LOS LEGISLADORES DE LA DICTADURA (*)
Los viejos parlamentarios
Ninguno de los poderes del Estado representa como el legislativo a la opinión pública. A diferencia del ejecutivo, expresión en casi todos los casos de una mayoría circunstancial, el legislativo reúne en su seno a diversas y contrapuestas corrientes del país, se hace eco de sus intereses y debate públicamente sus asuntos. Si de cualquier modo el ejecutivo cercena, menoscaba o desconoce las facultades constitucionales del Parlamento, si interviene en la elección de sus miembros o si le dicta sus decisiones, el régimen democrático sufre tanto como cuando otorga a un gobernante facultades de excepción.
Alguna vez se ha dicho que al salir nuestro país del dominio español y al organizarse en 1853, estaba más preparado para el régimen federal que para el sistema representativo. Como consecuencia de ello, algunos grupos dirigentes se creyeron en la necesidad de ejercer una especie de tutela sobre el supuesto estado de incapacidad del pueblo para elegir sus gobernantes. Las candidaturas y el fraude electoral sirvieron al ejercicio de esa tutela hasta que aquellos mismos grupos, sensibles al progreso general de la Nación, consideraron que debía asegurarse la libertad electoral y acatarse la decisión de las urnas.
Es digno de señalar, sin embargo, que durante el referido período llegaron al Parlamento los más eminentes hombres públicos de nuestro país, sin distinción de partidos o de ideas.
Esos legisladores del viejo Parlamento –ha dicho con razón José Nicolás Matienzo- eran “personas competentes y dignas, capaces de defender los verdaderos intereses del país y de representar la opinión pública llegado el caso. Sería un error de política y de sociología juzgar los legisladores y demás funcionarios por el origen de su nombramiento y no por el mérito de sus actos. No está en las manos de los candidatos reformar las costumbres electorales y políticas de su país; pero sí lo está la dirección de su propia conducta en los cargos que desempeñan” (1)
Con esas figuras pudo asistirse a la enconada lucha trabada en memorables debates legislativos, no inferiores por cierto a los siempre recordados de los más ilustres parlamentarios del mundo. Tales, los producidos en la Legislatura porteña, en 1852, sobre el Acuerdo de San Nicolás, que sirvió de base a la organización nacional, y en 1880 acerca de la cesión de la ciudad de Buenos Aires para capital de la República. También los debates del Congreso sobre algunas intervenciones a las provincias, sobre los recursos de fuerza, la enseñanza común, el matrimonio civil, el divorcio, la ley electoral, los frigoríficos, además de los realizados a raíz de ciertas interpelaciones. Cuestiones todas que apasionaron y divirtieron a la opinión pública, manifestada no solo en el parlamento por la palabra elocuentísima de los legisladores, sino en la prensa y en la calle, que de tal modo dieron el ejemplo de un pueblos que rápidamente se adiestraba para el ejercicio pleno de su soberanía.
Legisladores han sido Vélez Sárfield, Mitre, Alberdi, Sarmiento, Rawson, Félix Frías, Manuel Quintana, Bernardo de Irigoyen, José Hernández, Aristóbulo del Valle, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Eduardo Wilde, Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Manuel Dídimo Pizarro, Lucio V. Mancilla, Luis María Drago, Estanislao S. Zeballos, Belisario Roldán, Lisandro de la Torre, Juan B. Justo, Enrique del Valle Iberlucea, Mario Bravo, Vicente C. Gallo, Juan Balestra, António de Tomaso, entre otros muchos ya desaparecidos; hombres cuyas vidas y obras darán siempre ejemplo a las sucesivas generaciones de argentinos.
Es posible que posteriormente los partidos políticos no siempre hayan acertado en la elección de sus representantes en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales, y que esos errores hayan producido un marcado descenso de nivel de la función parlamentaria. Acaso se deba a ello la extremada docilidad de algunos legisladores con respecto al Poder Ejecutivo, no ya en la época de la dictadura reciente (2), sino antes, cuando la briosa oposición los califico con acertada dureza. De esa docilidad, que se asemejó bastante a la obsecuencia, se derivaron muchos contratiempos, no sólo para el país, que es lo principal, sino para los mismos partidos mal representados.
Cuando, luego de otros errores, pudo alentarse la esperanza de una renovación profunda y un más alto nivel parlamentario, se rebajó éste a extremos insospechados, semejantes a los padecidos durante los peores períodos de nuestra historia.
Cómo actuaron los legisladores de la dictadura
Hemos visto ya cómo el peronismo eligió sus candidatos a legisladores. Salvo escasas excepciones, los que triunfaron en las elecciones del 24 de febrero de 1946 carecían en absoluto de condiciones para el ejercicio discreto de sus mandatos. Los pocos que las poseían –tal vez no llegaban a veinte- habían militado en los viejos partidos políticos; los demás habían sido tomados de los grupos amorfos con los que el jefe quería congraciarse. Lo mismo aconteció, aunque notoriamente empeorado, en los comicios del 11 de noviembre de 1951, en los que el dictador fue reelecto, y en los del 25 de abril de 1954, que eligieron nuevo vicepresidente y, con excesiva antelación, los legisladores que entrarían en funciones un año después.
No estaba mal -¿Cómo habría de estarlo?- qué muchos de ellos pertenecieran a las fuerzas del trabajo y a los sectores más populares, porque unos y otros tenían igual derecho que los demás a ejercer funciones de gobierno y podían contribuir a realizar, dentro de causes constitucionales, una verdadera renovación o, si se quiere, revolución social.
