”
Pistarini quiso hacer un aeropuerto monumental que impresionara a sus visitantes y sirviera a la perpetuación de su nombre, como que con ése se le designó, sin escrúpulo de modestia.
Pero ese aeropuerto que por ahora, entre los de su categoría, el más incómodo y absurdo del mundo.
Emplazado a 31,5 kilómetros del centro comercial de Buenos Aires, el traslado desde el mismo exige, por lo menos, de 43 a 50 minutos. Si se tiene en cuenta que no hace mucho se cubrió la distancia entre Santiago de Chile y Ezeiza en 1 hora 55 minutos, se advierte que las ventajas de la mayor velocidad de vuelo se anulan en gran parte por el tiempo requerido por el traslado terrestre.
Para cubrir la distancia, medida en tiempo, entre el aeroparque y laspartes vitales de la Capital, se ha construido una autopista de unos 15 kilómetros, debiéndose seguir luego por la ruta nacional 205. El tramo, cuya construcción se consideró en primer término es el comprendido entre el aeropuerto y la intersección de las calles Lafuente y avenida del Trabajo (Capital Federal). El resto, entre este punto y la plaza del Congreso, plantea un problema sumamente complejo que aún no ha sido resulto. Tampoco ha sido posible establecer el monto que demandará la terminación de la autopista dentro de la Capital, por cuanto la Administración General de Vialidad Nacional, que tiene a su cargo los trabajos, no ha establecido una estimación de los mismos. Probablemente superará a los $ 200.000.000.- moneda nacional.
Sin entrar en detalles prolijos sobre las que pueden denominarse construcciones “fundamentales”, “complementarias” y auxiliares”, correspondientes todas a la parte funcional del aeropuerto, cabe señalar algunas de sus principales características y deficiencias.
En un principio se pensó que para el año 1950 debía disponerse de 4 espigones con 6 pistas, lo que importa contar con instalaciones para satisfacer 240 movimientos por hora, o sea 120 aviones. Pero sólo se construyeron dos espigones, uno con destino a los vuelos internacionales y otro a los nacionales. En la práctica no fue así, pues sólo el espigón internacional tuvo debida aplicación, mientras que el otro se utilizó como taller de reparaciones para las compañías extranjeras y el servicio que debía realizar se cumple, en parte, en el aeroparque de Morón y el resto en el espigón internacional.
De los seis hangares previstos y necesarios, sólo se construyeron dos, lo que ha creado un verdadero problema para las compañías que deben efectuar el mantenimiento de sus máquinas.
Cuando se comenzaron las obras no se tenía clara idea ni proyecto definido respecto a la cantidad y distribución de los edificios a construir, y tanto es así que en el primer esbozo se agruparon en un solo edificio todos los servicios que más tarde se desconcentraron, distribuyéndose en tres grandes edificios llamados aeroestación, hotel y correo-aduana.
El edificio construido para aeroestación, de 19.000 metros cuadrados aproximadamente, se utiliza en un 40% de su capacidad total. Los principales servicios que debía prestar se realizan en una aeroestación provisional.
En el hotel se preveía alojar, con todo el confort moderno, a pasajeros, pilotos y tripulación de los aviones. No bien terminado su construcción y aún antes de completarse sus instalaciones, fue transferido sin motivo aceptable a la ex Fundación (17).
En cuanto al edificio de correo-aduana, donde también instalarían sus oficinas la gendarmería –que actúa como policía de aeropuerto-, los bomberos y la administración, su grado de utilización se reduce a un 50 por ciento.
Algo inusitada y realmente absurda es la construcción de una pileta de natación en la parte funcional entre espigones, tan disparatada como si se construyera entre andenes de una estación ferroviaria.
Ajenas a las obras de la parte funcional del aeropuerto, se realizaron en la vasta extensión expropiada para el mismo, trabajos de forestación, construcción de balnearios, de villas olímpicas y colonias infantiles.