Pero el partido oficial no era un partido democrático sino un órgano de la dictadura. De esa particularidad derivaron los males que hemos conocido. Desde luego, el dominio absoluto de un hombre, el llamado “conductor”, que pensaba por todos y decía de qué manera debían todos ejercer sus pensamientos; que casi siempre elegía tales ejecutores entre los menos capacitados de sus partidarios; que vigilaba su actuación, no para valorar su digna eficacia sino para comprobar su servil obsecuencia; que los corrompía para asociarlos a la general corrupción que su régimen necesitaba para sostenerse y perdurar; que los ridiculizaba, en fin, acaso con la secreta intención de desprestigiar al parlamento democrático y reemplazarlo oportunamente por un organismo corporativo que destruyera definitivamente todos los grupos políticos y afirmara al partido único del régimen totalitario.
Los legisladores de la dictadura eran semejantes a los más dóciles que tuvo Rosas. Votaron los diputados el juicio político a los ministros de la Corte Suprema, y el Senado, totalmente oficialista, los condenó. Después de eso todo era posible. Votaron las leyes que implicaban los fundamentales derechos y garantías establecidos por la Constitución, como la que declaró el 28 de septiembre de 1951 el estado de guerra interno, con cuya sanción podía aplicarse lo establecido por la ley 13.234 de organización general de la Nación para tiempo de guerra y posibilitaba la condena a muerte de militares y civiles. En virtud de ella se persiguió a los opositores y se llenaron las cárceles de la República. “Todo, hasta la justicia misma, quedaba supeditada por esa ley a la autoridad militar”, ha dicho la Comisión Investigadora de los ex legisladores.
“La ley 14.400 que reglamenta los actos y reuniones públicas –agregó la misma Comisión- suprime en la realidad el derecho de reunión y la libre difusión de las ideas, no obstante lo expresado enfáticamente en su letra, pues todo queda librado a la voluntad de una llamada autoridad de aplicación que siempre encontró razones para la negativa.
“La ley 12.996 aprueba las inversiones y realizaciones del primer Plan Quinquenal. Por el artículo 4º se declaran de utilidad pública todos los inmuebles “necesarios a los fines de llevar a ejecución el plan de gobierno”, facultad extraordinaria que viola el artículo 17 de la Constitución Nacional vigente en ese entonces y que originó los abusos que son de pública notoriedad.
“La ley 14.184 aprueba el segundo Plan Quinquenal, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo al invertir discrecionalmente la suma de 33.500 millones de pesos, escondiendo en sus entrañas confusas e inconexas la imposición de una doctrina única para la Nación, a la manera de los Estados totalitarios. Una mayoría accidental suprimía la libre discusión de las ideas.
“La ley 14.185 crea el fuero policial, substrae al personal de policía de la jurisdicción común y facilita la impunidad de los abusos, crueldades y vejaciones impuestas a hombres y mujeres y ancianos sospechados de oposición al gobierno.
“La ley 13.569 prácticamente impide la crítica de la conducta de los funcionarios públicos por la severidad de sus sanciones.
“La ley 14.126 impone como texto en las escuelas argentinas el libro titulado “La razón de mi vida”, con el que se acentuaba la propaganda política, creando un mito en la mente de nuestros niños.”
No es de extrañarse, por consiguiente, que los dóciles legisladores de la dictadura fueran capaces de manifestar al “libertador de la República” (3), el 18 de abril de 1953, que apoyaban “todas las medidas que creyera necesario adoptar para afirmar la obra de ls revolución peronista, eliminando los obstáculos que se opongan al cumplimiento de tan patriótica finalidad, procediendo de acuerdo a su altísimo criterio y serena voluntad, y obedeciendo únicamente a los dictados de su pensamiento y de su convicción”, y juraran, además. “ser guardianes y ejecutores celosos de todas las directivas que impartía, vigías alertas a sus órdenes en la marcha de la revolución peronista, custodios insobornables de su doctrina, poniendo al servicio de estos fines supremos nuestra acción y nuestras vidas”.
Esta declaración, que implicaba el compromiso de conceder al jefe del gobierno facultades extraordinarias y la suma del poder público, delito castigado por la Constitución Nacional con la “pena de los infames traidores a la patria”, no había sido formulada en situación de peligro exterior, sino a los tres de aquel en que el dictador lanzó sus fuerzas de choque a quemar las sedes de los partidos políticos y del Jockey Club y a cometer desmanes en los frentes de las embajadas, monumentos públicos y algunos comercios. Toda la ciudadanía, inclusive el sector bien intencionado que apoyaba al gobierno, había quedado horrorizada ante esos hechos crueles e injustificados.
De nada valía el ejemplo de lo acontecido durante la primera tiranía (4), cuando otra Legislatura había otorgado, contra el voto de los federales doctrinarios, las facultades extraordinarias a Rosas. El “odioso poder” según éste calificaba al que se le había conferido, no fue rechazado por el segundo tirano. Su tiempo no se parecía al otro, pero quienes se asemejaban eran los legisladores al servicio de ambos gobernantes.
“Los pocos y estrechos intersticios por los que se pudo filtrar alguna noticia periodística sobre la actividad del Parlamento durante la dictadura –dice también la Comisión Investigadora Nº 43-, escasamente permitieron a la ciudadanía enterarse de lo que allí ocurría. Los medios de difusión, plagados solamente de las noticias y artículos de escribas oficiales, dieron al Congreso la publicidad mínima. El desarrollo de la mayor parte de las sesiones se ocultó cuidadosamente a la opinión pública, con el propósito parcialmente conseguido de mantenerla en la ignorancia sobre el denigrante espectáculo que teatralizaron las representaciones peronistas.
“Hechos tan trascendentales como monstruosos, cuales fueron la expulsión de legisladores de la oposición y la negativa a incorporar electos; la apropiación de diarios o instituciones particulares; la sanción de leyes vejatorias de los derechos y dignidad humana, tuvieron como eco periodístico unas pocas líneas o fueron directamente soslayados. El nombre y la palabra de los diputados opositores, por mandato oficial no aparecía nunca en el periodismo de la dictadura.