Los trabajos de forestación se iniciaron sin contar con autorización legal, ni con recursos arbitrados ni presupuesto previo. Se destinó a esa obra el 21% aproximadamente de aquella extensión. Para tal fin se adquirieron o se utilizaron de los viveros del aeropuerto y de la Tablada 4.797.000 árboles, de cuya cantidad solo se lograron 1.108.111 –según lo ha establecido la Administración Nacional de Bosques- mientras que la intendencia del campo, por iniciativa de la Subcomisión Investigadora, calculó, en base a distintas densidades, que el total alcanza a 1.374.650 árboles. Sea como fuere, resulta que se ha logrado aproximadamente del 23 al 28% de los árboles plantados. ¿Cómo fue esto? Porque el ex ministro Pistarini se mostraba en todo momento reacio a cualquier asesoramiento respecto de las tareas de forestación y que en ninguna circunstancia apoyó la realización de las mismas en base a estudios previos (18). Parte de la forestación se realizó en terrenos salitrosos, no aptos para la misma, por haberlo exigido Pistarini (19).
Es de señalar, asimismo, que sin haber sido expropiadas ni iniciado actuación alguna para ello, el ex ministro Pistarini ordenó forestar 33 hectáreas pertenecientes a Transradio. Además, algunas partidas de árboles provenientes del aeropuerto se remitieron sin cargo a la estancia de Juan Duarte (20), en Monte.
También sin autorización legal ni recursos aprobados se inició la construcción de balnearios, que afectó la prosecución de una obra trascendental y urgente como la de rectificación del Riachuelo, dispuesta por dos leyes nacionales. Prescindiendo de los proyectos que a tal fin existían, Pistarini impuso su voluntad, de modo que si se quisiera reanudar aquella obra en la actualidad, sería sumamente onerosa (21).
También se comenzó sin previa autorización legal y sin contar con partidas específicas, la construcción de las llamadas villas olímpicas.
Todas estas construcciones e instalaciones fueron transferidas al Ministerio de Hacienda, al que a su vez, por determinación de la esposa del ex presidente, lo hizo a la ex fundación.
A los muchos hechos ilegales realizados por directas órdenes de Pistarini en el aeropuerto de Ezeiza y tierras expropiadas para ese fin, debemos agregar el arrendamiento y pastaje realizado durante los años 1946, 1947 y parte de 1948 en ese campo. Se lo realizó sin comprobación contable, recaudándose los importes en efectivo y en especie, sin ingresar los mismos al fisco. Parte de ellos fue depositada en el Banco de la Nación Argentina (sucursal Monte Grande) en una cuenta a la orden del intendente del campo de Ezeiza, teniente coronel Juan Gregorio Morillas, quien lo destino –según así lo ha declarado- a pagar compras ordenadas por Pistarini. En cuanto a los pagos en especie (310 animales), fueron utilizados en homenajes políticos y en asados con cuero, que convenientemente empaquetados, se distribuían casi semanalmente entre amigos del ex ministro, funcionarios de la CGT, dirigentes de sindicatos, etcétera.
Con posterioridad –en 1948- se dictó un decreto por el que se autorizaba al Ministerio de Obras Públicas a explotar en arrendamiento, pastaje u otra forma, el campo de Ezeiza, cuyo producto debía destinarse a atenderlos gastos de las colonias infantiles, sin ninguna intervención de la Contaduría General de la Nación. Se lo invirtió discrecionalmente por el ministro Pistarini.
Otras irregularidades comprobadas por la Subcomisión Investigadora son las referentes a las obras realizadas en el barrio Esteban Echeverria (ex barrio Nº 1), destinado a viviendas para el personal con tareas dentro del aeropuerto. Se las realizaron, como todas las demás, por orden diercta del ex ministro y sin sujetarse a un plan previo, lo que originó la necesidad de demoler la denominada Nº B. 51, al encararse l proyecto completo del barrio. El objetivo inicial no fue cumplido, y en la actualidad (22) sólo alcanza a un 30% el personal que vive en ese barrio y trabaja en el aeropuerto.
En la vasta extensión del aeroparque, en el cual Pistarini se sentía señor y amo, necesitaba tener residencia gratuita. Ocupó así, el casco de la estancia El Descanso, expropiada a la señora María Luisa Estrugamou de Blaquier. La adaptó a sus necesidades y gustos, y en ella tuvo a su servicio personal pagado por la intendencia del campo.