“Esa confabulación en la publicación de noticias, fue indispensable para ocultar también el bochorno institucional que significó el modo en que se tramitaron y sancionaron las leyes en el Congreso disuelto. Las comisiones, que deben ser gabinetes de meditado estudio y discusión previa de los proyectos, tuvieron sólo por objeto reunir a los diputados o senadores para la firma de los despachos ya confeccionados que les traían los figurones, de acuerdo con “la orden de arriba”, expresión de tanto uso en la época. Numerosos legisladores, sincerados ante la Comisión, estuvieron contestes en declarar lo que antecede.
“Pero aún más numerosos fueron los proyectos que se aprobaron sin despacho de comisión y esto ocurrió precisamente con los de mayor importancia. La anormalidad apuntada se repitió hasta el cansancio con el desleal propósito de substraer a los diputados de la oposición al conocimiento y examen de los asuntos, que aparecen sorpresivamente en el recinto, como ladrón nocturno. Leyes de la más grande trascendencia se trataron por este medio innoble e ilegal y fue en estos casos cuando las instituciones de la Casa de Gobierno trajeron las consignas en la forma típica de régimen policial; en un plazo perentorio, que tanto podía ser de un día como de una hora, el o los proyectos remitidos debían ser sancionados. Se indicaba a los oradores y en muchos casos se remitían los discursos que debían leer (declaraciones de Delia Degliuomini de Parodi y otros legisladores).
“La actitud de extrema sumisión que los representantes peronistas observaron frente a los mandones oficiales se invierte en su trato con los diputados de la oposición, para convertirse en violencia exasperada. Fieles a un plan invariado, sus gritos destemplados ahogaron la palabra de sus adversarios todas cuantas veces intentaron hablar y hasta hubo esbirros catalogados por su matonismo (Gramajo, Alonso, Otero, De Prisco, Peralta) con misión expresa de amenazar e incomodar permanentemente a sus colegas de la oposición. Esta posición de los legisladores peronistas, inventada a través de nueve años, pasa a ser incalificable vileza por la agravante de que descargaron su iracundia en función de desproporcionada mayoría contra el puñado de hombres a que quedó reducida la oposición en virtud de las leyes electorales de fraude y engaño que ellos mismos votaron.
“Los sistemetizados cierres del debate, las continuas violaciones del reglamento, son mínima parte del plan de intimidación que debieron cumplir las representaciones peronistas, el que tiene su expresión culminante con la expulsión de tres diputados por supuestos desacatos, que no fueron sino comunes expresiones políticas, sometidas como todo al control de la policía, y dichas por hombres poco gratos al ex presidente o a su esposa (casos Sammartino, Rodríguez Araya y Balbín), en lo que los diputados peronistas no tuvieron la menos vacilación en violar la Constitución Nacional, en los fueros y normas indispensables que consagra para la convivencia política.
“Pero donde el Congreso dejo de ser la triste parodia descripta para convertirse en tragicómico aquelarre, cuyo paralelo debe buscarse en la época de los cesarinos más degenerados por no haber ejemplo en la historia moderna, fue en materia de homenajes. Todas las barreras que la decencia y el sentido común demarcan para esta clase de manifestaciones, cayeron abatidas por los legisladores peronistas en su desenfrenada carrera de adulación.
“Quien tenga oportunidad de recorrer el Diario de Sesiones de esos nueve años, quedará apabullado ante la cantidad y características de los homenajes y honores tributados al ex presidente y a su esposa: las cámaras de la dictadura fueron escenario de increíbles certámenes de servilismo. La capacidad de postrarse y rendir pleitesía fue el único mérito que se reconoció a los hombres y mujeres del régimen; no hubo otra vía para escalar posiciones y tener acceso a las intimidades del círculo de privilegio.
“La breve expresión numérica que sigue, bastaría para confirmar el aserto; Cámpora, que no pudo ser superado en estos menesteres, encabeza la nómina de los que subscriben más iniciativas, con 21 proyectos; Vica, con 19; Miel Asquía, con 18; Teisaire, con 10; Durand y Balbi, con 9; Larrauri, Parodi, Castañeira de Baccaro, Roche y Acuña, con 7; Decker, Calviño de Gómez, Carreras, con 6; Giavarini, Luco, Pineda de Molina, Colom, De la Torre y Trebino, con 5; José Alonso, Benitez, Gramajo, Preste, Celina E. Rodríguez de Martínez Paiva y Tesorieri, con 4; y así siguen otros nombres don un total de 383 firmas patrocinando leyes para el otorgamiento de honores y sumisiones que implican un olvido y apartamiento tan completo de las normas y deberes fijados por la Constitución Nacional, que hoy es necesario juzgarlos en el plano de las jurisdicciones comunes.
“Todo el léxico de la alabanza y el ditirambo quedó agotado en boca de los diputados y senadores del peronismo durante las sesiones en que fundaron proyectos de ley, de declaraciones o resolución de homenajes al matrimonio Perón, entre los que se destacan manifiestamente el que autorizó a la señora Eva Perón, el uso del Collar de la Orden del Libertador General San Marín (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, julio 18 de 1952, artículo 3º, ley 14.128, agregado al artículo 4º de la ley 13.202); la sesión extraordinaria con motivo de la renuncia de la misma a la candidatura a vicepresidente de la Nación (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores del 6 de septiembre de 1951); la declaración como día de duelo nacional en homenaje a la señora Eva Perón (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores del julio 28 de 1952, ley 14.131); designando “Período Legislativo Eva Perón” al año parlamentario de 1952 (proyecto del diputado Cámpora); la designación del ex presidente y su esposa con los títulos de “Libertador de la República” y “Jefa Espiritual de la Nación” (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores de, mayo 7 de 1952, ley 14.131).
“La discusión de la ley que dispuso la erección de un monumento en la Capital Federal a la señora Eva Perón, merece un comentario particular por constituir una muestra de adulación sin precedentes. Con los Diario de Sesiones a la vista, se verifica que para fundar este homenaje la Cámara de Diputados dedicó íntegramente sus sesiones de los días 18, 19, 25 y 26 de junio de 1952 y el Senado dos días 2, 3 y 4 de julio del mismo año, habiéndose pronunciado ochenta y cuatro discursos para exaltar las virtudes de la mujer del ex presidente de la República y demostrar la justicia de tal monumento. Solamente la lectura de las doscientas páginas de ese Diario de sesiones permite imaginar el grado de relajamiento moral e intelectual a que descendieron los legisladores de la dictadura en esas sesiones.
“Inmediatamente después de votarse el proyecto y como broche final de dos semanas de una adulación llevada al grado de lo demencial, el presidente Cámpora (5), por propia iniciativa, en una actitud tan inconsulta que habrá sorprendido a sus propios colegas tomó juramento a todos los diputados y delegados presentes de lealtad al ex dictador y a su esposa (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del 26 de junio de 1952, tomo I, página 297).
“Los nueve años de Parlamento peronista han pasado bajo el ambiente descrito; a más de estos homenajes hubo una infinidad de otras adhesiones al gobierno, con motivo de als fechas de nacimiento o muerte de la señora del ex presidente, minutos de silencio, rememoraciones del renunciamiento antes aludido y de cuantos gestos creyeron conveniente; descubrimiento de placas, misas, invocaciones, etcétera. Entre los más disparatados proyectos que no llegaron a sancionarse está el que propugnaba el parpadeo de las luces de todo el país, diariamente, a las 20 y 25 (proyecto de ley del ex diputado Alberto Fontana, de agosto 20 de 1952 y otro ordenando una pintura que representa la “glorificación de Eva Perón” en la bóveda de la cúpula del Congreso, para cuyo estudio se designó una comisión (Proyecto de ley de Juana Alicia Espejo y otros, de septiembre 11 de 1952).”
La transcripción ha sido extensa, pero era necesario hacerla. No hubiéramos podido decir en forma más concreta y precisa cómo actuaron los legisladores de la dictadura.
Cómo se los vigiló
Nada o muy poco eran, como se ha visto, los diputados y senadores que formaron la mayoría parlamentaria, pero a pesar de ello se creyó necesario vigilarlos a fin de evitar la más mínima desviación. A ese efecto, se comenzó por exigírseles –con particularidad a los cegetistas (6) - las renuncias sin fecha, para hacerlas efectivas cuando fuera menester. Si, malogrado las previsiones, la desviación se producía, se les sancionaba con la expulsión del partido, y consecuentemente con la privación del cargo. Así fueron privados de sus bancas Cipriano Reyes, que luego sufrió prisión durante siete años, Dominga I. Ortiz de Sosa Vivas, Roberto Adolfo Carena y la senadora Elvira E. Rodríguez Leonardi de Rosales.
Las legisladores eran especialmente vigiladas por “la Señora”. Por muy adictas que se le manifestaran, podrían serle infelices, y lo prudente era curarse en salud. Valióse para ello de un sencillo expediente, que todas aceptaron: el de la confesión de ideas que no tenían y de deslealtad que no habían cometido.
Tenemos sobre este particular dos testimonios de interés indudable. Uno es el de Delia Degliuomini de Parodi, presidente del Consejo Superior del Partido Peronista Femenino y a la vez vicepresidente de la Cámara de Diputados; otro es el de Atilio Renzi, intendente de la residencia presidencial y hombre de confianza de la pareja gobernante.
El de la señora de Parodi dice así:
“Inmediatamente después de la elección del año 1951, en que resultaron electas senadoras y diputadas por el Partido Peronista, todas las legisladoras de la rama femenina debieron firmar y extender cartas dirigidas a familiares y amigos conteniendo expresiones que importaban una verdadera deslealtad partidaria, y daban la impresión de que había sido interceptada. Esta exigencia la hizo la señora de Perón, unas veces personalmente y el la mayoría de los casos por intermedio de la dicente, en razón de hallarse ella muy enferma en esa época. Esos documentos fueron confeccionados en la residencia, pasando al señor Renzi, que fue el encargado de guardarlos. En lo que atañe al contenido de su carta o nota, aparecia dirigiéndola a su hermano Constante, diciéndole falsamente que, a pesar de la apariencia, no estaba identificada con el peronismo (7)
El mencionado Renzi ha agregado otros detalles: “Según propias manifestaciones de la señora de Perón al declarante, esas cartas le servirían como arma para eliminar a las firmantes de las funciones legislativas “cuando no se ajustaran a sus directivas”, textuales palabras. Aunque no tiene presente el contenido de cada una de esas cartas, ni tampoco quienes fueron todas sus firmantes, recuerda que entre ellas figuraban las senadoras Larrauri, Gómez y Pineda y las diputadas Álvarez y Espejo. En días posteriores a los sucesos del 16 de junio, personalmente el general Perón dio orden de quemar esa documentación y toda la que guardaba el declarante vinculada a la obra social en lo relativo a la adjudicación de viviendas, automóviles, subsidios, becas, etcétera, en cumplimiento de lo cual destruyó lo que queda dicho. Volviendo al contenido de las cartas fraguadas, es decir, de las que la señora de Perón exigió a las legisladoras, algunas decían a un pariente o amigo que “militaba en las filas del partido por razones de conveniencia” o que “no estaba de acuerdo con el desempeño de cargos por determinados personajes”, y hasta aparecieron como que íntimamente profesaban otras ideas políticas, en una palabra, eran declaraciones que servían para ser expulsadas del partido y por consiguiente, del cuerpo legislativo a que pertenecían. Con posterioridad al fallecimiento de la señora de Perón, una o dos legisladoras que habían cumplido su mandato, cuyo nombre no recuerda, le pidieron al dicente la devolución de las cartas a que se ha referido, lo que efectivamente hizo” (8)
Su acrecentamiento patrimonial
La Comisión Investigadora ha establecido que sobre 419 legisladores peronistas, 202 llegaron al Congreso sin bienes de ninguna naturaleza y algunos carecían de medios de vida conocidos. “Nada de desdoroso tendrían estos antecedentes –expresa la Comisión- y, muy por el contrario, podrían hasta constituir honroso título”, excluidos claro está los últimos; pero muchos tuvieron las tentaciones que ofrece la función pública. Así han podido esos legisladores acumular bienes cuyo valor ascendía, en 1955, a más de 206.000.000.- de pesos sin computar el importe de las dietas ni los beneficios obtenidos por parientes socios o testaferros.