Lo mismo hicieron los ex ministros Cereijo, Gómez Morales, Barro y Nicolini. Para los dos primeros no sólo fueron refaccionadas dos viviendas existentes, sino que, les fueron construidas piletas de natación, canchas de pelota y usina eléctrica.
¿Cuánto ha costado el aeropuerto de Ezeiza, que tan insuficientemente cumple su destino?
Difícil le ha sido establecerlo a la Subcomisión Investigadora, pues el ex ministro Pistarini resistió en todo momento la creación de cualquier organismo contable, por minúsculo que fuera (23). De acuerdo con la documentación que ha podido hallarse, esa Subcomisión ha comprobado que la inversión aproximada hasta 1955, en los trabajos realizados en el aeropuerto y los que fuera de él se efectuaron en la zona de Ezeiza, excede la cantidad de $ 668.279.000.- moneda nacional.

Frigorífico Nacional de la ciudad de Buenos Aires.

Las investigaciones realizadas en este establecimiento han comprobado que más que un frigorífico es un simple matadero, ya que la industrialización de subproductos es insignificante en proporción a la matanza.
Su evolución económica y financiera en el período comprendido entre al 31 de diciembre de 1943 y el 31 de diciembre de 1954, sin computar algunos pocos meses de 1943 y 1955 que corresponden a gobiernos distintos del depuesto.
En ese lapso, el volumen de la faena se redujo a más de la mitad, no por falta de demanda sino por insuficiencia funcional, y su costo se ha elevado hasta alcanzar el 2.000% de lo que fue en 1943. “en otros términos, si en 1943 la faena de un novillo de 500 kilogramos costaba 9,20 m/n., en 1954 costó $ 182 moneda nacional”
El informe respectivo agrega:
En 1943 el personal que por todo concepto tenía afectado al establecimiento, era de 3.017 personas, siendo en 1954 de 6.019, lo que implica un aumento del 100 por ciento.
“Si en 1943 con 3.000 hombres diarios se pudo realizar una faena de 3.187.089 cabezas, bien se pudo en 1954 con esa cantidad faenarse 1.420.433.
“Pero las cosas no fueron así, pues se necesitó el doble.
“Para faenar 1.420.433 cabezas, que es menos de la mitad de lo que se faenó en 1943, se necesitaron 6.019 hombres diarios, que es el doble de lo que se tuvo en la misma época, lo que significa decir que desde el punto de vista operativo la eficiencia empresaria disminuyó en un 75 por ciento.
“Si en 1943 se faenó un promedio de 10.000 cabezas diarias, en 1954 sólo alcanzó 6.019, resultó que la relación hombre-res, que en 1943 fue de 3,33, en 1954 fue de 0,7 o lo que es lo mismo, que si en 1943 un hombre faenaba más de tres reses, en 1954 no alcanzó a faenar una.
“La industria de las carnes constituyó un completo problema, de cuya ignorancia surgió la posibilidad de que las empresas privadas lucharan exorbitantemente, según públicamente se dijo sin que en realidad el Estado pudiera probarlo.
“El triste recuerdo de las derivaciones que una acalorada sesión parlamentaria tuvo, es bastante elocuente al respecto.
“La verdad no estuvo tan lejos.
“El Estado municipal de la ciudad de Buenos Aires contaba con el gran frigorífico, hoy nacional, en cuyo interior se podía hacer lo necesario para que el Estado nacional supiera la verdad intrínseca y discriminada de tosa la economía de la res.
“La técnica contable del momento posibilitaba grandemente ese propósito, utilizando a tal efecto los servicios de las máquinas de estadística y contabilidad de tipo Hollerith, que a ese efecto el frigorífico había incorporado.
“La misma, amén de producir la información contable que se le había asignado, con sus fichas, posibilitaba la realización de importantes estudios, por la que se probaba el rendimiento de la res y por ende el porqué de la tendencia a faenar por las empresas extranjeras el animal de 500 kilos.
“El novillo de 500 kilos es el que, conjugando calidad con el rendimiento, traduce el óptimo de su economía.

“El máximo de la matanza de exportación tiende al máximo del rendimiento en carne, mientras que en el nacional, el máximo de la matanza tiende al mismo del rendimiento de carne.
“Y como los controles en esta rama industrial se basan fundamentalmente en la contabilidad de coeficientes, la falta de estas máquinas importó negar su posibilitación.