“Muy pocos salieron indemnes de la prueba; de algunos, por sus conocidos antecedentes personales o policiales, no cabía sino esperar que fueran directamente al saqueo sin disimulo de otros, quizás sin malas intenciones, pero de convicciones endebles, hay que decir que sufrieron la malsana seducción del ambiente en que les tocó actuar.
“Sabiendo el peligro y el margen de injusticia a que toda generalización –continúa el informe de la Comisión-, corresponde poner de manifiesto que hay excepciones entre los legisladores cuyo mérito no es otro que el de haber resistido las facilidades que les ofrecía un medio en extremo corrompido, pero éstos, estrictamente considerados, no han hecho más que cumplir con su deber. Estas excepciones, desgraciadamente, en el grueso de la nómina legislativa peronista, son ínfima minoría. Las prebendas que recibieron, comprometedoras de su voluntad e independencia, han impedido que las excepciones fueran más numerosas.
“Entre los casos más notorios, individualmente considerados, de exagerado acrecentamiento patrimonial, se encuentran los siguientes:
NOMBRE En 1943 En 1955.
Acosta, Policarpo -.- 512.100
Agüero, Teodorino de la Luz 17.004 539.215
Albariño, Ramón Amancio 20.000 686.000
Albrieu, Oscar E. -.- 565.800
Álvarez Pereyra, Manuel -.- 800.000
Amado, Elías Teodoro Francisco 300.000 2.824.600
Antinucci, Atillio 100.000 1.000.000
Argaña, José María 4.000 405.500
Astorgano, José 5.000 1.441.000
Atala, Luis -.- 717.000
Babi, Almar Armando -.- 1.085.500
Basaldía, Juan Carlos -.- 2.041.985
Beguiristain, Raúl E. -.- 590.000
Benítez, António J 120.000 14.000.000
Bidegain, Raúl Oscar -.- 716.353
Blasi, Héctor Azor -.- 1.179.250
Bonino, Alberto C -.- 435.000
Boullheser, Pedro Armando -.- 900.000
Brigada de Gómez, Josefa D -.- 519.783
Brisoli, Blas -.- 1.138.600
Bustos Fierro, Raúl 52.053 7.780.000
Cámpora, Héctor J. 30.000 2.000.000
Camus, Eloy P 169.684 2.917.445
Cantore, Luis -.- 400.000
Carballido, Dorindo -.- 420.000
Carena, Ezio Armando 40.000 3.363.000
Carena, Roberto Adolfo 100.000 1.344.166
Carreras, Ernesto Augusto 48.000 1.736.600
Conte Grand, José Amadeo -.- 500.000
Correche, Susana -.- 993.044
Cruz, Luis -.- 1.222.000
Cursack, Roberto Enrique -.- 1.157.146
De Rocha, Alejandro J. -.- 410.000
Deker, Rodolfo A. -.- 3.500.000
Degliuomini de Parodi, Delia D. -.- 595.500
Degreef, Juán Ramón 600.000 3.271.000
Deimundo, Antonio 160.000 1.062.000
De Prisco, Guillermo 2.500 429.000
Diskin, David -.- 634.000
Erro, Saturnino S. 20.000 835.000
Espejo de Ramos, Juana Alicia -.- 625.000
Estrada, Ángel C 50.000 512.000
Fernández, Baltasar Sixto 738.698 4.417.400
Flores, Francisco -.- 500.000
García, Manuel Anselmo -.- 1.400.000
Giavarini, Alejandro Bautista -.- 600.000
Gabello, José -.- 500.000
Gomis, Pedro -.- 1.000.000
Herrera, Paulino Bernabé -.- 563.377
Herrera, Ramón Esteban -.- 878.000
Iturbe, Alberto José 3.000 550.000
Juárez, Carlos Artún -.- 1.600.000
Lavia, Ludovico -.- 500.000
López, Pablo -.- 500.000
Lucero, José Raúl 260.000 1.000.000
Luco, Francisco Rafael -.- 426.000
Maldonado Lara, José Marta 85.000 2.043.000
Manguel, Pablo -.- 2.000.000
Martiarena, José Humberto -.- 631.200
Mendiondo, Francisco Daniel 129.797 1.664.000
Montes, Abel -.- 1.105.000
Osinalde, Rafael 4.500 912.146
Parolín, Orlando Ludovico -.- 552.000
Peralta, Ángel Enrique -.- 600.000
Pereyra, Luis Alberto 47.600 643.000
Pericas. Luis 475.000 3.817.200
Pineda de Molins, Hilda Leonor -.- 629.773
Pirani, Antonio Santiago -.- 3.519.263
Presta, José -.- 585.000
Preste, Pascual Nicolás H. 10.800 507.700
Rapela, Raúl Norberto 180.000 900.000
Rocamora, Luis Alberto -.- 545.000
Roche, Luis Armando 1.200 496.000
Rodríguez Gallardo, Alberto -.- 542.500
Ruiz Villasuso, Eduardo Pío 13.000 2.400.000
Rumbo, Eduardo I. -.- 3.400.000
Scatamacchia, Mauricio A. 41.410 4.658.000
Siboldi, Agustín R. 500.000 4.280.000
Silvestre, Adolfo Jorge Bianchi -.- 2.000.000
Sivori, Alberto Dolorino -.- 700.000
Spachessi, Modesto A. E. 58.000 862.500
Teisaire, Alberto -.- 14.000.000
Tejeda, Ramón Washington 18.000 785.000
Tommasi, Victorio M. -.- 716.000
Velloso Colombres, Manuel F. -.- 1.050.000
Vergara, Armando -.- 460.000
Visca, Emilio S. -.- 7.000.000
Xamena, Carlos -.- 508.000
Zamudio, Juan Carlos -.- 1.730.000
Zerega, Oreste Alejandro -.- 416.000
“En la lista precedente no se han indicado los contados ex legisladores que poseían bienes de fortuna, como el ex diputado Leloir, quien habitualmente dedicado a la atención de las tareas agrícola-ganaderas de sus mayores, aparece asociado con dos flamantes importadores (Rotman y Jajan) al solo objeto de introducir al país chapa por valor de 90.000.000 de francos, operación que le dejó a él, por el solo hecho de avalar el permiso, más de $ 200.000 moneda nacional de utilidad.
“Otros caso análogo, con patrimonio anterior a la época de la dictadura (9) es la del ex senador Durand, que acrecentó en forma exorbitante durante su mandato con la acumulación de cuantiosos bienes en el país y en el extranjero. De la caja de seguridad en un banco se esta capital se le secuestró una suma aproximada de $ 3.000.000, la mayor parte en moneda de oro mejicana (su declaración a réditos en 1954 fue de $ 26.926.051,00).
“Entre las situaciones más notorias de ex legisladores que no tenían bienes, y que su fortuna es solo el resultado del calor oficial, pueden comentarse, entre muchos otros, los casos de Benítez, Decker, Manguel y Parodi.
“El ex presidente de la Cámara, doctor Antonio J. Benítez en 1939, al disolverse el estudio jurídico que tenía en sociedad con otras dos personas, le correspondió el 30% de las utilidades, representadas por la suma de $ 900; en la actualidad posee bienes por un total superior a los $ 14.000.000. En la declaración que el nombrado presenta ante la Comisión, ocultó la existencia de una caja de seguridad, de la que es titular en el Banco Industrial Argentino, en cuyo interior guardaba la suma de $ 47.000, en efectivo.
“Rodolfo Decker, en el año 1948 ocupa una banca en la Cámara, a la que ingresa sólo con el título de abogado, profesión en la que nunca tuvo éxito.
“Creada la Comisión Investigadora Bicameral presidida por Visca, él ocupa la secretaría de la misma. Y de ahí arranca su carrera para la adquisición de bienes; rápidamente se cuenta bancaria, que había sido nula, adquiere estuvo de preñez. Se instala con dos estudios jurídicos, como corresponde a su notoria gravitación en las esferas oficiales por su actuación en la Comisión Investigadora y el cargo de presidente del bloque peronista.
“Hoy es hombre de cuantiosa fortuna, que por su situación de prófugo, no ha sido posible investigar a fondo, pero se puede calcular en $ 3.500.000 y otra suma muy aproximada tiene su hermano Carlos que fue secretario de la Cámara de Diputados.
“El ex legislador Pablo Manguel, al iniciar su actuación en la vida pública en 1943, carecía totalmente de bienes al igual que su familia.
De la investigación efectuada en su patrimonio por la Comisión se comprobó que en la actualidad tiene en efectivo la suma de $ 2.000.000, una propiedad ubicada en Belgrano, cuyo valor de tasación se ignora, amueblada a todo lujo. No podía faltar en dicha propiedad la bodega, símbolo del nuevo rico peronista, en la que se encontraban los más costosos vinos y licores importados.
“Delia Degliuomini de Parodi, antes del 4 de junio de 1943 percibía $170, como empleada de una compañía, no poseyendo bienes. A la fecha (10) es propietaria de una lujosa residencia en Don Torcuato, con pileta de natación; un departamento en Capital, dos automóviles “Fiat 1900” y “Oldsmobile 1955” –aparte de las órdenes revendidas (11)-, terrenos en la ciudad de Mar del Plata y Barranca de los Lobos, acciones de “Atanor”, depósitos en bancos, aparatos de televisión, tapados de nutria y Astrakán, habiendo recibido en calidad de obsequio de la extinta Eva Perón una estola de visón. Nunca se consideró obligada a pagar réditos.
“En el rubro de las órdenes de automóviles, se verifica que 281 legisladores reciben 649 órdenes para retirar automóviles con privilegio de pagarlos al precio de lista. No se han sumado a este cómputo los que obtuvieron como consecuencia de las misiones oficiales con que periódicamente y con cualquier pretexto salían hacia el exterior para agenciarse además “divisas fuertes”, introducir contrabando o, cuando menos, la conocida nómina de enseres electrónicos.
“La reventa de las mencionadas órdenes de automóviles dejó distintos márgenes de ganancia según las épocas y las marcas o modelos de coches. Esa utilidad osciló entre los $ 60.000 y 110.000 por unidad, lo que permite efectuar el siguiente cálculo sin temor a equivocarse: 649 órdenes de automóviles, negociadas a un promedio de $ 80.000 de beneficio por cada una $ 51.920.000.
Es de hacer notar que de las órdenes recibidas 512 fueron de inmediato convertidas en dinero, unas en el mismo recinto legislativo, otras en los pasillos del Congreso u organizaciones formadas con ese fin, y el resto en agencias o a particulares. Solo 137 se utilizaron para adquirir los automotores algunos de los cuales aún conservan y otros fueron vendidos tiempo después. Este estado de cosas se agrava por el hecho de que los legisladores no fueron agraciados a título personal o por razones particulares o especiales de algunos de sus miembros, sino en forma masiva, en función de poder legislativo con la expresa indicación de constituir un obsequio del presidente de la República, que se distribuía en unos casos por los titulares de las Cámaras y en otros por el encargado de la residencia presidencial, señor Atilio Renzi.