“El régimen (peronista) depuesto no lo entendió así y las máquinas fueron devueltas a su locador, lo que constituyó una herejía estadística y contable.
“En razón de las garantías de trabajo dadas por el establecimiento, la faena –dentro de los topes, cualquiera sea- da derecho al jornal, como si se hubiera cumplido el día completo.
“Los jornales se han fijado para la realización de las siguientes matanzas diarias:
Vacunos 4.000 cabezas
Lanares 3.300 cabezas
Porcinos 1.900 cabezas
“En 1954, de haberse hecho diariamente esta matanza, en los 297 días trabajados, el total faenado hubiera alcanzado las siguientes cifras:
Vacunos 1.188.000 cabezas
Lanares 980.100 cabezas
Porcinos 564.300 cabezas
Total 2.732.400 cabezas
“Y como que estos jornales son fijos, cualquiera sea la matanza, de haberse cumplido en la medida de los topes establecidos hubiera insumido las siguientes cantidades;
Vacunos 103.803.640,35 m$n.
Lanares 4.894.941,04 m$n.
Porcinos 10.110.667,04 m$n.
Total 118.809.248,43 m$n.
“Pero como la matanza real fue de:
Vacunos 762.223 cabezas
Lanares 477.852 cabezas
Porcinos 180.358 cabezas
Total 1.420.433 cabezas

en razón de la garantía preindicada el costo fuñe el mismo.
“Ello quiere decir que la diferencia entre lo que pudimos haber faenado con el mismo costo de lo que se faenó, no hubiera costado nada, o sea que hemos dejado de aprovechar una energía potencial de 46.590.631,31 m$n., que es la resultante de lo desaprovechado en las tres especies, y de acuerdo a la siguiente distribución:
Vacunos 37.203.033,69 m$n.
Lanares 2.508.404,30 m$n.
Porcinos 6.879.174,72 m$n.
Total 46.590.613,31 m$n.
“Si el rendimiento del trabajo hubiera sido el imperante en 1942, dicha matanza pudo ser realizada con tres mil hombres, y mucho menos, ya que con tres mil hombres, en 1943, se había faenado no 1.420.433 cabezas sino 3.187.089 cabezas.
“Pero, sin tomar en cuenta esta cantidad, o sea la diferencia entre los hombres que se utilizaron en 1943 para faenar 3.187.089 cabezas y que en igualdad de condiciones se hubiera requerido para faenar 1.420.433 cabezas, computando como necesaria la cantidad de tres mil personas el ahorro de salarios hubiera sido de $ 48.000.000 aproximadamente, ya que puede estimarse en esa cantidad la retribución anual que, por todo concepto, corresponde a la dotación de tres mil hombres excedentes.
“Ello nos lleva a la cifra de una pérdida anual de más de $ 94.000.000, atribuibles a deficiencias funcionales del establecimiento, o sea:
1) Lucro cesante por no operar a pleno $ 48.000.000.-
2) Jornales excedentes $ 48.000.000.-
Total $ 94.000.000.-
“Diferencia esta que la antieconomía del establecimiento vuelca en la economía del país, en particular en la economía del ganadero y en la economía del consumidor, con la consiguiente incidencia por cabeza faenada:
Vacunos 101.- m$n.
Lanares 10.- m$n.
Porcinos 76.- m$n.
“El informe termina señalando la imposibilidad de continuar con ese estado de cosas y volver, por lo menos, a lo que el frigorífico era en 1943, a pesar de que ya en aquella época “estaba muy lejos de ser lo que debía ser”.

NOTAS:

(1) Para algunos la tiranía comienza con el golpe de estado de 1943 en el que Juan Domingo Perón entre varios cargos simultáneos que ocupó está el de vicepresidente de la Nación. Empezar a contar desde ese año, es acertado teniendo en cuenta que desde la secretaria de trabajo y previsión es desde donde comienza su escalada política. Para otros la tiranía empieza en 1946 cuando el coronel Perón asume la presidencia de la República. (Nota del Transcriptor).
(2) IAPI: Instituto Argentino de Producción del Intercambio. (Nota del Transcriptor).