“Los legisladores peronistas, como se ha visto, en su mayoría insolventes encontraron en las instituciones del sistema bancario oficial el aliado presto a despachar aceleradamente las financiaciones que necesitaban. Vemos cómo obtuvieron del Estado 423 créditos que totalizaban la importante suma de pesos 33.997.140 sin contar la gran cantidad que fueron omitidos en las declaraciones, y otra no inferior tramitada a favor de parientes y amigos.
El justicialismo peronista, en esta materia crediticia como en todo, no es más que la política del privilegio en usufructo de los jerarcas, de sus familiares y de los incondicionales de la dictadura (12).
Para una mejor estimación de las cifras y promedios que anteceden, téngase presente que 40 legisladores no declararon por distintas causas y no se conocen sus bienes; como asimismo que 70 ingresaron en mayo del corriente año (13), los cuales carecen casi de actuación parlamentaria y cuyo vacío haber patrimonial no pudo en tres meses sufrir modificaciones porque, tomando las propias y expresivas palabras pronunciadas ante la comisión por un legislador. “en tan pocos meses no hubo tiempo para nada.”
Los legisladores provinciales
En el órden provincial acontecía lo mismo que en el nacional.
Demasiado extenso sería este capítulo si nos referimos a cada Legislatura. Bastará, para no abrumar al lector con excesivos detalles, que mencionaremos solo una: la de la provincia de Buenos Aires en su actuación desde 1952, época en que se operó el verdadero avasallamiento de las facultades legislativas por el Poder Ejecutivo de ese Estado.
El julio de 1953, el gobernador Aloé –ese “cuenta porotos”, según lo calificaba su correligionario el general Albariño- afirmó que en el país no existía otro gobernante que el presidente Perón y que todos los demás, lo mismo que los legisladores y jueces, no eran sino sus representantes. Aunque expresó posteriormente que había formulado tan peregrina manifestación en “un momento de exaltación política”, tanto él como la gente menos culta de su partido lo creían sin la menor perplejidad.
Los legisladores del peronismo se redujeron, por lo tanto, a ser meros ejecutores de las órdenes que recibían de quienes consideraban sus amos. Entre éstos se contaban los miembros del llamado “comando táctico” del movimiento peronista, presidido por el gobernador e integrado por delegados de la CGT y de las dos ramas del partido oficial “Su acción fue tan excluyente –dice la Comisión Investigadora de la Legislatura bonaerense- que los legisladores oficialistas, temerosos de que sus iniciativas pudieran no contar con la aquiescencia de tales organismos, se abstuvieron de presentarlas y optaron por una conducta de total inoperancia en materia legislativa. A partir del periodo 949 (1950-1951) esta anomalía adquirió características definitivas, para llegar al período 98ª (1954-1955), en el cual se ha establecido que sobre 76 leyes sancionadas, 75 correspondieron a iniciativas del Poder Ejecutivo, lo que hace un 98,89 porciento, y solamente una de origen legislativo, que representa el 1.3 por ciento. Este ínfimo porcentaje constituyó la libertad legislativa de los oficialistas, que todavía fue dedicada a homenajes al presidente y a su esposa.
A este respecto –añade la comisión referida- se llegó a extremos inconcebibles, a una verdadera competencia para lograr la adulación más extrema. Era menester que cada legislador oficialista evidenciara su obsecuencia de la manera más insólita. Para lograrlo se comparó a la pareja gobernante con las figuras próceres de nuestra historia. En esa carrera por la obtención de la marca más singular, en pleno recinto llegó a decirse que la esposa del presidente “era Dios mismo” y que había sido llevada al cielo “para purificar el paraíso”.
Con respecto a las renuncias en blanco y a las cartas de forzada confesión de una inconducta partidaria inexistente, tendríamos que repetir aquí lo ya dicho acerca de los legisladores nacionales. No lo hacemos. Pero debemos dar los nombres de los legisladores que así lo han declarado. Son estos: Alberto Albanesi, Juan A. Argüello, Alberto Asenjo, Aimar Balbi, Luis A. Barba, María L. Barone, Eduardo Baylet, C. Belletti, R. C. Bereilh, F. Beverati, A. Brandoni, Lidia Juana Burgueño de Viera, M. B. Cárdenas, E. Carosella, B. Costa, J. Faranna, Juan Fernández, H. J. Ferrara de Pardo, L- F. Filippi, F. Fraccia. J. V. Fulco de Bellegitti, V. A. Gaitán, A. M. Galeano, Justo García, A. N. Giordano, T. Gómez, R. Groves, A. Ijurco, E. Juárez de Cigliutti, Juan Martínez, J. Médico de Lucagnoni, L. J. Montero, M. L. Montesano de Melichio, A. A. Nicolini, V. Palazzo, I. Piaggi, E. Pizzorno, M. L. Pizzuto de Rivero, E. Poli, P. P. Rivas, D. Rocca, J. E. Salvo, B. Santos, C. D. Semería de Acuto. Extensa lista, sin duda, pero necesaria para evidenciar la verdad de los hechos y la abundancia de la prueba testimonial.
Se forzó a los legisladores a optar por la fórmula laica del juramento, aunque contrariaran sus creencias religiosas, como también a cambiar el nombre de la ciudad de La Plata por el de Eva Perón, aunque violentaran sus convicciones históricas y sentimentales.
Con referencia a la idoneidad de los legisladores, se hizo en la provincia de Buenos Aires lo que se practicó en todo el país: una selección invertida de valores. “Hombres y mujeres que nunca habían leído la Constitución Nacional ni la provincial, que desconocían lo que es un régimen de gobierno constituido en base a la armonía de poderes, fueron llamados por el peronismo a integrar el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires.”
A las Cámaras llegaban los proyectos de ley remitidos por el gobernador Aloé junto con los antecedentes del asunto y los discursos que debían leer los legisladores en apoyo de los mismos. Muchos de ellos confesaron que el leer al discurso se enteraron por primera vez de lo que estaban tratando. “Cuando el asunto era más complejo se elegía –al parecer con un sentido grotesco del humor- a los legisladores menos preparados. Cuando se consideró el proyecto por el que se solicitaba la intervención al Poder Judicial, obligaron a leer sobre el tema a personas que apenas sabían hacerlo. Fue así cómo se vieron en figurillas cuando tenían que citar a tratadistas extranjeros cuyos nombres veían escritos por primera vez en sus vidas. Al tratarse el despacho en el proyecto sobre creación del Instituto Inversor de Cambios, asunto por demás complejo y para cuyo conocimiento era menester realizar un prolijo estudio, usaron de la palabra personas que desconocían en forma total el problema y que repitieron lo que los dirigentes de la política oficial les habían señalado. Así lo confesó ante la Comisión Investigadora el ex legislador Orsi, que intervino oportunamente en dicho debate.”
Con respecto al enriquecimiento de los legisladores bonaerenses dice el informe de la Comisión Investigadora: ·En pocos años se formaron enormes patrimonios. Favorecidos por el uso ilimitado del crédito bancario oficial otorgado oportunamente –en momentos en que se lo negaba al pequeño ahorrista para la construcción de la vivienda propia,- implicados en negociados de todos los elementos críticos del mercado nacional, favorecidos con dádivas de toda naturaleza, produjeron el surgimiento de una neo oligarquía que monopolizó las actividades comerciales e industriales. La entrega de órdenes para la provisión de coches importados, es una de las más crudas de la inmoralidad reinante. En el período 1952-1955 sólo un legislador no se benefició con la venta o adjudicación de coches, y ello porque ignoraba cómo tenía que proceder en la emergencia. Un gran porcentaje logró dos, tres o más órdenes cuya negociación les permitió obtener el capital necesario para lanzarse a mayores especulaciones.”
Basta lo transcripto para tener clara idea de lo que fue esa Legislatura, ni peor ni mejor que las restantes del país durante el gobierno dictatorial. Pero aún debemos mencionar algo. El libro de actas del bloque de senadores peronistas contiene en su página 40 esta constancia: “Comunica la presidencia (ejercida por José Campano) que si la minoría solicita rendir homenaje a la Constitución del 53 y al Himno Nacional, cuyos aniversarios se han cumplido en fechas próximas pasadas, se han preparado sendos discursos para que el bloque peronista conteste a los radicales. Si los radicales no solicitan dichos homenajes, éstos no han de rendirse.”
En tales palabras se sintetiza, no diremos el pensamiento porque sería excesivo, pero sí la actitud del peronismo con respecto a nuestra tradición histórica, y a la vez el sometimiento de los legisladores del partido oficial.
NOTAS:
(1) J. N. Matienzo: El gobierno representativo federal en la República Argentina 2ª edición, página 179.
(2) (nota del transcriptor) se refiere a la de Perón.
(3) (nota del transcriptor) En el Libro del tirano Perón “Conducción Política” - Presidencia de la Nación – Subsecretaría de informaciones – Buenos Ares año 1958, hay un retrato del autor (como en todo libro del dictador) que tiene ese título que le dio el congreso de “libertador de la República” al tiempo que a “la Señora” el de “Jefa espiritual de la Nación” como una forma más de la obsecuencia de los legisladores peronistas.
(4) (nota del transcriptor) Juan Manuel de Rosas.
(5) (nota del transcriptor) Presidente de la Cámara de Diputados, se aclara porque después lo será de la Nación en lo que fue una de las presidencias mas desastrosas de la República con la liberación de todos los terroristas que habiendo sido juzgados y condenados en democracia liberó –incluso antes de firmar el indulto- al solo efecto de que ajusticiaran a los jueces que los condenaron y a seguir cometiendo actos de terrorismo durante la década del ’70. Luego, no se encontraron jueces dispuestos a juzgar a estos terroristas por temor a sufrir represarías por –llegado el caso- condenarlos, eso hará que, el gobierno de esos años, tomara las medidas que son conocidas por todos.
(6) (nota del transcriptor) Se trata de aquellos que procedía de la C.G.T.; La Confederación General del Trabajo.
(7) Declaración de Delia D. Degliuomini de Parodi en expediente 22.043 – N – 56; Comisión 43, fs. 12. Lo mismo han declarado Hilda Pineda de Molina y Américo Pedro Bardell (fs. 13 y 15 del expediente antedicho).
(8) Declaración de Atilio Renzi en expediente citado, fs. 10 y 11.
(9) (nota del transcriptor) se refiere a la de Perón.
(10) (nota del transcriptor) hablamos de 1955.
(11) (nota del transcriptor) Los automóviles se importaban con la condición de darle al gobierno una cantidad de autos a precio de costo para que los distribuyeran entre ciertos beneficiarios. Los de venta al público, por lo tanto eran mucho más caros. Los legisladores como otros integrantes del gobierno peronista, obtenían esas órdenes de venta a precio de costo, y luego de obtener el automóvil, lo vendían a precio de mercado sacando una gran diferencia con este proceder al menos inmoral.
(12) (nota del transcriptor) Se refiere a la peronista de 1943/46 a 1955.
(13) (nota del transcriptor) 1955.
FUENTE
(*) Libro Negro de la Segunda Tiranía – Ley 14.988 – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de La Nación - Buenos Aires 1958 – Páginas 68 a 83.
(*) Libro Negro de la Segunda Tiranía – Ley 14.988 – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de La Nación - Buenos Aires 1958 – Páginas 68 a 83.