(3) Se trata de los incendios ordenados por Perón a las casas partidarias de la oposición y del Jockey Club (1953) y de los Templos de la Iglesia Católica y la Curia con todo su archivo y biblioteca, la quema de la bandera argentina y el incendio a la Catedral de Buenos Aires producidos en 1955. (Nota del Transcriptor).
(4) La población estimativa de la Argentina en 1051 era de aproximadamente 15 millones de habitantes. (Nota del Transcriptor).
(5) De las informaciones solicitadas por el Banco Central al Chemical Bank and Trust Cº de Nueva York, al City Bank y al doctor César Bunge, agregado comercial a la embajada argentina en Washington, y del Banco Industrial Argentino a la Manufactured Trust Company de Nueva York, surge en forma coincidente que la Evans International Corporation fundada en 1946 era una empresa don un capital de 100.000 dólares, integrado en mil acciones de cien dólares cada una siendo componentes o accionistas los señores Hans Vap Dreyhansen, Paul Schynder y el doctor Carlos García Mata, este último conocido gestor de los negocios de Jorge Antonio en los Estados Unidos. De tales informes resulta también que esta compañía no tiene créditos bancarios y que a partir de 1950 ha sufrido una gran declinación en los negocios.
(6) Ya en prensa estas páginas, se ha publicado el fallo de la junta Nacional de Recuperación Patrimonial en el expediente de Jorge Antonio. Luego de analizar los antecedentes actividades, favor oficial y enriquecimiento exorbitante del mismo, dispone la transferencia al patrimonio nacional de la totalidad de sus bienes existentes en el país y en el exterior. (Verlo en el apéndice).
(7) En definitiva, tal como en la época colonial en que solo se podía comercializar con la corona española, comprar y vender solamente a ella, durante la tiranía peronista solo se podía comercializar con la “corona tiránica” quien se llevaba grandes sumas de dinero por no hacer nada, sin haber contribuido en absoluto a su producción y, como veremos, derrochando esas sumas en banalidades estatistas y dirigistas propias de toda tiranía. (Nota del Transcriptor).
(8) Por harta experiencia ya a esta altura de la historia mundial y de la República Argentina deberíamos entender que cada vez que el Estado se mete a dirigir la actividad privada, a pretender modificar las leyes de mercado creara este tipo de desastres cuyas consecuencias son pagadas por muchas décadas. (Nota del Transcriptor).
(9) Manifestación de Tricerri según memorándum de Jorge Newton, hallado entre los papeles de Perón en su casa de la calle Teodoro García.
(10) Declaraciones de Raúl Mendé, Máximo Renner y Antonio Cafiero ante la Comisión Investigadora Nº 38.
(11) Declaración de Mendé.
(12) Toda vez que el Estado se ha metido a regular la economía, ha fomentado mayor pobreza, inflación, corrupción y desequilibrio en el sistema económico social. La intervención estatista y dirigista que dejó el peronismo es la causa mayor que desajusto la economía por más de cincuenta años. (Nota del Transcriptor).
(13) Declaración de Ronald Richter ante la Comisión Investigadora, foja 31.
(14) Decalración de Ronald Richter ante la Comisión Investigadora, foja 22 v.
(15) Actualmente los ministerios de Guerra y Marina están reunidos en uno solo bajo el nombre de “Ministerio de Defensa”. (Nota del Transcriptor).
(16) Se refiere a los aeropuertos en construcción hacia 1958. (Nota del Transcriptor).
(17) Se refiere a la ex “fundación Eva Perón”. (Nota del Transcriptor).
(18) Declaración del ingeniero agrónomo señor Carlos Alberto Bellón.
(19) Declaración del señor José Guillermo Limberti.
(20) Juan Ibarguren (Duarte) hermano de Eva Perón y secretario privado de su cuñado; el dictador Juan Domingo Perón. Falleció trágicamente como se relatara posteriormente. (Nota del Transcriptor).
(21) Declaraciones de los ingenieros José Negri y Arturo Massera, ex directores de Estudios y Obras del Riachuelo.
(22) Año 1958. (Nota del Transcriptor).
(23) Declaración del ingeniero Garralda

FUENTE
(*) Libro Negro de la Segunda Tiranía– Ley 14.988 – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de La Nación - Buenos Aires 1958 – Páginas 178 a 219.